Con la educación gratuita ganamos todos

7 de Mayo de 2013
La masiva marcha del 11 de Abril volvió a demostrar la necesidad de una educación pública, gratuita y de calidad. Amplio debate ha vuelto a suscitarse, en particular respecto a la gratuidad en la educación, cuestión también ayudada por las vacilantes declaraciones de la candidata actualmente favorita en las encuestas, que señaló creer en la “gratuidad como concepto” pero al mismo tiempo que “es regresivo que quienes pueden pagar no paguen”, añadiendo con un tono de gran filantropía “personalmente, creo que yo puedo pagar la universidad de mi hija”. Del Gobierno la respuesta no es mejor, insistiendo con una ley del destituido ministro que mantiene la lógica del endeudamiento y del subsidio a la demanda para financiar la educación.

Sea con tecnocrática arrogancia o maternal filantropía, los defensores del modelo, por lo general, al esgrimir este tipo de argumentaciones omiten el hecho de que aquellas familias que “pueden pagar la educación de sus hijos”, perfectamente podrían pagar también la educación de muchos jóvenes más, a través de impuestos que realmente se correspondan con su riqueza.

Sin embargo, detrás de la sordera a ese tipo de argumentaciones, los defensores del modelo evitan con obstinación un debate más amplio que es el cómo hacer económicamente posible una educación gratuita. Se trata de la discusión acerca de qué sociedad queremos construir, y cuál es el rol de la educación en la construcción de dicha sociedad. Y por qué, en base al debate anterior, la educación debe ser gratuita.

Gratuidad es libertad

La demanda de una educación gratuita y sin lucro suele recibir por respuesta una cerrada defensa de la “libertad de enseñanza” y el intocable derecho de los padres “a elegir la educación de sus hijos”. Sin embargo, la realidad nos muestra que tal libertad de elegir es patrimonio de una minoría muy reducida de chilenos. Mientras unos pocos “eligen libremente”, la gran mayoría de la gente sólo puede obedecer lo que el bolsillo elige por ellos.

Cuando las voces “filantrópicas” nos piden a gritos que por favor les dejemos pagar la educación de sus hijos, además de no decir que podrían pagar mucho más con sus impuestos, omiten otra cosa adicional. Detrás del acto de pagar un monto $X, se esconde el ejercicio de lo que unas pocas familias chilenas consideran un derecho: educar a sus hijos lejos, bien lejos, de todos aquellos jóvenes cuyas familias no estén en condiciones de pagar esos $X miles de pesos.

Fenómeno equivalente ocurre con la elección de la carrera y futura orientación profesional. Unos pocos eligen libremente, el resto debe hacerlo poniendo como base el poder después compensar la inmensa deuda que significa estudiar. En este ámbito, la famosa libertad de elegir también es patrimonio de unos pocos: para el resto, esta elección está limitada por la necesidad de que la carrera escogida tenga niveles de empleabilidad suficientes para lograr “devolver” la “inversión” hecha al estudiar. Gratuidad es la única forma que tal libertad podrá realmente ejercerse, donde, por ejemplo, no estén todos compitiendo por ser médicos, ingenieros o abogados.

Gratuidad es calidad

De acuerdo al más reciente informe de educación que publica la OCDE, en el promedio de dicha organización de países de cada $ 100 pesos que se gastan en educación superior, el Estado aporta $ 70. De esos, $ 56 se destinan directamente a instituciones públicas, $ 13 a becas y créditos a estudiantes, y apenas $ 1 directamente a instituciones privadas. En Chile hoy pasa todo lo contrario. De los mismos $ 100, $ 77 los aportan las familias. De los escasos $ 23 restantes que aporta el Estado, $ 13 se destinan a instituciones públicas, $ 8 a becas y créditos, y $ 2 directo a instituciones privadas.

Estas cifras resultan elocuentes para imaginar el enorme salto que podría dar la calidad de la educación superior chilena si existiese educación gratuita financiada por el Estado, y además esto fuese acompañado de un fin efectivo al lucro. Hoy las instituciones o bien tienen fin de lucro y por tanto orientan su accionar a maximizar utilidades en lugar de incrementar calidad, o no lo tienen pero el acogotamiento que significa autofinanciarse genera prácticas similares. Si la educación fuera directamente financiada por el Estado, cada peso que hoy se va a un crédito podría ir a un libro para la biblioteca, un computador, contratar un profesor de planta, etc. Y la cantidad de recursos disponibles, únicamente para potenciar la calidad de nuestra educación, sería considerablemente mayor a la que existe actualmente.

Gratuidad es integración

Cuando las voces “filantrópicas” nos piden a gritos que por favor les dejemos pagar la educación de sus hijos, además de no decir que podrían pagar mucho más con sus impuestos, omiten otra cosa adicional. Detrás del acto de pagar un monto $ X, se esconde el ejercicio de lo que unas pocas familias chilenas consideran un derecho: educar a sus hijos lejos, bien lejos, de todos aquellos jóvenes cuyas familias no estén en condiciones de pagar esos $ X miles de pesos.

La realidad chilena es lapidaria: Chile es el segundo país de la OCDE con mayor segregación socioeconómica en su sistema educativo, tanto escolar como superior. Esto no es un asunto trivial. Cuando existe segregación, lo que emerge de aquello son niños y jóvenes que llegan a la vida adulta sin jamás haber tenido experiencia ciudadana alguna, sin haber experimentado enfrentarse a alguien socialmente distinto, cuestión que a la larga hace insostenible cualquier democracia.

Por contrapartida, hablar de integración en educación implica entenderla como el lugar en que el hijo de un trabajador y el de un próspero empresario pueden encontrarse como iguales en un marco de respeto a su diversidad. Educarse juntos, aprender el uno del otro, convivir, saber resolver sus diferencias en el marco de una comunidad compartida, saber tomar decisiones de vida considerando cómo éstas le afectan al otro que es distinto a uno. Todas estas experiencias son a todas luces las más deseables si entendemos la educación no solo como un aparato transmisor de conocimientos, sino también como formadora de ciudadanos. Y sólo son posibles en el marco de una educación gratuita.

Gratuidad es dignidad

Los últimos días miles de compañeros han revisado con ansiedad y temor su situación respecto a la nueva acreditación impulsada por el Mineduc para saber si mantendrán sus “beneficios”. En la Universidad de La Serena más de mil estudiantes podrían perderlos por un error administrativo en este mismo contexto. Lo anterior son sólo dos ejemplos que muestran la vulnerabilidad que significa depender de un formulario para saber que se podrá estudiar.

Educación gratuita significa saber que pase lo que pase, aunque se repruebe un ramo, aunque un familiar quede cesante o se enferme, aunque se cometan errores administrativos, la educación seguirá estando garantizada. Que no dependerá de la buena voluntad del gobierno de turno que se haya decidido a dar más becas, sino que está garantizada. Como debe ser para un derecho.

Ganamos todos

Un derecho social universal es aquel al cual no solamente acceden individualmente los miembros de una comunidad, sino que accede esta comunidad en su conjunto, la sociedad en cuanto tal. Cuando el movimiento social ha planteado que la educación debe ser entendida como un derecho social, se hace referencia a que la educación no es una materia individual: es un asunto de todos, tal como lo es la seguridad pública o las relaciones internacionales.

El discurso dominante en la historia reciente en Chile nos ha empujado a todo lo contrario: entender la educación, y muy especialmente la educación superior como una inversión individual. “Un beneficio directo y notorio para los que lo obtienen, de modo que no se justifica en absoluto la gratuidad de este tipo de educación”, dice textual el “Ladrillo” que sentó las bases del modelo económico y social chileno instaurado en la dictadura y profundizado en las últimas décadas.

No nos dicen con esto que la educación también tiene un retorno colectivo. Un hijo profesional devuelve e irradia mayor cultura a su entorno familiar y sociocultural. La existencia de profesionales capaces beneficia a toda la sociedad (un médico salvará más vidas, un ingeniero hará mejores puentes, etc.). Lo interesante es que en qué medida se considera colectivo o individual no está dado, sino que depende justamente de cómo construyamos nuestra educación.

Si hoy nos seguimos movilizando, si este miércoles 8 volvemos a las calles, es porque entendemos que hay dos maneras muy distintas de entender la educación. La que nosotros defendemos es radicalmente (es decir, desde su raíz) diferente al modelo educativo actual; esa diferencia pareciera no caber en las lógicas de los actuales políticos, pero nuestra convicción no cejará por ello. El movimiento social por la educación ha dejado claro lo que quiere: pasar de una idea de la educación entendida como un bien de consumo a entenderla como un derecho social universal. Si creemos en la gratuidad, es porque consideramos que en la educación debemos “invertir” todos como sociedad, porque con la educación ganamos todos.

– El autor, Andrés Fielbaum, es Presidente de la FECH

*Fuente: El Mostrador