Crímenes de la dictadura militar: Imprescriptibles también en Brasil

Luego de décadas de negarla y de ser condenada por la Comisión Interamericana, Brasilia acepta invalidar la autoamnistía de la dictadura militar de 1964-1985.
El nuevo procurador general del Brasil, Rodrigo Janot, recomendó al Tribunal Supremo Federal que se juzgue a los represores que cometieron delitos contra los derechos humanos durante la dictadura militar. Los miembros de las fuerzas de seguridad que entre 1964 y 1985 actuaron en el terrorismo de Estado están beneficiados actualmente por la vigencia de la ley de amnistía de ese país. Janot, que lleva menos de un mes en el cargo, señaló: “El carácter imprescriptible de los crímenes contra la humanidad constituye una norma jurídica imperativa del derecho internacional de los derechos humanos”. El jurista contradijo así a su predecesor, Roberto Gurgel, quien había rechazado el juzgamiento por la ley de amnistía, sancionada en 1979 por el entonces dictador Joao Baptista Figueiredo.
Esa norma hizo de Brasil el único país de América latina que no tuvo procesos judiciales ni envió a la cárcel a policías o militares acusados de participar en la represión de la dictadura instaurada tras el derrocamiento de João Goulart. Es la primera vez que un procurador reconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en 2010 condenó a Brasil por no investigar ni penalizar a militares y agentes de inteligencia y recomendó relativizar los alcances de la amnistía. La mayoría de los jueces que forman el Supremo Tribunal Federal desestimaron, hace tres años, la posición de la Corte Interamericana y convalidaron la vigencia de la amnistía con argumentos como la necesidad de preservar la seguridad jurídica. Esa perspectiva también fue rechazada por el flamante procurador Janot en su escrito. El funcionario argumentó que no hay ninguna seguridad jurídica que preservar cuando se trata de alguna iniciativa que se vuelve contra la ley de amnistía, que fue un pilar del régimen autoritario.
Esta semana, la Procuraduría General brasileña recomendó la prisión preventiva y posterior extradición de un ex policía argentino acusado de torturas durante la dictadura. Según un comunicado, el pedido contra Manuel Alfredo Montenegro fue planteado por un juzgado federal argentino sobre la base de convenios entre ambos países y se centra en tres casos de presunta detención y tortura perpetrados entre 1972 y 1977 por los que fue acusado en Misiones en 2011. En un documento enviado al Tribunal Supremo, la procuraduría señaló que el pedido de extradición encuentra su razón en el sentido de que el ex policía no fue amnistiado por la Justicia argentina ni por la brasileña, por lo que los delitos de los que se lo acusa se siguen cometiendo en el tiempo. “En la Argentina, la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad practicados bajo un régimen autoritario fue reafirmada por la Corte Suprema. En Brasil, la imprescriptibilidad como norma de derecho internacional también se aplicaría”, manifestó Janot.
“El procurador general de la República, a quien tengo el honor de nombrar en esta ceremonia, es uno de los guardianes de la ciudadanía, de respeto a los principios y normas del derecho consagrados en nuestro ordenamiento jurídico”, señaló la presidenta Dilma Rousseff el 17 de septiembre, en la asunción de Janot al frente de la Procuraduría General. En esa oportunidad, la mandataria afirmó que el flamante procurador tiene la capacidad de afrontar retos y responsabilidades que conllevan ese cargo gracias a los logros obtenidos a lo largo de su carrera, su calificación profesional y el reconocimiento de sus pares, que lo recomendaron para esa función. En su discurso, Rousseff también destacó que el lugar que ocupa la procuraduría representa “un momento único” para la reafirmación de los compromisos con la democracia y el funcionamiento de las instituciones. En este sentido, la presidenta señaló: “El libre juego del Ministerio Público Fiscal es esencial para la mejora de las instituciones democráticas, la preservación del estado de derecho y la garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los brasileños”.