Por un Chile Vivo

A pesar de todo el discurso descentralizador del último tiempo, Chile es hoy, un estado más centralizado que nunca como resultado de la concentración poblacional y económica en el centro del país, lo cual encuentra su mayor fundamento en la concentrada y centralizada estructura política del país.

La constitución política, con su excesivo presidencialismo, la educación superior, el régimen tributario, entre otros, son piedras angulares sobre la cual se construye una estructura de poder político caracterizado por el elitismo y la exclusión. Partidos políticos, parlamento y gobierno constituyen una trilogía de poder que refuerza el estado centralizado. Por tanto, el problema de un estado centralizador radica fundamentalmente en un poder político centralizado y de manera secundaria en la estructura administrativa y regional.

El denominado proceso de regionalización o “ajuste regional”, como lo denominó la dictadura el año 1974, estableció nuevas normas que según ellos descentralizaría el país. Pero lo que se buscaba era, por un lado facilitar la plena operación de un modelo económico basado en la libertad de precios de un mercado desregulado, y por otro, posibilitar un mejor control político y militar en el territorio regional, particularmente, en las zonas extremas. La desconcentración y la descentralización se pensó desde y para beneficio del centro político.

La naturaleza y los problemas emergentes propios de un mundo moderno y globalizado nos han enseñado en los últimos años que esa lógica “descentralizadora” no es eficiente. Los movimientos regionalistas y sus expresiones sociales y de protestas por falta de conectividad, infraestructura en salud, energía, etc. demuestran que las expectativas en ese modelo centralista para pensar la descentralización se ha agotado.

Debemos avanzar hacia un estado regionalizado, donde los gobiernos regionales dejen de ser meros administradores regionales, donde el intendente deje de ser designado de acuerdo a las componendas y cuotas de partidos con el gobierno central. Donde la región tenga mayor incidencia en la designación de los recursos presupuestario, no como ahora, donde solo pueden resolver sobre los fondos de decisión regional, los que no llegan a más del 20% de la inversión regional. El gobierno regional hoy no tiene ninguna incidencia en la formulación de políticas públicas que se realizan en la región. Su denominación de Gobierno es solo anecdótica al no contar con ningún poder real.

Los gabinetes regionales son prolongación de los respectivos ministerios o servicios nacionales. Lo que podía haber sido una esperanza para la construcción de políticas sectoriales territoriales se trasformó en una vergonzosa dependencia burocrática, ideológica y técnica de organismos nacionales. Incluso instrumentos innovadores de planificación sectorial y presupuestaria han perdido toda eficacia y sustancia participativa en la formulación de políticas públicas regionales.

La dependencia política de las autoridades regionales tanto del gobierno central como de poderes facticos al interior de los conglomerados políticos han sido un factor de profunda corrupción tanto de la función de los servidores públicos como de sus capacidades profesionales. De esta manera se ha acentuado el servilismo a las autoridades máximas regionales y nacionales, perdiendo con esto toda independencia profesional, distorsionando en esencia el sentido de servicio del aparato público.

Los organismos creados para, supuestamente, apoyar y orientar el crecimiento regional se han convertido en simples agencias territoriales de asignación de recursos para proyectos y líneas de desarrollo concebidas, diseñadas y administradas desde le nivel central. La política pública en las regiones se pude resumir en una sola frase “licitación de proyectos”.

Chile y sus regiones requieren de la construcción de un poder político regional elegido plenamente por la ciudadanía. Por ello, hay que acoger las propuestas de la Asociación de consejeros regionales, que son los verdaderos parlamentarios de regiones, que se refieren a mejorar su dieta, las condiciones materiales de trabajo y que se reconozcan sus derechos sociales. Lo que las regiones del país hoy requieren no es solo traspaso de competencias sino que generación de competencias propias acordes a sus intereses, agentes y realidades regionales. En tal sentido, las regiones del norte, por ejemplo, requieren de un fondo autónomo de desarrollo regional cuyos recursos provengan del 100% del impuesto al royalty minero, el 50% del impuesto a la renta, el 50% de la recaudación del IVA y en el caso particular de Tarapacá, hacer de la Zofri una empresa regional, tal cual lo propuso el Programa regional de Michelle Bachelet. Para hablar de descentralización política debemos referirnos a la descentralización fiscal, sin ella la primera es un simple gatopardismo centralista. La autonomía fiscal y administrativa a nivel regional tiende a la promoción de políticas públicas más innovadoras en sus respectivos ámbitos de competencia.

Las decisiones sobre el cauce del desarrollo económico regional deben considerar el encadenamiento productivo de sus habitantes y la defensa del medio ambiente. Debemos terminar con al absolutismo centralista que borra en una mesa y en cuatro paredes las decisiones en pos de mayor sustentabilidad regional por una que avasalla la naturaleza y la calidad de vida de los habitantes de las regiones.

Requerimos con urgencia un sistema de gobernanza multinivel no solo visto desde el punto de vista de la administración. Las regiones queremos ir más allá, queremos autonomía, desarrollo, equidad y un justo equilibrio fiscal. Necesitamos un modelo de país más cooperativo que impositivo. Cooperación entre las regiones harán un mejor país para todos sus habitantes.

No más termoeléctricas rechazadas en regiones y aprobadas en Santiago, no más proyectos mineros que hipotecan la vida y que rechazados en regiones son salvados en Santiago, no más autoridades designadas, Chile dejo de ser capitanía general hace mucho tiempo, Chile no es una adhesión de regimientos, Chile está lleno de regiones vivas, con personas creativas que quieren vivir en justicia con lo que su territorio les ha dado, Un Chile vivo es un Chile autonómico, donde el poder regional se debe abrir paso.