Ley TV digital: medios de comunicación masivos, discusión en privado

La ley de TV digital está pronta a su promulgación. Mientras algunos se alegran pues -al fin- conoceremos esta nueva tecnología que entre otras cosas promete transmitir los partidos del mundial en HD, otros siguen sorprendidos porque una discusión parlamentaria, aparentemente  técnica y que se suponían sencilla, haya tomado más de 5 años en el Parlamento, retrasando la migración que en relación a otros países ya estaba atrasada.

Esta ley que originalmente quería modificar la Ley del CNTV para permitir  la transición de la TV analógica a la digital, y de la cual la prensa se limitó a informar de las novedades tecnológicas, en el fondo fue un asunto más complejo. Esto, porque tal como hizo ver la UNESCO a América Latina a inicios del 2000, la migración a la TV digital no se trata solamente de un cambio tecnológico sino de una oportunidad para los países de la región de comprender la TV  no desde la visión mercantilista puramente comercial naturalizada en Chile y otros países producto de décadas de privatización y concentración de la propiedad de los medios, sino que comprendería desde una mirada de derechos ciudadanos y colectivos.

Durante 5 años, las regulaciones que buscaban –en alguna medida, y de manera insuficiente para muchos- avanzar en estándares de diversidad, pluralismo, acceso en igualdad de oportunidades a los medios y corregir la concentración de la propiedad, fueron fuertemente resistidas por sectores de derecha y por la industria televisiva. Cada decisión que enfrentó a parlamentarios en el Congreso se hizo en torno a  dos concepciones diferentes sobre la televisión: por una parte, como un bien de consumo igual a cualquier otro y, por lo tanto, que deben regularse de acuerdo a  criterios de libre competencia; y por otra, como un medio que por hacer uso del espectro que es un bien de uso público, el Estado puede exigirle cumplir con requisitos mínimos de funcionamiento en virtud de los bienes culturales y simbólicos asociados a ella y en consecuencia con los tratados internacionales que Chile ratificó, que fijan estándares mínimos en materias como el derecho a la información y la libertad de expresión.

La  ley de TV digital, por lo tanto,  tuvo una discusión parlamentaria de carácter ideológico y no técnico.

El trasfondo ideológico de las posturas se  pudo observar en la discusión sobre  la gratuidad de los canales de TV abierta y partidos de la selección chilena; en el proyecto programático, además del técnico, para postular a concesiones; en la democratización de la composición del directorio del Consejo Nacional de Televisión (CNTV); en la  reserva de espectro para TV educativa y cultural, definición de correcto funcionamiento y pluralismo, y en la asignación de una segunda señal para transmisión de terceros a la televisión pública.

A pesar de que muchas de estas disposiciones fueron aprobadas en el Congreso luego de acuerdos y con voto de mayoría, la resistencia a los cambios era tal que  más de una vez sectores de derecha llegaron hasta el Tribunal Constitucional de la mano de requerimientos de inconstitucionalidad -apoyados por ANATEL- para impedir los tímidos avances en estas materias. Por ejemplo, en noviembre del 2013, diputados UDI interpusieron reservas de constitucionalidad a 4 artículos de la Ley ya aprobados, entre ellos, la obligación de transmitir campañas de interés público, argumentando que se intervenía la línea editorial de los canales, lo cual es absolutamente equivocado considerando que, tal como el Observatorio Fucatel expuso ante el TC,  transmitir campañas de interés público corresponde a una carga pública mínima y obedece a imperativos constitucionales como resguardar el bien común de la comunidad, la salud, y en muchos casos la vida y la integridad de las personas. También se acusó que la definición de pluralismo de la ley constreñía la libertad de expresión de los medios, desconociendo que es el Estado el encargado de velar por el pluralismo a través del CNTV, y la definición de la norma viene a solucionar el concepto vago de correcto funcionamiento que en definitiva termina en un rango de inseguridad jurídica social para los medios de comunicación.

En esa oportunidad el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de la UDI, tal como rechazó nuevamente hace algunas semanas otro requerimiento que, esta vez por la vía del veto presidencial, también buscaba que estas regulaciones que tienen que ver con el correcto funcionamiento de la TV (y no con las ideas matrices de la migración como intentó defender la UDI frente al TC) quedaran fuera de la ley promulgada.

Fue una “pelea dura” que llegó a su fin. Mirando hacia atrás, parece increíble que toda esta discusión ocurrió a las espaldas de las audiencias. De las mismas audiencias que ven 4 horas de televisión per cápita y que, tal como muestran diversos estudios,  no sólo se entretienen a través de ella, sino se informan de lo que ocurre en el país y  de los asuntos de interés público ¿Cuál fue el  criterio de la TV para marginar a las audiencias de esta discusión? Ningún criterio comercial o de “rating” justifica el ocultamiento de temas tan relevantes como el qué se entenderá por correcto funcionamiento de la TV, menos considerando el descontento con el medio expresado en las denuncias ante el mismo CNTV por contenidos atentatorios de la dignidad de las personas o por informar de manera sesgada. Parece más probable explicar la marginación de las audiencias de este debate  como una reacción al cambio paradigmático con que la digitalización enfrentó a la industria, el cual muchos sectores siguen resistiendo. Es sorprendente como en Chile sigue tan arraigada la idea de libertad de expresión sólo como la libertad de los dueños de los medios a expresarse a través de ellos, moldeando y manipulando la opinión pública como ellos pretenden, al punto que ni siquiera podemos saber que existe otra visión de los medios, predominante en la comunidad internacional, en que se asegura a la ciudadanía el acceso a expresarse y a recibir información que dé cuenta de las diversas corrientes de pensamiento. La libertad de expresión es un derecho de todos y es un deber del estado resguardarlo.

Vivimos un momento de inflexión política y los medios de comunicación no pueden quedar fuera de los cambios que vive  la sociedad, menos la televisión que es el medio de mayor penetración social. Afortunadamente, las autoridades que están hoy en el gobierno muestran interés en el tema, como se puede constatar tanto en declaraciones del ministro Álvaro Elizalde sobre la necesidad de un canal cultural o del nuevo director de TVN Ricardo Solari y el rol de la TV pública. Este entendimiento es clave pues en la etapa de implementación de la ley también habrá criterios de pluralismo y libertad de expresión que dependerán de la voluntad política.

Sin embargo, ningún cambio profundo en nuestra sociedad será realmente posible si se sigue marginando a las audiencias de la discusión. Con ocasión de la reposición de la ley larga de TVN que actualmente se encuentra en el Senado,  las audiencias y la ciudadanía debemos exigir a los medios poder acceder a los diferentes  argumentos sobre cuál es el rol de un canal público en el Chile de hoy porque es un tema que nos interesa a todos y es nuestro derecho tomar parte por una u otra opción. Sería gravísimo que, nuevamente, los medios nos marginen de esta discusión de manera arbitraria. No somos consumidores pasivos. Somos audiencias y ciudadanos, y sobre la televisión que vemos tenemos algo que decir.

Fuentes: Observatorio FUCATEL (Gracias a Mapochopress por el dato)