Condenados injustamente como terroristas, mapuches exigen que el Estado cumpla reparación

06.08.2014
Miembros del pueblo indígena mapuche, situado en la región del centro-sur chileno, afectados por la aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista en el país y por la violación de sus derechos durante el proceso judicial en el Tribunal Internacional, solicitan que el Gobierno de Chile pida perdón públicamente a las personas acusadas injustamente y a sus familias. Destacan la falla del Estado y quieren la garantía de que el Poder Público no continúe criminalizando la protesta social de las comunidades.

En total, fueron siete los indígenas condenados en 2003: Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán y Juan Ciriaco Millacheo Licán, además de la activista Patricia Troncoso Robles.

Los mapuches fueron procesados por hechos ocurridos en 2001 y 2002 en las regiones de Biobío y Araucanía, por los delitos de «amenaza de incendio terrorista”, «incendio terrorista” y «conducta terrorista”. Las penas aplicadas oscilaron entre cinco y diez años de prisión.

El último 28 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra los siete indígenas y la activista. La CIDH condenó al gobierno por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley de las víctimas.

Ahora, el gobierno de la presidente Michelle Bachelet tiene un año para cumplir todo lo dispuesto por el Tribunal, incluyendo la revocación de las condenas, reparación económica a las víctimas (que consiste en 50 mil dólares para cada uno por daños materiales e inmateriales y cerca de 100 mil dólares por costos y gastos del proceso) y apoyo psicológico a las familias involucradas en el caso. La sentencia es obligatoria para el Estado e inapelable.

Además, el Estado chileno debe suprimir antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales que existan contra las ocho víctimas del caso, así como anular su inscripción en cualquier tipo de registro nacional o internacional que los vincule con actos de carácter terrorista.

Entre los condenados están Juan Pichun y Pascual Pichun, que fueron sentenciados a cumplir la pena de cinco años y un día de prisión, en régimen cerrado, por supuesto delito de amenaza de incendio terrorista. El primero de ellos murió el año pasado dentro de la prisión, sin llegar a conocer la resolución que reconoce su inocencia, señalando la sentencia anterior como violadora de sus derechos e injusta.

«Estamos en un tiempo histórico para nuestra comunidad y el pueblo mapuche. Ahora el Estado ha sido condenado, y mi padre esperó toda su vida explicaciones por este hecho. Él fue el primero al que se condenó por incendio -a una propiedad de Agustín Figueroa- bajo esta cuestionada ley, y nunca supo por qué se le aplicó”, relata Juan. Según él, Pascual Pichun siempre pidió explicaciones al Estado sobre la acusación en su contra, sin ningún resultado.

«Hoy la Corte Interamericana le dio la razón a él y a los abogados que se dieron a la labor de defenderlo. Es por esto una alegría encontrada, pues hubiéramos querido que nuestro padre estuviera aquí”, lamentó Juan, visiblemente conmovido, durante una entrevista de prensa el último 31 de julio, en la oficina del Observatorio Ciudadano, en la ciudad de Temuco (Provincia de Cautín).

Historial de los conflictos

El conflicto social de los mapuches con el Estado de Chile se desarrolló en los últimos 15 años, siendo las principales cuestiones: el derecho a tierras, la construcción de carreteras en territorio mapuche, la instalación de proyectos de infraestructura energética en la región y embates con empresas forestales. Esos temas ya llevaron a miembros de la comunidad indígena a sufrir torturas y maltratos por parte de las fuerzas policiales, llegando a ser detenidos por el Estado y a hacer huelgas de hambre prolongadas en señal de protesta.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

*Fuente: Adital