Verdaderas razones del rechazo ciudadano al gobierno de Michelle Bachelet 

                No es extraño que a ocho meses de gobierno la aprobación a la Presidenta Bachelet haya llegado a un 45%, y la desaprobación a un 48% y, la adhesión al gobierno sea aún menor, con un 42% y 51% respectivamente. En la historia política de Chile ha ocurrido muchas veces que gobiernos que comienzan con un gran apoyo ciudadano, al poco andar de su gestión, lo van disminuyendo: es el caso de Carlos Ibáñez del Campo, de Eduardo Frei Montalva y el de la misma Presidenta Bachelet en su primer período. En las democracias bancarias, en crisis de representación y legitimidad, este deterioro se acelera; veamos dos ejemplos actuales: el del Presidente francés, Francois Hollande que, del 50%, ha bajado al 12% o 13% de apoyo popular, y el de Barack Obama, que en las recientes elecciones legislativas sufrió una derrota catastrófica al perder su partido el Demócrata, las dos ramas del Congreso – senadores y representantes -.

La desafección ciudadana al gobierno de Bachelet no se debe solamente a que sus ministros sean flojos o ineficientes – un cambio de gabinete, como lo hizo en su primer gobierno, no sería ninguna solución -, tampoco se trata de que los secretarios de Estado dejen sus cómodos escritorios para ir a las regiones y poblaciones para dar a conocer la “buena nueva del mensaje evangélico” contenido en el programa de gobierno; que obispos pasen a ser misioneros a fin de reencantar a la gente, pues el problema es mucho más profundo.

Los déspotas ilustrados del bacheletismo, sintiéndose triunfadores y que creían haber detenido la rueda de la historia – algo que le ha ocurrido a muchas combinaciones políticas exitosas – creyeron haber aplastado, fácilmente, a sus enemigos, hecho que se ha dado muchas veces en la historia: por ejemplo, con motivo de la celebración del triunfo de Frei Montalva, en 1964, Radomiro Tomic pronosticó 30 años de gobierno de la Democracia Cristiana, pero sólo le alcanzó para uno. En el caso actual, el gobierno de Michelle Bachelet fue incapaz de visualizar el poder de los enemigos de las reformas propuestas para desarrollar lo que ella misma llamó “la campaña del terror” para ganar a un grupo de pequeños empresarios y sectores de capas medias que, lógicamente, debieran estar a favor de la reforma tributaria y, sobre todo, de la educacional. Hay que reconocer que, en este plano, el gobierno perdió la batalla por la hegemonía cultural y por el sentido común gramsciano. El “queremos pagar” es un buen titular para ilustrar esta batalla perdida por la Nueva Mayoría.

La Nueva Mayoría adoptó el camino tecnocrático del despotismo ilustrado, dejando de lado lo que podría haber constituido su gran capital: los movimientos sociales que, en 2011, jugaron un papel tan importante. Pocas veces se ha visto un gobierno tan carente de apoyo ciudadano como el de la Nueva Mayoría, por ejemplo, cuesta entender cómo una combinación que incluye el Partido Comunista se haya mostrado tan inhábil respecto de organizaciones sindicales, como la CUT y el Colegio de Profesores – este último, en plena movilización contra el Ministerio de Educación, lo cual es un absurdo.

Lo normal en una democracia – que no fuera sorda, muda, ciega y coja – sería que, al perder puntos el gobierno, fueran ganados por la oposición, pero en este bendito país no ocurre nada de eso: la Alianza tiene el 66% de rechazo y, apenas, un 22% de aprobación; la Nueva Mayoría cuenta con un55% de rechazo y un 33% de apoyo. En la encuesta UDP aparecía, en ese mismo día, el Congreso cuenta un 6,4% de apoyo ciudadano; el movimiento estudiantil, con un 43% de la confianza ciudadana; los sindicatos, con un 18,9%.

La Presidenta, pienso, no alcanza a vislumbrar que la crisis de credibilidad, representación y legitimidad, en vez de amainar, se ha radicalizado en estos comienzos de su segundo período de mandato, y la resultante es que cada día se radicaliza más el absurdo de una democracia sin ciudadanos que, al final, puede llevarnos a un nivel de participación equivalente a un tercio del universo electoral, a presidentes de la república que pueden representar un magro 10% y parlamentarios entre un 5% y un 6%, es decir, instituciones deslegitimadas, sin ninguna representatividad, lo cual nos llevaría a un seudo-democracia de castas, que puede pervivir sólo gracias a la indiferencia ciudadana, hasta que un líder carismático ponga fin a esta historia. Es momento ha llegado de refundar la república.

06/11/2014