El nuevo rol del Estado: levantar el velo de la contingencia

La crisis actual de la elite política y empresarial puso una cortina de humo sobre el camino que el Gobierno de la Presidenta Bachelet trazó a favor de un crecimiento basado en la reducción de la desigualdad, impulsando las reformas a la educación, al sistema tributario, al mercado laboral y a la Constitución. Aunque con tropiezos en su implementación y algunas aún en pañales, estas reformas planteadas en respuesta a las demandas ciudadanas de los últimos años, intentan equilibrar el peso entre lo privado y lo público. Para ello fortalecen el papel del Estado en la economía, pieza clave y fundamental para redefinir el sendero del crecimiento futuro de Chile. Lamentablemente, la crisis actual pone piedras a diestra y siniestra, con lo que algunos personeros del mismo oficialismo se olvidan hacia dónde va el Gobierno.
El fortalecimiento del papel del Estado lleva también a pensar en una reforma constitucional que permita pasar de un Estado subsidiario a un Estado proactivo y agente empresarial. Ello no es posible en el marco constitucional de 1980: el artículo 19 N° 21 “sobre el orden público y económico” impone la subsidiariedad del Estado, restringiendo su capacidad para regular y desarrollar actividades económicas. Las intervenciones del Estado son interpretadas como distorsiones de las reglas objetivas y neutrales que impone el mercado.
Por un rol del Estado proactivo y empresarial en una Constitución reformada
Que Chile fortalezca el papel del Estado no genera gran discusión, es obvio que debemos tener instituciones con reglas del juego claras, con poder y recursos para hacerlas cumplir. El caso del Servel y el financiamiento de la política es un ejemplo de ello. Pero el Estado también debe tener un rol proactivo en la economía y, para asombro de muchos, ello fue posible en el período 1986-1989 tras el objetivo de salvar la economía de mercado, arrasada por la crisis de la deuda externa. El Estado intervino para fortalecer el sector privado y reestructurar los grupos económicos devastados por la crisis: se procedió al salvataje de los bancos, lo que hizo pagar a todo Chile los resultados de sus excesos; se generaron instrumentos de dudosa legalidad y legitimidad para incentivar una nueva ronda de privatizaciones –madre de la acumulación originaria de los actuales grupos económicos–;  se incorporaron las AFP a la inversión en bonos y acciones de grandes empresas privadas –el mentado capitalismo laboral del que los trabajadores poco se beneficiaron–;  se crearon incentivos a las exportaciones y otros. La memoria nos juega malas pasadas al olvidar la acción proactiva y sin complejos del Estado, pero bajo una ideología neoliberal.
¿Y si la dictadura intervino en los mercados en plena construcción del modelo neoliberal para favorecer a una minoría –los grupos económicos que concentran abiertamente el poder económico–, por qué un Gobierno progresista no podría apoyarse en un Estado proactivo para volver a crecer en forma sustentable beneficiando al resto de los ciudadanos?
El modelo económico primario exportador y rentista generado entonces, cumplió su ciclo. Esto se deduce si consideramos que la estructura productiva no ha cambiado en los últimos 30 años y que hoy, al igual que ayer, el país sigue totalmente dependiente de los recursos naturales. O si tenemos en cuenta que la productividad total de factores (PTF), en la última década, no alcanzó nunca el promedio de 1992-1997, momento peak del modelo de crecimiento. Por otra parte, sabemos que la productividad tiene que ver con la capacidad de crear y de innovar, sin embargo, durante el Gobierno del Presidente Piñera, con una política totalmente orientada a la iniciativa privada y al “emprendimiento”, según el Índice Global de Innovación, el país retrocedió respecto de su ubicación en 2009, al punto que se ha señalado que Chile está perdiendo liderazgo en el ámbito de América Latina.
El papel del Estado en la economía del conocimiento
Obviamente nadie piensa que el papel del Estado en el siglo XXI es el de los años 50 y 60 del siglo pasado. Se debe tener en cuenta lo que están haciendo países que vienen creciendo dinámicamente, que han logrado aumentar su participación en el mercado mundial, incrementando el ingreso per cápita y reduciendo la desigualdad. Los países asiáticos están en este camino, con un Estado proactivo en diversas áreas y sobre todo respecto de la innovación. Pero no solo ellos. Para promover la innovación y la economía del conocimiento, en Estados Unidos, Inglaterra, Finlandia o Israel, el Estado invierte directamente miles de millones de dólares en investigación básica y aplicada, cuyos resultados son “las materias primas” para el sector privado,  permitiéndole a este generar y luego comercializar en el mercado internacional nuevos productos y servicios. El Estado es inversor estratégico en áreas determinadas, por ejemplo, a través de redes descentralizadas de instituciones públicas (el caso de los EE.UU.), o bien destinando recursos a fondos públicos de capitales de riesgo (Israel), o a fondos públicos de inversión que apoyan la creación y formación de nuevos mercados (Finlandia).
Esto nos muestra que existen múltiples formas de intervención directa del Estado en la economía, justamente para generar las plataformas de desarrollo de nuevos mercados en circunstancias que el riesgo involucrado paraliza al inversionista privado. ¿Por qué no pensar que en Chile el Estado pueda asumir también esta tarea, creando las condiciones para innovar por ejemplo en robótica, nuevos materiales, energías renovables, procesos productivos sustentables, en apoyo y fomento de la iniciativa de empresarios innovadores y permitiendo subir al país al carro de una economía del conocimiento?
Como bien lo señala  la economista británica y profesora en la Universidad de Sussex, Mariana Mazzucato, autora de The Entrepreneurial State, no basta con los ingresos tributarios para impulsar una nueva dinámica en la innovación y en el crecimiento –menos en el caso de Chile, con una tan baja tasa de tributación–. Se habla de una alianza público-privada de nuevo tipo, pero no impidiendo que en ella el Estado quede siempre con la peor parte, al socializar los riesgos y privatizar las ganancias.
Es por eso que pensamos que levantando el velo de la contingencia es posible vislumbrar la intervención del Estado en la actividad económica, como una bandera que deberá en un futuro no muy lejano ser izada junto a las cuatro reformas que intenta empujar el actual Gobierno de la Presidenta Bachelet.
¿Y si la dictadura intervino en los mercados en plena construcción del modelo neoliberal para favorecer a una minoría –los grupos económicos que concentran abiertamente el poder económico–, por qué un gobierno progresista no podría apoyarse en un Estado proactivo para volver a crecer en forma sustentable beneficiando al resto de los ciudadanos?
– La autora, Graciela Moguillansky, es Economista. Especialista en temas de desarrollo productivo, competitividad e innovación. Su sitio es https://sites.google.com/site/gracielamoguillansky/
*Fuente: El Mostrador