Terminemos con la Constitución de Pinochet

El miedo a la Constituyente mueve el piso de los parlamentarios de la concertación conservadora y de la derecha, al menos hoy día son claros y expresan que están dispuestos a defender que para ellos el Poder Constituyente radica en el parlamento y no en la soberanía del pueblo, según ellos éste ultimo solo está para votar y no para tomar decisiones. Andrés Zaldívar, uno de sus principales exponentes del conservadurismo concertacionista así lo ratifica, «Personalmente soy claro, el Poder Constituyente está en el Parlamento y no está en una Asamblea Constituyente”.

Estos señores desconocen que el Poder Constituyente ( fue Rousseau el padre del concepto ) se basa en la teoría de la voluntad general y en la importancia de la soberanía popular. Con ello desconocen el valor de la democracia directa ejercida por el soberano, el pueblo o cuerpo político de la sociedad, en su lugar se auto designan como capacitados para tomar decisiones por todos nosotros, aún en contra de nuestra voluntad, que mayoritariamente hoy se expresa por una Asamblea Constituyente y por el cambio de la Constitución.

Quiéranlo o no reconocer, la doctrina del Poder Constituyente ( que es una síntesis de la doctrina deRousseau de la soberanía del pueblo y de la concepción de Montesquieu de la separación de poderes), es quien expresa la soberanía nacional y quien establece la Constitución. Es la doctrina del Poder Constituyente quien posibilita a la Asamblea Constituyente para ejercer un poder tal como la nación quiera dárselo, confiando a los representantes extraordinarios los poderes necesarios en tales ocasiones, los cuales, puestos en lugar de la nación, ejercen la potestad de establecer la Constitución.

Este es el camino que los chilenos (as) estamos dispuestos a recorrer, uno en el cual y una vez terminada dicha obra, cuyo producto es la Constitución, el Poder Constituyente cesa y surgen los poderes constituidos que sustentan su actuación en su previsión constitucional. Esa es la forma en que surge la separación nítida entre Poder Constituyente y poderes constituidos o instituidos por la Constitución y subordinados a la misma, no de manera autoritaria y designados como lo estipula la Constitución actual.

Obviamente que esta concepción originaria del Poder Constituyente asusta a quienes ya llevan casi treinta años atornillados en el poder, administrando un sistema político y económico creado a sangre y fuego por la dictadura cívico militar y que han administrado de forma sobresaliente. No aceptan la opción de un Constituyente amparados en el engendro Constitucional creado por Jaime Guzmán, el que se basa en el poder originario fundacional del Estado chileno que emana de la dictadura y que regula el ejercicio de la potestad para reformar la Carta fundamental, haciendo que todas las reformas, como ha sucedido hasta ahora, sean para perfeccionarla.

Para el ideólogo de la ultra derecha “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario”.

De esta manera la Constitución actual establece cuales son los órganos titulares del Poder Constituyente (derivado) y determina quienes participan de la potestad constituyente instituida, que tienen iniciativa de reforma constitucional, los cuales son: el presidente de la República y los parlamentarios, diputados o senadores. En este engendro autoritario, el constituyente actual, en este caso el Senador conservador concertacionista, no le reconoce iniciativa en esta materia al pueblo, o a otros órganos constitucionales, como se establece en diversos otros ordenamientos constitucionales en el mundo democrático.

El poder gira y se cambia por arriba, es un juego de elites, que se sirven de un sistema electoral que produce una división entre el poder político y la ciudadanía. Un sistema que permite elegir entre los candidatos de los dos grandes bloques de la política chilena, lo que se traduce en una falta de participación y representatividad, donde la gente siente cada vez mas que su voto no tiene importancia.

Hoy la meta de la mayoría de los chilenos (as) es cambiar la Constitución y todo este sistema político antidemocrático, para sentar las bases de una economía mas justa, terminando con la desigualdad social que alimenta el subdesarrollo. Lo que se constituye además en una respuesta cualitativa a la crisis institucional y a una demanda amplia por derechos económicos, sociales y políticos conculcados en la Constitución actual.

El modelo de democracia establecido por la Constitución ( vigente ) de 1980, ya no puede hacer frente a los actuales problemas sociales y a las exigencias de emancipación democrática que exige la mayoría del pueblo chileno. Vivimos en un circulo vicioso en el cual la institucionalidad vigente simplemente excluye a las mayorías de la toma de decisiones en materias políticas y económicas, y crea las condiciones para la represión y el enfrentamiento con los movimientos sociales.

La Constitución dictatorial hecha para refundar la nación bajo la egida neoliberal, le dio un carácter legal a todas las formas de represión empleadas, incluido el terrorismo de Estado durante la dictadura. Esa Constitución es un muro de contención para las demandas de los trabajadores, de los pueblos originarios, de los pobladores y de los estudiantes, criminalizando la lucha social, con la aplicación de leyes represivas a quienes se manifiestan en contra del sistema, como la Ley de Seguridad Interior del Estado, Ley Antiterrorista, el Código Laboral, entre otras.

Esta es parte de la compleja realidad que vivimos, por lo cual el avance real y efectivo de la democracia es a través de un Proceso Constituyente, esta es la única forma de hacer frente a los poderes fácticos defensores de intereses contrarios a los de la mayoría. En torno a los cuales han proliferado los mercados sin control, los profesionales de la política, las dinámicas colonizadoras o las grandes transnacionales, que al final de cuentas son los que se oponen a la legitima soberanía del pueblo: el Poder Constituyente.

Constituir significa crear, por lo tanto el Poder Constituyente democrático es, en esencia, un poder creador de una realidad nueva y dialéctica, de progreso respecto al pasado, necesariamente diferente de lo que había. Sobre él no actúan los cerrojos del poder constituido, ni el peso de la Constitución anterior, por el contrario, el Poder Constituyente engendra poder constituido nuevo creado sobre la base de la participación de la ciudadanía y, al hacerlo, lo dota de la legitimidad democrática necesaria para su construcción.

Las nuevas generaciones y de luchadores sociales no tienen porque arrastrar los problema del pasado, por el contrario, tal cual como lo hicieron en torno a la educación, rebelándose a ser un bien mas de consumo rescataron su lugar en la historia, descartando que lo dado es lo único que se puede aceptar y que puede haber. Ese potencial rebelde debe unirse a todos quienes queremos un Chile distinto, para ser hoy capaces de avanzar hacia una convicción constituyente desde la base.

Un esfuerzo en el cual juegan un papel también políticos del poder constituido que se han manifestado por avanzar por una Asamblea Constituyente, creando una fuerza amplía, sin sectarismos, atreviéndonos a pensar e imaginar, tanto lo que no existe como lo que colectivamente queremos que exista.

Que no pase como lo que sucedió recientemente con la Reforma Tributaria, momento en el cual la derecha impuso sus criterios valiéndose del ardid de la política de los acuerdos, la misma que validó hasta hoy la Constitución de 1980, en un vulgar negocio entre las cúpulas políticas y empresariales. Una situación que dejo en evidencia una lucha ideológica no resuelta en el interior de la Nueva Mayoría, y que puso en entredichos su capacidad real de distanciarse del conservadurismo concertacionista, desde donde emergieron los acuerdos contrarios a regular a los sectores de la economía neoliberal.

Los “arreglines” entre cuatro paredes de la oligarquía política Concertacionista no pueden negar a esta y a las generaciones post dictadura, el derecho de aceptar o cambiar las normas de convivencia y la Constitución. Estos junto a quienes seguimos luchando por un Chile distinto y mas justo, tenemos la potestad para decidir sobre el presente y nuestro futuro, un caudal de esperanzas que alimenta el verdadero carácter democrático de la sociedad.