Una sociedad en paz y en la cual se respeten los derechos de sus habitantes no deja nunca de ser el fruto de un penoso y difícil esfuerzo. Tal como señalaba el jurista alemán Ihering, no hay un solo derecho que no sea sino el fruto de sangre derramada en las calles, en otras palabras, los pueblos no alcanzan su dignidad sin dar una batalla por alcanzarla.
Pero ocurre en la práctica –y así ocurrió en Chile-, que hay veces en que se intenta evitar a toda costa el conflicto, sobre todo después de vivir una dictadura.
¿De qué vale obtener justicia y reparación a las víctimas de crueles atropellos a sus derechos más fundamentales si con ello se arriesga un nuevo enfrentamiento que puede costar la vida a miles de compatriotas más?
¿De qué sirve recuperar las empresas que fueron arrebatadas o terminar con una institucionalidad impuesta por la fuerza bruta si con ello se provoca otra vez un golpe de Estado?
El único problema de razonar así, es que se está dictando sobre la conciencia de un pueblo una auténtica sentencia de muerte. Un pueblo que permite que los culpables de crímenes atroces o de latrocinios gigantescos permanezcan impunes, es capaz de permitir que lo aniquilen. Por lo mismo es que las sociedades que hacen uso de su derecho a defenderse, lo hacen por su independencia y por proteger su existencia y su dignidad y por el dolor que produce la injusticia de que han sido víctimas.
Es así que no resulta posible callar ante el legado vergonzoso que a 40 años del golpe nos dejaron los gobiernos de la concertación. Y no es cuestión de decir “Lo hicimos por la paz de Chile”. Con eso solo nos condenaron a naufragar en medio de injusticias gigantescas siendo que resistirlas, era el deber de todos quienes formábamos parte de la sociedad chilena veinte años atrás y lo sigue siendo.
Este suicidio moral es el legado de la mal llamada política de los consensos, una política de la cobardía que abandonó la obligación de la justicia, una política en que la concertación salvó el pellejo que otros sacrificaron por decencia y compromiso y que al paso del tiempo, transformó ese sacrificio de miles de chilenos en un sacrificio inútil, olvidado, guardado en un rincón de la historia.
Y hoy, a 40 años del golpe, con un gobierno de distinto signo pero que sigue la misma política de los anteriores, aparecen súbitamente imágenes prohibidas de los que padecieron y sus victimarios, de los cómplices y de jueces cobardes y toda una suerte de perdones y gestos éticos, como si hubiesen salido del escritorio de un grupo de publicistas. Todos somos responsables, por ende, nadie lo es. Recordemos chilenos con realitys del dolor, imágenes morbosas, cascadas de espanto y horror.
¿Por qué ahora y de este modo? Sencillamente para repetir el guión incluso ahora, cuarenta años después. Para que una vez más un pueblo que se rebela contra la injusticia lo piense dos veces. Especialmente las nuevas generaciones que luchan contra la injusticia que se expresa en la educación, en la previsión, en el texto de nuestra vergonzosa constitución. En otras palabras, cuidado con arriesgarse más de lo debido. Miren las imágenes prohibidas y dejen todo como está.
Para que nunca más se cometan crímenes y atropellos como los ocurridos en Chile, nunca más la injusticia, nunca más la paz al precio de servir la impunidad.
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