Aspectos controvertidos de los conflictos que ha debido enfrentar el gobierno de Sebastián Piñera con la banca

MARCO TEÓRICO

La clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, si bien es cierto se encuentra unida en torno al común objetivo de extraer y percibir plusvalor, no es menos cierto que se fracciona en la rotación del capital para asumir diferentes labores: un sector se dedica a la producción de mercancías; otro las vende para que el producto de esa operación sea administrada por un tercero. La industria, el comercio y la banca constituyen los segmentos en los que el capital se fracciona durante su rotación dentro del proceso de producción: la industria produce los bienes, el comercio los realiza y la banca ejecuta el comercio del dinero. Sus intereses son, por consiguiente, distintos; también sus actividades. Y a pesar de encontrarse unidos por esa finalidad primordial que es la extracción y percepción del plusvalor, los conflictos se manifiestan constantemente entre ellos. Estas confrontaciones  son conflictos de clase y los sectores en los cuales el capital se divide conforman las llamadas ‘fracciones’. Organizadas en estructuras institucionales, cada una de esas fracciones busca imponer a las restantes aquello que más le conviene; entra, por consiguiente, en conflicto con ellas y, al ejecutar esa labor cumple, además, un objetivo primordial cual es hegemonizar la conducción en conjunto de la sociedad. Esas luchas se manifiestan en la escena política de la nación.

No siempre las confrontaciones entre las distintas fracciones de las clases sociales (sean éstas de compradores como vendedores de fuerza y capacidad de trabajo) se libran en forma aislada, es decir, una fracción contra otra; lo normal es que se realicen alianzas en donde dos de ellas unen sus intereses para imponerlos sobre la otra. Así sucedió a fines del siglo 19 cuando la industria, en estrecha alianza con el capital bancario, creaba bancos, y éste creaba industrias[1]. El predominio del segmento productivo era evidente.

Sin embargo, como lo hemos afirmado en una de nuestra obras,

“El capital es una creación esencialmente libertaria; es un sujeto en sí y para sí, no para los demás.”

Su destino es transformarse,

“[…] ser  capital bancario pues, en tal calidad, se liga al dinero y vive como factor reproductor de sí mismo, expresándose en números y cifras que dan cuenta de su constante acrecentamiento: como capital bancario es producción, banca y comercio a la vez”[2].

Todo comprador de fuerza o capacidad de trabajo quiere poseer más capital, y es natural que así sea porque el capital es un valor que se valoriza. Pero ese sujeto no lo quiere hacer de cualquier modo, sino desplegando un mínimo esfuerzo. Y eso lo permite el comercio del dinero: hacerse banquero es el sueño de todo comprador de fuerza o capacidad de trabajo. Porque, en el fondo, esa clase social busca vivir del esfuerzo de los demás sin gastar inútilmente energías; lo óptimo para ella no es la producción de bienes, sino vivir de la constante transferencia de plusvalor; más exactamente, de la usura, del  mutuo o préstamo a interés, de la renta del dinero, del comercio de esa mercancía en la forma más intensa posible. No es casualidad que, a partir de la década de los setenta, la conducción en conjunto de la sociedad haya sido crecientemente hegemonizada por el capital bancario en estrecha alianza con el comercial. La fracción bancaria de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo se ha impuesto sin contrapeso por sobre las demás en la actual fase dentro de la evolución del sistema capitalista mundial. Así lo ha hecho en la generalidad de las formaciones sociales del mundo; así lo ha hecho en Chile tras el golpe de Estado de 1973 hasta la fecha. El capital bancario es la más elevada forma que adopta el capital.

EL GOBIERNO DE PIÑERA ANTE LA BANCA

Así, pues, en el transcurso de todos los gobiernos de la Concertación de Partidos Por la Democracia, o simplemente Concertación, siempre ha estado presente la banca imponiendo sus condiciones y haciendo que los demás intereses se dobleguen ante los suyos. Similar situación también ha tenido lugar durante el gobierno de Sebastián Piñera. Con una excepción: únicamente bajo este gobierno se ha intentado controlar sus actividades; no así bajo los gobiernos de la Concertación en donde hubo abierta connivencia con aquella. Y es que, como lo hemos señalado en otro de nuestros análisis,

“Introducir talas o reajustes a la actividad bancaria, realizar reformas a su funcionamiento, establecer limitaciones o controles a la misma, implica introducir límites a la hegemonía absoluta que ejerce la fracción de la burguesía bancaria al interior del Bloque en el Poder”.

La resolución de semejantes conflictos pasa, en primer término, por tener la voluntad política de hacer determinadas reformas y así resolver aquellos; y, en segundo lugar, tener el apoyo necesario de otros sectores que integran el Bloque en el Poder para emprender esa tarea. Es lo que ha permitido al gobierno de Sebastián Pïñera intentarlo.

No se crea, sin embargo, que esa labor nace por una especial vocación de ese Gobierno de apoyar a los sectores desprotegidos: no. No se crea, igualmente, que ‘la derecha comienza a actuar contra la banca’: no. Dos razones poderosísimas subyacen tras esa conducta aparentemente ‘revolucionaria’. A ellas nos hemos referido en uno de nuestros primeros análisis destinados a examinar la naturaleza del gobierno de Sebastián Piñera. Ellas son:

1. La democracia es la forma normal de funcionamiento del sistema capitalista. Es deber de las clases y fracciones de clase dominantes perfeccionar los mecanismos que permiten el funcionamiento óptimo de la democracia. Esta afirmación es tan cierta que, a propósito del problema de la banca suscitado entre el Gobierno y ese sector, ha expresado el profesor Carlos Peña:

   “A pesar de las apariencias, el capitalismo necesita unas mínimas reglas morales para funcionar bien. Sin esas reglas, que sujetan el apetito de los seres humanos (los únicos seres que porque pueden elegir, pueden ser reglamentados), tarde o temprano se va al suelo, se desprestigia y pierde toda legitimidad”[3].

   No es por otra razón que la administración actual introduce modificaciones consideradas necesarias y que la Concertación jamás se atrevió a proponer durante los veinte años que fue Gobierno; y,

2. La promesa electoral de alcanzar la meta de un millón de empleos obligaba al gobierno de Sebastián Piñera a hacer concesiones a los sectores medios y pequeños de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, en desmedro del gran capital; especialmente, del sector hegemónico dentro del Bloque en el Poder que es la banca, en estrecha alianza con el capital comercial.

Las razones precedentemente expuestas explican, pues, que, a poco de haber asumido Sebastián Piñera en el carácter de presidente de la nación, comenzase el escabroso camino de las reformas[4] con el traspaso de la tutela del cuerpo de Carabineros de Chile del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior. El problema fue, sin embargo, que uno de los sectores políticos dispuesto a asumir esas tareas se debilitó: era el sector de la UDI que lideraba Pablo Longueira. Tampoco ocurrió todo ello por casualidad.

LAS PRIMERAS MEDIDAS

En efecto, al asumir Felipe Larraín Bascuñán en el carácter de ministro de Hacienda, en 2010, se encontró con un doble problema bancario: primero, que el empresariado industrial y comercial estaba molesto con las altas tasas de interés y comisiones percibidas por el sector bancario; además, segundo, numerosos clientes reclamaban por lo que se denominaba ‘ventas atadas’, convenios en los que se entregaban al cliente servicios ajenos a su relación con la banca misma.

La representación política de las clases dominantes ha sido fuertemente presionada por sectores vinculados al pequeño y mediano empresariado industrial y comercial (la gran mayoría son integrantes de lo que se conoce como ‘pequeñas y medianas empresas’ PYMES), además de sectores poderosos que se sienten perjudicados por la banca. Esos sectores no sólo están presentes en el gobierno de Sebastián Piñera sino constituyen el eje de su política de pleno empleo, pues no son las grandes empresas las que ofrecen puestos de trabajo a la población sino las medianas y pequeñas, es decir, las PYMES, circunstancia que es de completo conocimiento del ministro de Hacienda Felipe Larraín. Sin embargo, y no hay que olvidarlo, también están aquellos sectores comprometidos con los que hegemonizan el Bloque en el Poder, que son la banca y el gran comercio. Pero en las organizaciones políticas que representan naturalmente los intereses de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, las contradicciones y consecuentes presiones se encarnan en personas cuyos rostros aparecen como los más representativos de esos conflictos. En la UDI, demás está decir que se retrataron en esos conocidos personajes políticos que son Pablo Longueira y Jovino Novoa. Ejercía, en esos meses, su supremacía al interior de ese partido el segundo de los nombrados.

Cuando Piñera decidió el nombramiento de sus ministros, el cargo de ministro de Economía pasó a manos de un individuo que no militaba en las filas de la UDI, sino había participado en la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami, a pesar que sus simpatías eran manifiestas hacia ese partido —Juan Andrés Fontaine—, hombre un tanto impredecible.

Felipe Larraín necesitaba preparar las condiciones que le iban a permitir desarrollar el programa de gobierno al que se había comprometido Piñera.

“No por otro motivo propuso […] introducir una serie de regulaciones al mercado de capitales que bajo el nombre de Agenda MKB (Agenda para el Mercado de Capitales Bicentenario) tendría como finalidad contribuir a la modernización y profundización del mercado de capitales local y dar un nuevo impulso a la economía chilena y la generación de nuevos puestos de trabajo. El proyecto ‘Agenda’ contemplaba la creación del SERNAC Financiero dado que la Superintendencia no controlaba realmente a la banca y se requería de mejorar las relaciones de la banca con sus clientes. Sin embargo, esta tarea pasó inexplicablemente al Ministerio de Economía, que dirigía Juan Andrés Fontaine […]”[5].

LUCHA DE CLASES AL INTERIOR DE LA UDI

Las medidas de Larraín sufrieron varios traspiés, pero terminaron por imponerse[6]. Juan Andrés Fontaine salió del ministerio de Economía; Longueira no lo defendió pues consideró que su nombramiento y permanencia en el cargo era facultad privativa del presidente de la República. Por su parte, el Gobierno debió sacrificar a Carlos Budnevich, que se desempeñaba, a la sazón, en el cargo de superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. El cargo de ministro de Economía pasó a manos de Pablo Longueira. En consecuencia, Jovino Novoa se vio con las manos libres para actuar dentro del partido. Más, aún, cuando, como lo señala un comentarista,

“Desde que Longueira llegó al gabinete se mimetizó con las ideas de Sebastián Piñera y se convirtió en un contrapunto de los intereses del empresariado, pasando a ser el rostro oficial de la agenda del gobierno contra el abuso y en defensa de los consumidores[7]”.

A partir de ese momento, Novoa empezó a criticar a la administración Piñera acusándola de ser el ‘quinto gobierno de la Concertación’; al hacerlo, contribuyó a desprestigiar a Longueira que mostraba gran apego a las ideas del primer mandatario. Las contradicciones ‘inter burguesas’ pasaron, a partir de ese momento, a ser contradicciones entre dos personeros de la UDI, que eran Pablo Longueira y Jovino Novoa; la prensa, manejada mayoritariamente por sectores involucrados en esas lides y poco versada en supuestos teóricos relativos a los conflictos (e intereses) de clases, redujo todo aquello a una pugna por el poder entre esas dos personas. Y, naturalmente, en situaciones más o menos parecidas situó lo que sería, más tarde, el auge y caída de Laurence Golborne como candidato presidencial de la UDI, hombre propuesto por el sector de Jovino Novoa. Tras todo aquello, no obstante, estaba la inefable lucha de clases.

La candidatura de Laurence Golborne no fue un acto casual; tampoco se debió a la simple popularidad que parecía tener el entonces ministro, luego del rescate de los mineros. Fue producto de la oposición de dos grupos que representaban intereses contrapuestos de dos fracciones de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo; la candidatura de Golborne se materializó cuando esa contradicción alcanzó su clímax. Pero los nombres que aparecieron tras esas disputas fueron los mismos de siempre —Jovino Novoa y Pablo Longueira—, circunstancia que no era nueva; había comenzado varios años antes, y se había agravado con ocasión del llamado ‘Caso Spiniak’[8] en el transcurso del cual Longueira jamás atacó al senador ni accedió a las peticiones de expulsión que recibió, pero tampoco lo ayudó. El ‘Caso Spiniak’ se resolvió luego que algunos periodistas del periódico ‘La Tercera’, de propiedad del Consorcio COPESA, parte del Grupo de Álvaro Saieh, tomaran ‘bajo protección’ a la testigo clave del juicio, Gemita Bueno, tras lo cual apareció una grabación en la que ésta declaraba haber mentido en todas sus acusaciones de violación formuladas en contra de Jovino Novoa. Éste, más tarde, sería el principal artífice de la candidatura de Golborne, en contra de la eventual de Longueira. Y el periódico ‘La Tercera’ estaría estrechamente vinculado a ese sector.

UN FALLO MEMORABLE

En 2006, el Servicio Nacional del Consumidor SERNAC entabló una demanda en contra de la empresa CENCOSUD de Horst Paulmann por considerar que dicha organización había elevado abusivamente el costo por el uso de las tarjetas del supermercados ‘Jumbo Más’. A la demanda había adherido la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS. No hubo resolución definitiva sino hasta el presente año cuando el 24 de abril recién pasado, la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la empresa CENCOSUD restituir los dineros cobrados en exceso y eliminar las cláusulas contractuales que lo permitían. El proceso era de sobra conocido en los sectores de la UDI y por el propio Laurence Golborne, que se había desempeñado en el cargo de gerente general del consorcio al momento de cometerse la infracción. Por eso, nadie creía posible que hubiere un fallo adverso. Sin embargo, no fue así y CENCOSUD fue condenado al pago de una exorbitante suma. Por supuesto que Laurence Golborne, candidato entonces a la presidencia de la República por la UDI, debió salir al paso de las acusaciones. Sin embargo, interrogado por la prensa, fue incapaz de entregar respuestas coherentes a ese hecho; al principio, se defendió señalando que obedecía órdenes. Desmentido por el gerente general del consorcio, entró en explicaciones torpes y contradictorias. La noticia que lo involucraba en abultados depósitos de dinero en un paraíso fiscal, mundo del narcotráfico, trata de blancas y comercio ilícito de armas, sin que diera una explicación plausible, terminaron por derrumbarlo. Pablo Longueira pudo regresar en gloria y majestad a la UDI para enarbolar en sus manos la bandera de la candidatura presidencial a nombre de esa colectividad.

LAS RAZONES DE ESAS IRREGULARIDADES

En agosto de 2006, y bajo el gobierno de Michelle Bachelet, un superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de muy bajo perfil, Gustavo Arriagada, dictó la Circular N° 17 en virtud de la cual se concedió la facultad a las instituciones financieras y Bancos para modificar el valor de las comisiones mediante la aceptación tácita de los clientes[9]; la circular entendía por ‘aceptación tácita’ el empleo continuo y persistente de las tarjetas de crédito. Los Bancos e instituciones emisoras de tarjetas de crédito enviaron sus contratos a la SBIF quien procedió a revisarlos sin formularles observación alguna. La circular de la SBIF, no obstante, vulneraba no sólo el articulado sino, además, el espíritu de la Ley del Consumidor, por lo que, en abril del presente año, el Gobierno instruyó a la misma derogar la controvertida circular.

Pero la lucha entre las fracciones de la clase de los compradores y vendedores de fuerza o capacidad de trabajo  no iba a terminar ahí. Un nuevo fallo de la Corte Suprema, esta vez en contra del BancoEstado, en el que se hizo parte el SERNAC Financiero para apoyar la demanda entablada por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS, prendió la mecha, porque el fallo, nuevamente, ordenó restituir dineros cobrados de más por esa institución en las libretas de ahorro de sus clientes. Por supuesto que el gobierno de Sebastián Piñera aprovechó de atacar a los anteriores gobiernos de la Concertación; pero, a la vez, advirtió a los bancos que no aceptaría modificación unilateral alguna de los convenios.

Las clases y/o fracciones de clase dominantes reaccionan de inmediato, pero no actúan con la misma celeridad; antes de nada se reúnen, discuten y estudian las acciones a seguir. En el caso en comento, jamás ignoraron las medidas que se estaban adoptando en las esferas gubernamentales. Por eso, apenas se apagaron los gritos de las manifestaciones del 1 de mayo, se reunieron los dueños y representantes de los grandes consorcios, en las dependencias de la Cámara de Comercio de Santiago CCS. Fueron dos reuniones —el día jueves 2 y jueves 9 de mayo—, separadas, una de la otra, por apenas una semana, a las que asistieron, entre otros, Juan Cuneo, Sandro Solari y Gastón Bottazzini por el Consorcio ‘Falabella’, y ejecutivos de ‘Ripley’, ‘Hites’, ‘ABCDin’, y CENCOSUD. El miércoles 8, en plena protesta estudiantil, también hubo reuniones; pero, esta vez, en la Cámara Nacional del Comercio CNC. El viernes 10, los temas fueron tratados en la asamblea general de socios de la misma entidad, que se realizó en Coyhaique, a la que asistió el propio superintendente de Bancos.

“En la tabla han estado todas las regulaciones que están arriba de la mesa para la industria, desde el SERNAC Financiero, la Tasa Máxima Convencional, la Ley de Quiebras y, por cierto, la norma del consentimiento expreso. O sea, trataron el estado de avance del nuevo mapa regulatorio que enfrentan […][10]”

Poco antes, la Asociación de Bancos había realizado un seminario que, bajo el nombre de ‘Consejo de Estabilidad Financiera, una innovación institucional para Chile’, había convocado a importantes personeros del mundo financiero y de Gobierno, entre otros, al ministro de Hacienda Felipe Larraín, al presidente del Banco Central Rodrigo Vergara y al nuevo superintendente de Bancos Raphael Bergoeing. Inmediatamente después de ese evento, hicieron algunas declaraciones en contra del Gobierno, Jorge Andrés Saieh, presidente del directorio de ‘La Tercera’ y presidente de Corpbanca,  y también Claudio Melandri, gerente general del Banco Santander. Parecía que todo iba a llegar hasta ahí.

EL ENFRENTAMIENTO

No obstante, el jueves 9 de mayo apareció, ante los medios de comunicación, el presidente de la Asociación de Bancos Jorge Awad, para expresar en forma airada:

“Lo primero que quiero decir es que me siento al mismo nivel del Presidente de la República, porque la verdad es que nos han dado como caja […]”

“No voy a aceptar que por un hecho legal en un proceso particular, por muy importante que sea, se siga jugando con el prestigio y los valores de la banca […]”

“Aquí existía un sistema de aceptación tácita que está regido por la Ley de Bancos de Chile y no voy a aceptar que se saque una circular que borra lo que existe y no se reemplaza por nada […] no voy a aceptar que la protección del consumidor sea una medida circunstancial a los momentos que se viven […]”

“[…] la banca funciona por la confianza de sus ahorrantes, quienes merecen el respeto para que no se siga abusando de la palabra ‘abuso’ […] La banca chilena no abusa, sino que da confianza y progreso […][11]”

Jorge Awad es demócratacristiano; pertenece, por consiguiente, a la alianza denominada Concertación de Partidos Por la Democracia. Sin embargo es, a la vez, presidente de la Asociación de Bancos: representa, por consiguiente, la cabeza visible del sector hegemónico del Bloque en el Poder. Sabe, perfectamente, que su poder se encuentra ligado al de la banca internacional y que es quien verdaderamente manda en Chile de la misma manera como lo hizo Hernán Guillermo Sommerville, presidente de la Asociación de Bancos durante los gobiernos de la Concertación. Por eso puede Awad gritar, patalear, indignarse y formular todo tipo de declaraciones en contra del Gobierno.

Las respuestas de los representantes del Gobierno al presidente de la Asociación de Bancos fueron, en un comienzo, muy débiles. El superintendente de Bancos, a pesar de estar respaldado por el presidente de la República, no hizo uso de su autoridad sino pidió respeto a los fallos judiciales:

“[…] hay un antes y un después de la Ley del SERNAC Financiero y nosotros adecuamos nuestra normativa a eso”.

“[…] los fallos judiciales tienen que acatarse. No somos una institución que deba calificar los fallos jurídicos, nosotros tenemos que acatarlos. Tenemos una ley, la 20.555 (SERNAC Financiero) y tenemos fallos judiciales que validan una determinada tesis jurídica. Esos fallos deben ser acatados y en ese contexto nosotros hemos seguido haciendo las adecuaciones normativas necesarias”[12].

¿Existe temor a que la banca deje de aportar su ayuda a la Superintendencia? No hay que olvidar que ésta es una institución financiada por la banca, lo cual implica, en palabras empleadas por nosotros, en anteriores oportunidades, que el legislador ha dejado al ratón al cuidado del queso.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, tampoco ha sido duro en sus expresiones. Si bien se ha limitado a apoyar a la SBIF, no ha sido enfático. La respuesta a nombre del Gobierno la dio la Secretaría General de Gobierno por boca de la ministra Cecilia Pérez en una escueta frase:

“Nadie en Chile está sobre la ley”[13].

La conducta del SERNAC ha sido diferente. Dirigido por Juan José Ossa Santa Cruz, el servicio ha sido bastante enfático en defender las medidas que se han estado adoptando. Su máximo representante no ha vacilado en señalar en el programa televisivo ‘Tolerancia Cero’, en relación a las expresiones del presidente de la Asociación de Bancos:

“Sus palabras no me gustan ni de forma ni de fondo. No me gusta el tono. Awad está equivocado. Se deroga una circular porque prima la Ley del Consumidor”[14].

¿ABUSA O NO LA BANCA CON SUS CLIENTES?

Es un hecho de sobra conocido que, en dos situaciones (CENCOSUD y BancoEstado), ha existido un aumento unilateral de las comisiones que se cobran a los clientes por determinados servicios bancarios; en el caso de la modificación de la circular de la Superintendencia de Bancos se trata de modificaciones a la ‘Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras’ que se refieren a cobros adicionales por prestaciones inherentes al manejo de una cuenta bancaria por la que se paga comisiones. Lo que nos lleva a desmentir a Jorge Awad cuando afirma que ‘la banca chilena no abusa, sino que da confianza y progreso’. Eso no es verdad.

La banca chilena ha sido fuertemente influida por la práctica de la banca española —la más predadora y voraz que existe—, no por la banca europea, como algunos afirman. Es sabido que, en Europa, la banca española se caracteriza por ser la más sanguinaria; hasta hace poco cobraba, incluso y aunque pueda parecer increíble, por incorporar dinero a sus arcas, En otras palabras, por hacer depósitos a plazo o por llevar dinero desde otro país comunitario a España. La situación no deja de ser curiosa porque el comercio bancario, en esencia, no es sino cobrar intereses por los préstamos que otorga y pagar (también intereses) por los depósitos que recibe. Insistimos: esa es la essentia ratio del comercio del dinero. No obstante, la voracidad de la banca española ha llegado al extremo de cobrar comisiones por el mantenimiento de las cuentas corrientes, por los giros que efectúa su clientela, por la entrega de cartolas, por la entrega de información, por las diferentes operaciones que realiza, en fin. Ha llegado a decirse que la banca española cobra, incluso, hasta por las pisadas que los clientes dejan en los pasillos de la institución[15]. Ese es el modelo que ha adoptado la banca criolla, cuya conducta no es la misma que la empleada por los bancos en los demás países europeos.

En Chile, la banca ha elevado la tasa de los intereses que se cobran y ha disminuido ostensiblemente lo que paga por los depósitos; ha rebajado a un nivel bajísimo el porcentaje de encaje, ha incorporado el sistema de cobrar por todo pago anticipado, por el mantenimiento de las cuentas corrientes y de las tarjetas de crédito, por la entrega de cartolas, por la entrega de información, en fin. El cobro de las comisiones afecta, fundamentalmente, a los cuentacorrentistas con saldos pequeños que son, precisamente, quienes  más necesitan de los servicios bancarios, de tal manera que la banca sólo beneficia a quien demuestra poseer mucho dinero en desmedro de quien no lo tiene. Del mismo modo, no acepta depósitos a plazo por cifras menores sino lo hace con aquellas sumas que son enormes. Demás está decir que si se mantiene la normativa de reconocer legalidad a los contratos entre los clientes y la banca, eso contribuirá eficazmente a concentrar y centralizar más aún la riqueza en pocas manos pues el cliente pequeño siempre estará obligado a firmar el contrato que se le ponga por delante; no así el grande que podrá discutir las condiciones porque se encuentra en mejor grado de igualdad respecto de la banca. Para el pequeño habrá contratos de adhesión; para el grande existirán contratos comunes regidos por el Código Civil que podrá modificar. El concepto de clases sociales estará inevitablemente presente al momento de firmar un contrato con determinada institución bancaria.

Lo más grave, sin embargo, es que las modificaciones introducidas a partir de la dictadura al sistema bancario y, en general, al sistema del mercado de capitales (su creación y desarrollo posterior) se ha hecho sobre la base de lo que podríamos denominar ‘legalización de la usura’[16]. En efecto, hasta antes de las modificaciones introducidas por el régimen de Pinochet, las leyes que condenaban el cobro indebido de sumas por el mutuo o préstamo a interés establecían que se consideraría ‘interés’ para los efectos legales las comisiones, gastos operacionales y cualquier otro cobro indebido que hiciera elevarse el total de lo cobrado por encima del interés máximo que la ley permitía cobrar. Esa constituyó la forma de entender la usura que sancionaba el Código Penal. Sin embargo, en nombre de la ‘libertad de comercio’, los bancos e instituciones financieras  quedaron facultados, a partir de ese momento, para cobrar a sus deudores las sumas de dinero que estimaran conveniente. De esa manera, las nuevas disposiciones otorgaron a la banca e instituciones financieras dentro de la sociedad chilena la misma libertad del zorro en el gallinero. Simultáneamente, las prácticas introducidas en esa dirección encaminaron a ese conjunto social a la adopción de nuevos principios morales basados en la consagración de un pecado capital en el carácter de virtud teologal: la avaricia. Y ello, porque se necesitaba guardar estricta correspondencia y armonía con el lucro, moral del sistema capitalista.

LO QUE PUEDE SUCEDER

Existen cerca de 60 demandas que el SERNAC va a deducir en contra de algunos empresarios del país; la mayoría de los casos, que son 14, se refiere al rubro entretención y servicios. Hay, no obstante, 10 que pertenecen al rubro sanitario y 13 al financiero. Se han entablado juicios, además, en contra de Banco Santander, Ripley, Beneficios Chile S.A., Corporación Financiera S.A. COFISA, Tarjetas Presto, Financiera ‘La Elegante’ y Banco Bilbao-Viscaya BBVA, que aumentó en agosto de 2012 unilateralmente en un 3% las comisiones asociadas a las cuentas corrientes. El Banco Santander ha sido objeto de una demanda por parte de numerosos clientes por el hecho de haber repactado créditos hipotecarios con sus clientes con evidente perjuicio para todos ellos. Hay, además, una denuncia de CONADECUS, de julio de 2012, en contra del Banco de Chile, y dos de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile ODECU contra el Banco de Crédito e Inversiones BCI y el Santander. En abril recién pasado se presentaron demandas colectivas en contra de Dijon, Corona e Hites por aplicar cláusulas abusivas a sus clientes[17].

Esto no significa que la ‘guerra’ del Gobierno en contra de los abusos esté declarada. Por el contrario. Si bien es cierto que existe la posibilidad que las demandas prosperen en beneficio de los consumidores, no es menos cierto que aquel será el pago por un ordenamiento más riguroso del sistema para hacerlo más eficiente, idea de la cual los sectores dominantes están convencido. Por eso, no sorprende que, en el retail financiero decidieran:

“[…] no improvisar soluciones, Segundo, se dieron un plazo de 60 días para hacer estudios jurídicos, operacionales y técnicos antes de plantear cualquier reunión con el SERNAC para este ‘aterrizaje operativo’ de la medida, de modo de llegar a esa instancia con antecedentes, no descartando desde ya que se requiera de ajustes legislativos para definir los mecanismos operacionales y válidos que se aceptarán”[18].

De esa manera, parece muy difícil que la sangre pueda llegar al río. Las voces de alerta del matutino ‘El Mercurio’, cuando alega por acuerdos tendientes a evitar la ‘judicialización’ de los conflictos, constituyen soluciones orientadas en ese sentido:

“Es esta una controversia que, si no se zanja y desactiva a tiempo, terminarán resolviendo los tribunales en un sentido que —a la luz de lo observado en otros casos equiparables— no resulta difícil de anticipar”[19].

CONCLUSIÓN

Así, pues, los sucesivos gobiernos de la Concertación no dieron menos a los bancos de lo que les ha otorgado el de Sebastián Piñera; es más: nunca los bancos gozaron de mayores franquicias que las otorgadas por una Concertación que lo aceptaba todo, aterrada por la eventualidad de un golpe de Estado imposible de darse en las circunstancias que existían. La administración de Piñera, por el contrario, busca establecer los márgenes dentro de los cuales ha de circunscribirse la ganancia de los grandes consorcios; regula y controla esas ganancias y sus excesos. Cumple, en ese sentido, con su deber de representante natural de los sectores dominantes y no arriesga la vigencia de la democracia.  Por eso, los enfrentamientos entre el Gobierno y la banca, además del retiro de la candidatura de Laurence Golborne y su substitución por la de Pablo Longueira, no constituyen simples disputas personales, ‘asesinatos a mansalva’ (como podría expresarlo más de algún comentarista) o actos de deslealtad entre diversas personas; mucho menos, una cerrada defensa de los derechos de los consumidores. Sostenemos aquí que se trata de una simple manifestación de la soterrada lucha de clases entre diferentes sectores que integran la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo (burguesía). Los sectores populares nada han tenido que ver en todo ello como tales, con excepción de las luchas que han librado en el plano jurídico/político para poder tener el apoyo de algunos de los poderes (funciones) del Estado. Como siempre, han sido ignorados frente a los poderosos intereses que guían las acciones de las clases y fracciones de clase dominantes. De si estas contiendas van a arrojar buenos resultados para los sectores dominados como no sea la devolución de dineros y el cambio de una candidatura presidencial dura frente a otra más flexible, es algo que está por verse. Lo que sí está claro es que todo cambio impulsado por las clases y/o fracciones de clase dominantes jamás irá en beneficio de las dominadas sino será efectuado con la única finalidad de mantener en funcionamiento un sistema en donde la explotación de los más débiles les sea más tolerable. No hay que olvidar un hecho crucial: el objetivo final del sistema capitalista es lograr que dicho sistema no solamente sea aceptado por los sectores dominados sino defendido por éstos como el mejor de los sistemas. Por eso, en estos casos, lo único importante de tener presente es que las consecuencias de las medidas adoptadas no sean nefastas a los desposeídos, porque tampoco ha de olvidarse que, como lo expresa un  viejo refrán africano, ‘cuando pelean los elefantes es el pasto quien sufre las consecuencias’.

Santiago, mayo de 2013

 

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[1] Esta alianza hizo suponer a Rudolf Hilferding que se abría una nueva fase en la evolución del SKM que calificó como la del ‘capital financiero’. El nombre de su obra (‘El capital financiero’) da cuenta de su creencia. Las tesis de Hilferding fueron asumidas por Lenin quien también habló del capital financiero como una presunta fusión del capital industrial con el capital bancario.

[2] Acuña, Manuel: “In memoriam”, Editorial Senda/ Senda förlag i Stockholm, 2010, pág.83.

[3] Peña, Carlos: “El abuso de Jorge Awad”, ‘El Mercurio’, 12 de mayo de 2013, pág. D-23.

[4] Acuña, Manuel: “Contradicciones al interior del gobierno de Sebastián Piñera”, documento de diciembre de 2010.

[5] Acuña, Manuel: Id. (3).

[6] Véase, al respecto, el documento nuestro citado anteriormente, de diciembre de 2010, donde existe un completo resumen de los acontecimientos que ocurrieron durante esos meses.

[7] Rivas Arenas, Claudia: “Longueira candidato: la silenciosa derrota de Jovino y la nueva geometría del poder en la UDI”, ‘El Mostrador’, 30 de abril de 2013. El subrayado es de la autora.

[8] Tampoco haremos un recuento de estos hechos y de la participación de otros actores en esta oportunidad. Sobre el particular, preparamos otro documento que esperamos entregarlo antes que termine el mes.

[9] Según Ernesto Benado, director de CONADECUS, la norma se dictó a espaldas de esa entidad, precisamente cuando estaban presentando una demanda en contra del BancoEstado. Véase al respecto “Director de CONADECUS y Caso BancoEstado […]”, Redacción de ‘El Mostrador’, 9 de mayo de 2013.

[10] G., A; S.,A; y R., C.: “Fin a cambios sin consentimiento […]”, ‘El Mercurio’, 12 de mayo de 2013, pág. B-4.

[11] Arroyo A., Cecilia: “Jorge Awad enfrenta críticas al sector […]”, ‘El Mercurio’, 10 de mayo de 2013, pág. B-6.

[12] Arroyo, C. y Castañeda, L.: “Autoridades afirman que fallos y normas […]”, ‘El Mercurio’, 10 de mayo de 2013, pág. B-6.

[13] G., A; S.,A; y R., C.: Id. (8). En el mismo periódico y bajo el título “Gobierno responde a quejas de la banca”, se señala que las palabras de la ministra fueron: “Los bancos no están por sobre la ley”. ‘El Mercurio’, 11 de mayo de 2013, pág. B-3.

[14] ‘Tolerancia Cero’, de ‘Chilevisión’, correspondiente al domingo 12 de mayo de 2013.

[15] Este comportamiento no es nuevo sino se arrastra desde hace muchos años. Véase, al respecto, el libro de Reynaldo Temprano Azcona “Cuidado con los bancos”.

[16] Véase, para completar el estudio, el artículo de Marfisol Águila “La legalización de la usura”, ‘El Mostrador’, 13 de mayo de 2013.

[17] Redacción: “Las otras demandas del SERNAC […]”, ‘El Mercurio’, 12 de mayo de 2013, pág. D-2.

[18] G., A; S.,A; y R., C.: Id. (8).

[19] Editorial: “Controversia en la industria bancaria”, ‘El Mercurio’, 12 de mayo de 2013, pág. A-3