Monsanto y el acuerdo con Cristina Fernández

El capitalismo en su fase salvaje y depredadora emplea a sus empresas transnacionales estadounidenses para acumular capital expandiendo sus negocios a costa de la utilización de los recursos naturales (suelos, agua) de terceros países a los que coloniza tecnológicamente y de los que extrae ganancias extraordinarias.

En Argentina, la presidenta Cristina Fernández, quien dijo estar obsesionada con el hecho de emplear a la ciencia y la tecnología en su proyecto de crecimiento con inclusión social- reproduce extrañamente un discurso que es funcional a la política de estos poderes económicos causantes de los problemas que se quisieran combatir discursivamente, aunque no en la práctica.

La evidencia muestra que los monopolios biotecnológicos son los causantes de la concentración del capital que al acumularse en pocos actores económicos, se ve impedido de su redistribución por parte de los Estados y gobiernos de los países en desarrollo que basan su economía en la agricultura. Sin embargo, la gravación de impuestos a la exportación de soja es suficiente en el caso argentino para justificar la alianza entre Monsanto y el gobierno a pesar de la experiencia traumática de crisis generada por el propio capitalismo salvaje en este país en el año 2001.

La ciencia y la tecnología no son neutrales y sirven a intereses concretos en los que la bio-agro-tecnología tiene un protagonista esencial: la multinacional estadounidense MONSANTO.

Cristina pone énfasis en que la Bio (en realidad debe decirse Agro) tecnología viene es la panacea que sacará del atraso a su país, es decir, que desarrollos de nuevas variedades de semillas genéticamente modificadas o transgénicas con investigaciones realizadas por científicos argentinos en trabajos financiados por créditos del BID o por empresas transnacionales como Monsanto, es la mejor salida para los ingresos y el crecimiento argentinos.

El último gran anuncio realizado por la presidenta sobre este tema fue el desarrollo de una semilla transgénica «nacional» (Intacta RR2 Pro), la nueva soja de Monsanto. El desarrollo realizado en un «joint venture» llamado Verdeca. La investigadora argentina (Dra. Chang) trabajó en la mutación de la semilla para adaptarla a los suelos locales con fondos aportados en una asociación de Bioceres (Arg.) y Arcadia Biociences (EE UU).
Según la propia empresa «Bioceres aporta a esta nueva empresa excelentes tecnologías y una red de relaciones con productores agropecuarios sin igual. Estos atributos, combinados con el compromiso de la empresa de desarrollar tecnologías que aumenten la productividad y la sustentabilidad de la producción de soja».

Más de un 40% de la soja del mundo es cosechada en Argentina y Brasil, concentrando un valor de producción de aproximadamente $50 Billones de dólares. «Arcadia Biosciences fue fundada en el 2002 con el fin de desarrollar y comercializar aquellas tecnologías basadas en la agricultura que crean un valor para los productores y consumidores, haciendo foco en el beneficio del medio ambiente y en la mejora de la salud humana», dicen ellos mismos.

Este discurso edulcorado es repetido por la presidenta argentina y es el mismo utilizado por los agroganaderos que confrontaron con ella en el 2008 cuando la soja era considerada un «yuyito», y el presidente de la oligarca Sociedad Rural sostenía que una gran parte de los costos del Campo era la tecnología que se aplicaba en la soja transgénica, fertilizantes, herbicidas, máquinas, tractores o cosechadoras computarizadas.

Arcadia dice en esta línea que «ha desarrollado un extenso portfolio de productos que incluye investigación genética, técnicas avanzadas en breeding e ingeniería genética».

En un viraje político espectacular, Cristina Kirchner viene afirmando ahora que la biotecnología es la llave para mayores crecimientos y generación de cadena de valor aunque aún no se ha develado cual es el plan, proyectos y programas que conducirán a ese resultado.

Lo que si sabemos es que Monsanto es especialista en realizar lobby presidencial y cooptar funcionarios, científicos y sectores de gobierno que influyan sobre las decisiones económicas de los mandatarios. En Argentina ocurrió tanto con el ex presidente Carlos Menem en la introducción de la soja transgénica en el país a través de Felipe Solá, segundo hombre de Monsanto en Argentina y ministro de Agricultura de Menem.

Ahora con Cristina Fernández se va a legitimar el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las semillas transgénicas de Monsanto, equivalente a la privatización lisa y llana de la agricultura.

Esta empresa ha sido denunciada reiteradamente por promover golpes de Estado (Paraguay) y estar detrás del movimiento destituyente de la propia presidenta argentina en 2008.

La historia cuenta que cuando Monsanto trata de introducirse en Argentina y desarrolla una propaganda a favor de los cultivos transgénicos desde el inicio de estos en 1996 en el suplemento Clarín Rural.

Ya desde febrero a noviembre de 1994, Monsanto inició los primeros contactos en Argentina y comenzó a infiltrar el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) que por décadas llevaba adelante la investigación para el desarrollo de variedades vegetales “mejoradas”. Monsanto se apoderó del capital genético estratégico del país a manos de empresas privadas como Monsanto y Nidera (la empresa semillero a la cual Monsanto entregó una licencia para la venta de semillas transgéncias) y les permitió el acceso a los archivos secretos del INTA cuyos equipos de investigación fueron comprados por esas empresas. Eso permitió a Monsanto crear la soja Roundup Ready sobre la base de variedades de soja desarrolladas en Argentina para los suelos nacionales.

El segundo hombre de Monsanto en el país era Felipe Solá, entonces ministro de agricultura que el 3 de abril de 1996 firmó la autorización para la comercialización de las semillas transgénicas “tolerantes al herbicida glifosato” sin ningún debate parlamentario, pruebas o ley que regulara los cultivos transgénicos.

Otro paso en la estrategia de Monsanto fue promulgar una ley de patentes que protegiera las variedades transgénicas como ocurre en Estados Unidos aunque ese objetivo no pudo lograrse en 1996 por la resistencia de los diputados y senadores ligados a los laboratorios farmacéuticos nacionales que ya habían perdido terreno ante la avanzada neoliberal del Departamento de Estado, la Embajada y Pfizer.

Expulsada la dupla De La Rua-Cavallo y superada la crisis económica del año 2001, Monsanto continuó presionando al ex Presidente Néstor Kirchner (acusado por Greenpeace)por el cobro de regalías que no percibía por su soja RR no protegida por patentes en Argentina y que constituyó uno de los principales problemas del ex Presidente con la Administración de J.W. Bush

Monsanto mientras tanto continuó juntando voluntades para crear primero la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología para financiar a través de préstamos del BID proyectos de desarrollos biotecnológicos para lo cual cooptó al Dr Lino Barañao. Luego crear luego un Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo de Barañao y crear un Polo Tecnológico que impulsara las nuevas variedades de plantas transgénicas de Monsanto.

Para finalizar el ciclo de negocios y ganancias extraordinarias Monsanto redactó en 2012 una «Ley de Semillas» que pronto será enviada al Congreso Nacional para su tratamiento (por eso Cristina resalta una y otra vez el tema de la biotecnología preparando el terreno)

La filtración del contenido del borrador de Ley de Semillas devela que la nueva ley obligará a los agricultores a:

a) “Adquirir las semillas de soja con tecnología RR2Bt las personas jurídicas y o físicas que hayan optado por este sistema (acuerdo privado) y lo cumplan”.

b) “Comercializ
ar el grano obtenido con aquellos exportadores o elevadores participantes del Sistema”.

c) “Utilizar las tecnologías RR2Bt o georeferenciar conjuntamente con Monsanto, los exportadores y elevadores del sistema los lotes del productor durante la siembra de la soja y las semillas a comercialización”.

d) “Pagar la tecnología en el momento de comprar la bolsa, al declarar el uso propio para la siembra o al comercializar el grano en el punto de entrega”. De no haberse abonado la regalía correspondiente con anterioridad al momento de entrega de los granos al exportador/elevador participante del sistema, el monto adeudado en tal concepto será percibido por dicho participante y remitido al proveedor.

Las modificaciones a la ley convalida una extensión de la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, extendiéndose al control sobre la comercialización de lo producido violando la Ley de patentes argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el uso propio gratuito de semillas que es el reconocimiento milenario al aporte del desarrollo tecnológico (germoplasma) que han realizado.

Cristina Fernández resulta a todas luces funcional al sistema económico al que atribuye responsabilidad en la creación de la pobreza que todavía se extiende en bastas regiones de la Argentina y que no parece se revertiran con el acuerdo llevado adelante con MONSANTO.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-124649-2009-05-10.html

http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/lavagna-el-empleado-del-mes-d/

http://www.verdeca.com/es/noticias/prensa/bioceres-y-arcadia-biosciences-constituyen-verdeca-un-joint-venture-de-tecnolog%C3%ADa

http://www.bioceres.com.ar/es/content/acuerdo-entre-bioceres-y-arcadia-biosciences-para-comercializar-semillas-de-soja-de-alto

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156218

Fuente: Observador de Patentes