Alfonso Cano: «Siempre será posible construir escenarios de negociación con el Gobierno»

11/06/2011 00:01
Alfonso Cano, cuyo nombre civil es Guillermo León Sáenz Vargas (Bogotá, 1948), es el comandante de la guerrilla más antigua del mundo. En esta entrevista con Público, la primera que concede a un medio de comunicación en 19 meses, el líder intelectual de la guerrilla analiza la época de Alvaro Uribe y mantiene qué es difícil avanzar en el camino hacia la resolución de la guerra civil que dura ya décadas con el nuevo mandatario Juan Manuel Santos. Cano contestó a las preguntas a través de un cuestionario que devolvió firmado el 21 de mayo de 2011 en «las montañas de Colombia».

¿Cuáles son las razones por las que luchan las FARC?

Nuestros objetivos son la convivencia democrática con justicia social y ejercicio pleno de la soberanía nacional, como resultado de un proceso de participación ciudadana masivo que encause a Colombia hacia el socialismo.

Son la guerrilla más antigua del mundo. ¿Siguen vigentes los motivos por los que iniciaron su lucha armada o éstos han cambiado con el tiempo?

En estos 47 años se desató una vertiginosa transformación en la ciencia y en la tecnología, se elevaron los índices de crecimiento económico en muchos países, colapsó el modelo soviético de construcción socialista e irrumpió incontenible la República China. Sin embargo, pese a todo ello y a muchas otras novedades trascendentes, el hambre creció en el planeta, las injusticias, las brechas sociales y los conflictos persistieron y aumentaron mientras que cerca de 10.000 individuos espantosamente adinerados deciden la suerte de miles de millones de personas. Las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos, y nacimos también, como actitud digna y beligerante de rechazo a la injerencia del Gobierno de EEUU en la confrontación militar y en la política interna de nuestra patria, tres razones esenciales que gestaron a las FARC tal como se señala en el Programa Agrario de Marquetalia elaborado y difundido en 1964. Una somera mirada sobre la realidad colombiana de mayo de 2011 nos muestra que, a pesar del contexto internacional reseñado, estos tres factores germinales persisten y se agravan en la actualidad.

¿Cree que es posible abrir un proceso negociador con el presidente Juan Manuel Santos?

Con el esfuerzo mancomunado de muchos sectores progresistas y democráticos interesados en una solución incruenta del conflicto, siempre será posible construir escenarios e iniciar conversaciones directas de horizontes ciertos, con cualquier gobierno, incluyendo al actual pese a que este, empezando con su mandato, redujo las posibilidades al imponer una ley que cierra puertas a diálogos dentro del país. Pero somos optimistas sobre la eventualidad de lograrlo.

Ante la negativa del Gobierno de aceptar canjes de rehenes por guerrilleros presos, ¿qué planes tiene para los secuestrados que siguen en poder de las FARC?

Le entiendo que usted se refiere a los prisioneros de guerra que tenemos en nuestro poder, porque una aproximación desapasionada, rigurosa y objetiva al tema, en una confrontación política, social y militar de cerca de 47 años, que enfrenta a dos adversarios debe aludir a prisioneros de guerra que las partes capturan en el devenir de esa confrontación, ¿cierto?. La negativa actual del gobierno al canje no tiene por qué arredrarnos en la aspiración de tener con nosotros, libres, a los camaradas presos en la actualidad y a que regresen a sus hogares los prisioneros, militares y policías capturados en combate, que tenemos en nuestro poder, a quienes sus familias también aspiran a tener de nuevo en su seno. Por encima de la indiferencia del Estado sobre los propios soldados, vamos a perseverar. Se sabe que mientras perdure una confrontación habrá prisioneros en poder de las partes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja es un organismo neutral encargado de velar por el cumplimiento del derecho internacional humanitario. En su último informe indica que «mientras las partes en conflicto adelanten los enfrentamientos armados en zonas rurales, la población que habita estas áreas vive en permanente peligro y está expuesta a violaciones del DIH como: homicidios y/o ataques a personas protegidas por el DIH: desapariciones forzadas; violencia sexual; toma de rehenes; reclutamiento forzado; malos tratos físicos y/o psicológicos; y desplazamiento forzado. La falta de respeto al principio de distinción entre combatientes y civiles, las presiones para colaborar generando represalias directas contra los civiles, la ocupación de bienes civiles privados o públicos y la contaminación por armas son otros factores agravantes que afectan la vida de las comunidades».

¿Cuáles de estas violaciones comete las FARC?

Para ser rigurosos habría que referir uno a uno los casos informados por el CICR y como este no es el espacio adecuado, le puedo comentar que para nosotros, lo primero y más importante de nuestra lucha es la población, no solo por razones de principios políticos e ideológicos, sino prácticos de la guerra. Únicamente en la medida que respondamos a las necesidades objetivas de la población en cada área, podemos resistir, crecer y avanzar. De lo contrario es imposible.

Hace años y dada la intensidad de los combates, difundimos unas normas de comportamiento para que la población civil no permitiera su utilización como escudo por parte de la fuerza pública que construye cuarteles en medio de los poblados, utiliza el transporte público para sus movimientos, entrevera caravanas de vehículos militares en medio del transporte civil para sus desplazamientos por carreteras, pernocta en las escuelas y colegios, etc., prácticas que la fuerza pública utiliza, creándole peligrosos riesgos a la población.

Eventualmente unidades nuestras pueden violentar las normas, pero como estamos regidos por unos Estatutos, unas Normas y unos Reglamentos de Régimen Disciplinario estricto, cimentados en una concepción revolucionaria de la vida, que armonizan las relaciones entre combatientes y también, las nuestras con la población civil garantizando una profunda, sincera, armónica y sólida relación, tomamos los correctivos que señalan nuestros documentos.

Respecto al DIH y a sus Protocolos adicionales, mantenemos algunas reservas porque, en ocasiones, dificultan la aproximación a ciertas situaciones, dado que fue concebido y diseñado para conflictos entre naciones y, pese a los protocolos adicionales, no siempre proporciona el justo equilibrio. Por ejemplo, calificar como «ejecuciones extrajudiciales» la homicida, criminal y sistemática práctica de las Fuerzas Armadas oficiales de Colombia durante los últimos 63 últimos años, de asesinar civiles, vestirlos con ropa militar y colocar armas a sus cadáveres para hacerlos pasar como guerrilleros «dados de baja» en combate, en un país que se ufana de ser un Estado de Derecho y cuya legislación no contempla la pena de muerte, posibilitó un trato benigno y celestino a los criminales, que ha escamoteado una condena drástica, vertical, diáfana y oportuna al terror desarrollado por el Estado colombiano desde hace más de 47 años.

La norma sobre el uso de armas no convencionales, es una reglamentación para la guerra entre naciones que no puede abarcar a movimientos populares como el nuestro que se armó desde un comienzo con palos y machetes para defenderse de una agresión gestada y ejecutada por el Estado, con la contribución militar, financiera y tecnológica de la Casa Blanca. Equivale a recriminar al bíblico David porque utilizó piedras para defenderse de la agresión del coloso Goliat.

Valdría la pena trabajar un escenario internacional donde analizar, desde diferentes ópticas, estas situaciones y otras del mismo tenor e intercambiar conceptos sobre la «neutralidad» que por encima de cualquier consideración, deben mantener quienes se reclaman sus garantes.

Las FARC hacen uso de minas antipersona, entre otras cosas contra operaciones de erradicación manual de cultivos de hoja de coca. ¿Por qué continúan usando un arma prohibida por el derecho humanitario y que todo el mundo acordó en 1998 erradicar en el Tratado de Ottawa o la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales?

Le reitero que acerca del armamento utilizado por la guerrilla en su lucha de resistencia, en la irregularidad de su táctica y como consecuencia de la asimetría que caracteriza una confrontación como la colombiana, será necesario que en un escenario internacional ampliamente representativo, con la presencia de la guerrilla revolucionaria por supuesto, nos ocupemos de abordar este tema con objetividad, sin mentiras, buscando unas conclusiones realistas que todos podamos acatar rigurosamente, incluyendo a los gobiernos. Es ridículo, por calificarlo de alguna manera, que cuando el Estado colombiano lanza operativos contra insurgentes en una proporción de 100 militares por cada guerrillero, con bombardeos de ablandamiento ejecutados con miles de toneladas de pentolita , realizados por una aviación dotada de cohetes de todo tipo, ametrallamientos desde sus centenares de helicópteros gringos y rusos de última tecnología, fuego de artillería con morteros de 120 mm, salgan luego los altos mandos militares a quejarse y a denunciar, porque muchas de sus unidades cayeron en campos minados en tan desigual teatro de operaciones. O, como también sucede, es criminal forzar a civiles a servirles como guía en sus labores de rastreo y seguimiento con consecuencias muchas veces lamentables para quienes han sido obligados. O, como sucede en otras ocasiones, es perversamente fariseo dar dinero a civiles para que ejerzan como soplones, quienes buscando información, muchas veces son víctimas de la confrontación.

Sin duda, nadie puede escatimar esfuerzos por separar a la población civil del conflicto. Esto debe privilegiarse en todos y cada uno de los hechos que se acometan como parte del conflicto, pero como entender esto en el caso de Colombia, donde el gobierno nacional desató una intensa campaña para reclutar civiles como informantes a cambio de dinero, integrándolos a un aparato llamado Red de Cooperantes, ¿se estarán ciñendo a las normas del DIH?. ¿O existe una contradicción entre su discurso maniqueo frente a la normatividad internacional y las políticas que desarrolla?. Son muchos los temas que deberá abocar una reunión de actualización del DIH, en la que sería vital la participación de los Estados Unidos de Norteamérica para también analizar la sindéresis entre las exigencias que hace al resto del mundo respecto a los Derechos Humanos y su práctica cotidiana y universal.

¿Tienen futuro las FARC si se mantienen al margen del narcotráfico? ¿Qué relaciones tienen ahora con el cultivo y tráfico de drogas? ¿Es hoy en día su principal fuente de financiación? ¿Cuánto dinero ingresan al año por este concepto?

Nuestra lucha por permanecer al margen del narcotráfico no ha sido fácil ya que en los últimos 30 años Colombia ha sido permeada y contaminada, de pies a cabeza, por los dineros del narcotráfico: las instituciones del Estado sin excepción, la industria, la banca, el comercio, la política, el deporte, el agro, la farándula, las fuerzas militares y de policía, y en general, el conjunto del tejido social.

La guerra contra las drogas decretada por la Casa Blanca ha sido un fracaso, especialmente en Colombia pues ha dejado una enorme estela de sangre, desintegración social y pérdida de valores sustantivos de la ética y a moral, mientras que el área sembrada de coca oscila pendularmente entre las 90 mil y las 180 mil hectáreas y el país continúa a la cabeza del tráfico mundial, según informes de diversos organismos internacionales.

De tiempo atrás, hemos manifestado nuestro acuerdo con la legalización o con la despenalización que, desde las épocas del premio nobel norteamericano Milton Friedman hasta hoy incluyendo a 4 expresidentes latinoamericanos y a gran cantidad de personalidades y organizaciones del mundo entero, se promueve como salida realista para liquidar definitivamente las enormes ganancias de este tráfico, manejar su creciente consumo como un problema de salud pública y desarrollar estrategias preventivas con la certeza de su superación definitiva.

En épocas del Caguán, en sesión especial ante embajadores y representantes de diversos países y organismos multilaterales, presentamos un plan detallado para experimentar en un área delimitada una estrategia de sustitución de cultivos que desestimulara a los campesinos cultivadores de coca y les contribuyera en la creación de alternativas económicas ciertas. Muchos narcotraficantes y dirigentes políticos de los partidos de gobierno se atravesaron a la propuesta y la frustraron.

El narcotráfico no es un problema de las FARC. Es un fenómeno nacional, latinoamericano y mundial al que se le debe hacer frente con una estrategia nacional y convergente encabezada por los primeros responsables y también grandes víctimas de este cáncer: los países desarrollados.

Quisiera serle taxativo en esto: ninguna unidad fariana, de acuerdo a los documentos y decisiones que nos rigen, pueden sembrar, procesar, comerciar, vender o consumir alucinógenos o sustancias psicotrópicas.

Todo lo demás que se diga, es propaganda.

Al margen del narcotráfico, ¿cómo se financian las FARC?

Las FARC – EP tenemos tres fuentes básicas de financiación: aportes de amigos y simpatizantes que creen sinceramente en el compromiso revolucionario de las FARC y en la causa por la que luchamos; impuestos que cobramos a los ricos, a través de la ley 002 y, rentas generadas de inversiones que mantenemos.

Las FARC han sufrido sus golpes más duros durante el Gobierno de Uribe, como la Operación Jaque, la Operación Fénix, la Operación Camaleón… ¿En qué situación se encuentra la guerrilla? ¿Cuáles son sus efectivos y qué territorio controla?

Para ser sinceros el golpe más serio y de mayor calado lo recibimos luego de la segunda conferencia guerrillera realizada en 1966, en el departamento de Quindio, donde perdimos gran cantidad de combatientes y el 70% de las armas. Solo hasta la quinta conferencia, después de muchos años, pudo decir el comandante Marulanda: «Por fin nos hemos repuesto del mal que casi nos liquida».

Operativos como Jaque, desarrollado a partir de la traición del jefe de la unidad guerrillera que vendió los prisioneros de guerra bajo su custodia, no tienen las connotaciones promocionadas por el Gobierno. Innumerables veces hemos rescatado nuestros presos de las cárceles del Estado. Son hechos de guerra que llaman a las partes a tomar nuevas medidas de seguridad. No modifican ni la concepción, ni los diseños operacionales ni mucho menos la estrategia de nuestra fuerza.

En los últimos 9 años, y como consecuencia de la mayor injerencia militar de Washington en los asuntos internos de Colombia, la guerra se ha intensificado. Hemos sufrido golpes. Las muertes de Raúl, de Jorge, de Iván Ríos y de muchos camaradas, nos duelen y nos generan ese dolor revolucionario que desata, incontenible, mayor compromiso con nuestros ideales de socialismo. Ya las hemos asimilado. Con el legado y ejemplo de nuestros héroes y mártires, las nuevas promociones toman su lugar y trinchera, nuevas promociones de revolucionarios dispuestos, como los más antiguos, a darlo todo, hasta la vida, por los objetivos de la Nueva Colombia.

Pero, se sabe que en toda guerra hay muertos, de ambos bandos, y la colombiana no es la excepción.

También estos 9 años, han demostrado el tamaño y la calidad del compromiso de las FARC con nuestros ideales de cambio y de transformación revolucionaria. Como es evidente en los partes militares también hemos golpeado a las fuerzas militares y paramilitares del estado, a las institucionales y a las para institucionales, a todas, incluyendo aquellas que tiran la piedra y esconden la mano, que cínicamente dicen desconocer la estrategia de los «falsos positivos», que niegan ante los medios su contubernio con el narcoparamiliarismo, pero le abren en la oscuridad de la noche las puertas secretas de sus palacios, mansiones y haciendas para conspirar contra la convivencia, la democracia y contra el pueblo.

Las FARC mantenemos nuestra influencia, sólida influencia, en las áreas donde existimos, por todos los rincones de la geografía nacional, nacida y cimentada en la justeza de nuestros planteamientos políticos, en nuestro trabajo y ayuda permanente a las comunidades, respeto hacia todas ellas y por nuestra autoridad surgida del compromiso sincero del que no pretende nada a cambio de su esfuerzo, salvo la satisfacción de aportarle esperanza al pueblo en su propia capacidad de movilización, organización, lucha y en su futuro bienestar.

No le puedo comentar cuántas unidades conforman las FARC – EP porque somos una organización irregular. Pero, accionamos, trabajamos y luchamos en todo el territorio nacional.

¿Qué hay de cierto en el supuesto contenido del ordenador de Raúl Reyes?

Los elementos que pudieron haber quedado funcionando, luego del bombardeo sobre la humanidad del Camarada Raúl y su guardia, fueron manipulados al amaño del gobierno. Ni la propia INTERPOL quiso comprometerse con las truculencias de Alvaro Uribe y manifestó públicamente, luego de un detallado análisis, que había sido quebrada la Cadena de Custodia, lo que significa, en buen romance, que luego de la muerte de Raúl se manipularon los contenidos del disco duro «sobreviviente», si fue que lo hubo luego de semejante infierno de explosivos. Se trataba de inventar y retorcer acontecimientos para chantajear a las FARC y a muchos amigos de la paz de Colombia con ese estilo muy particular que caracteriza al señor Alvaro Uribe y que impuso a toda su administración. Esta semana que termina, la Corte Suprema de Justicia declaró como ilegal cualquier prueba levantada sobre los llamados computadores de Raúl Reyes, precisamente porque se manipularon los materiales supuestamente encontrados y además se desvirtuaron los procedimientos judiciales.

Curiosamente, no trascendieron informes que nos llegaban y que el Comandante Raúl debía de conservar, por ejemplo, alrededor de los pagos a altos oficiales de la policía, hoy generales, que hizo el narcotraficante Wilber Varela y que comentó personal y detalladamente a uno de nuestros comandantes en el Valle del Cauca el coronel Danilo González, quien aún en servicio activo, buscó a las FARC pretendiendo la liberación de unos sospechosos que habíamos retenido; tampoco se mencionaron informes precisos alrededor de la utilización plena del DAS por parte del paramilitarismo con la total anuencia del Presidente de entonces, ni de los encuentros, whisky en mano, en Bogotá, de jefes paracos con «prestantes» personalidades linajudas para planificar las agresiones contra la izquierda, ni otras muchas que harían muy larga esta entrevista y que seguramente no incluyeron en las copias que han ido regalando, a algunos de sus gobiernos amigos, a la CIA, al MI5 y al MI6 ingleses, al MOSSAD israelí y a otros que continúan publicitando inverosímiles historias a través de sus organizaciones de bolsillo.

¿Cree usted que el proceso de desmovilización de paramilitares impulsado por la ley de Justicia y paz ha sido exitoso? ¿Cuál es su opinión sobre este proceso?

Ese proceso se planificó y ejecutó como una farsa para sacar en limpio a los verdaderos jefes del paramilitarismo luego que Alvaro Uribe, uno de ellos, ganó las elecciones presidenciales en el 2002.

Como cobertura, utilizaron a narcotraficantes y sicarios con ínfulas de jefes contrainsurgentes, a quienes prometieron estatus político y respeto a sus incalculables fortunas. Luego los desecharon, en una historia que se recicla donde la aristocracia y algunos trepangos delinquen buscando el poder y la riqueza utilizando a criminales y bandidos, a quienes luego condenan, encarcelan o mandan asesinar en un repetido espectáculo de escarnio público.

El país sabe que el paramilitarismo es una estrategia del estado para asesinar sistemáticamente opositores, buscando ocultar la sangre que mancha hasta la médula a las instituciones públicas, detrás de bandas de sicarios y delincuentes de apariencia civil.

La oligarquía colombiana, impotente en su lucha contra los avances de la insurgencia revolucionaria, se entregó a la práctica paramilitar a la que posteriormente, en las décadas del 70, articuló con el naciente narcotráfico dando origen al narcoparamilitarismo, ensalzado y consentido socialmente por los poderosos durante largos años, quienes ahora luchan por zafarse del estigma y por lavar sus propias porquerías.

A los narcos que creyeron en sus palabras, los exhibieron y promocionaron como grandes jefes contrainsurgentes y luego, los extraditaron a los Estados Unidos con el fin de silenciarlos. Tiempo después, cuando desde allá y por la presión de las víctimas procedieron a confesar villanías, a mencionar a sus compinches, socios, contactos, mecenas políticos y militares, la oligarquía utilizó sus medios para sembrar la duda: ¿cómo creerle a un criminal y no a un aristócrata, a un político tradicional o a un prestigioso general de las Fuerzas Militares?.

La ley de justicia y paz, ha sido una gran farsa, que pasó por la venta de títulos como «comandantes paramilitares» a sicarios narcotraficantes, pasó también por las fotos de grandes «desmovilizaciones» de desempleados y bandidos contratados para la ocasión con fusiles y armas compradas para la fotografía, y terminará con la absolución de Álvaro Uribe, en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes del Parlamento colombiano, salvo que los millones de afectados por esta criminal estrategia le impriman una mayor dinámica a sus esfuerzos y luchas y se reciba mayor solidaridad mundial. Solo así en Colombia, como sucedió en Argentina y otros países, se podrá condenar también a los responsables materiales e intelectuales de las negras y sangrientas noches en que hundieron el país.

¿Por qué tiene sentido la lucha armada para las FARC y no la defensa a través de vías democráticas de los ideales políticos y las transformaciones socioeconómicas que consideran necesarias?

Porque en Colombia a la oposición democrática y revolucionaria, la asesina la oligarquía. La masacre de la Unión Patriótica es la muestra palmaria.

A todo líder, a cualquier organización no oligárquica que amenace los poderes establecidos, lo asesinan o la masacran como parte de una estrategia oficial de Seguridad Nacional. Los poderosos la han instituido como característica de la cultura política y ahora la han incrustado en la concepción del Estado.

Extensos pasajes de la historia nacional que datan desde septiembre de 1828 cuando las facciones progringas colombianas de entonces atentaron contra el Libertador Simón Bolívar, hasta estos años, pasando por el asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, del líder liberal Rafael Uribe Uribe, de Jorge Eliécer Gaitán, de Jaime Pardo Leal, de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo Ossa, de Manuel Cepeda Vargas y de centenares de líderes más, parecieran ratificar un viejo y descarnado aserto popular: la oligarquía colombiana no entiende sino el lenguaje de los tiros.

Aquí en las FARC pensamos que a pesar de esa histórica agresión antipopular que caracteriza el devenir nacional, es realista e inaplazable trabajar la construcción de espacios de convergencia, donde entre todos los colombianos construyamos los acuerdos que cimenten la convivencia democrática. El comandante Jacobo Arenas insistió en que el destino de Colombia no podía ser la guerra civil, en consecuencia hemos luchado, una y otra vez, por encontrar con los distintos gobiernos, la salida política al conflicto colombiano. NO se ha logrado porque la oligarquía piensa en rendiciones y nosotros en cambios de fondo, democráticos, a la vida institucional y a las reglas de convivencia, pero no por ello, cejaremos de luchar la solución incruenta como esencia de nuestra concepción revolucionaria y sustento de la Nueva Colombia.

¿Qué lecciones sacaron de la creación del partido Unión Patriótica?

Fue una experiencia tan llena de riqueza como dolorosa, que debemos analizar y referenciar permanentemente. Dentro de sus muchas lecciones le podría mencionar algunas como lo difícil que es avanzar en un proceso de solución política, cuando la oligarquía colombiana mantiene sus estrategias de paz de los sepulcros y Pax Romana, pues frente a este proyecto mostró su mezquindad y fue esencialmente sanguinaria y cruel. Prefirió el asesinato de cerca de 5000 dirigentes democráticos y revolucionarios en una razzia de corte hitleriano, que abrir espacios a todas las vertientes de la izquierda, hecho que de haberse logrado hubiese generado una nueva dinámica en la confrontación política y posibilitado la concreción integral de los Acuerdos de La Uribe hace más de 25 años.

Con el exterminio de la UP no solo perdió una generación casi completa de dirigentes revolucionarios, la mayoría de ellos de gran dimensión política e inmensos valores éticos, cuya ausencia hoy es notoria en el escenario público de la nación como del continente, también se frustró por muchos años, la posibilidad de firmar un acuerdo de convivencia.

La experiencia de la UP nos enseñó que cualquier avance hacia la paz que surja de acuerdos exige la transparencia, que todo tropiezo debe clarificarse antes de emprender un nuevo escalón, pues los Acuerdos de La Uribe, origen de la UP, fueron saboteados por el Alto Mando militar desde el primer momento a pesar de lo cual, todos los comprometidos con dichos acuerdos, luchamos como Quijotes, por sacarlos adelante.

Pero logra la firma de acuerdos de paz en La Uribe en 1984 y garantizar su cumplimiento total hasta culminarlos, fue imposible. Así que los colombianos que emprendimos con gran optimismo y mayor entusiasmo una histórica jornada por la convivencia, perdimos esa batalla civilizada frente a los «enemigos agazapados de la paz», que hoy ya no se esconden tanto.

Un proceso de paz exitoso, tiene como premisa ineludible, el respaldo lento, decidido, transparente y activo, de la mayoría de la población.

No me cabe la menor duda que las nuevas generaciones de colombianos, en un futuro cercano, rendirán honores y harán reconocimiento a los mártires de la Unión Patriótica que «a pecho descubierto» lucharon por un mejor país para sus hijos, por la democracia y la convivencia, con una generosidad, un desprendimiento y una valentía ejemplares.

Destacados líderes políticos de izquierdas colombiano han dicho a Público que creen que la existencia como guerrilla de las FARC es la responsable de la «derechización extrema» de la sociedad colombiana, ya que «izquierda» se asocia a guerrilla. ¿Está usted de acuerdo?

Digamos genéricamente, que se está a la izquierda si se prioriza lo social, la democracia popular y los cambios revolucionarios, en oposición a quienes privilegian la ganancia económica, el hegemonismo burgués y la defensa del statu quo. No se trata solo de estar al lado izquierdo de la derecha, sino de defender integralmente intereses de clase, populares. Integralmente.

Puntualizo para comentarle que no he escuchado a ningún destacado dirigente, de izquierda, afirmar lo que menciona en su pregunta.

En Colombia los hay, bastantes, muy importantes y muy consecuentes, que con enorme responsabilidad y altura discrepan de la lucha armada revolucionaria, se apartan de ella, pero entendiendo sus circunstancias históricas, trabajan por encontrar los caminos de la solución política respetando el compromiso de quienes combatimos desde la insurgencia y, priorizando sus debates contra la oligarquía y contra el neo coloniaje imperial, verdaderos generadores de la violencia en Colombia.

De pronto existan quienes han militado en la izquierda y ya no defiendan sus posiciones originales sino las del régimen, como sucede en muchas partes del mundo. Habrá que respetar sus nuevas posturas, pero sin inscribirlos como defensores de los intereses populares ni ubicarlos a la izquierda en el ajedrez de la política.

También puede darse el caso de quienes pretenden ocultar sus propias fallas, tras el esfuerzo ajeno.

La lucha nuestra desde Marquetalia es por la democracia, por la posibilidad cierta de desarrollar una acción de masas, abierta, por los cambios revolucionarios y el socialismo. Y esta opción, es la que ha saboteado a tiros la oligarquía colombiana.

Asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, legislaron con el anticomunismo como soporte durante la dictadura militar, crearon el Frente Nacional bipartidista para excluir y perseguir a los revolucionarios, y aprobaron una Constitución en 1991, con elementos positivos en su diseño y textos, que dejó intacta la concepción de Seguridad Nacional del enemigo interno que campea desde hace un poco más 47 años en nuestro país. La misma del paramilitarismo y los falsos positivos.

La derecha, en Colombia y en todo el mundo, propagandiza y difunde sus pretextos, reales o ficticios, para confundir, atacar y desvirtuar las luchas populares por bienestar y progreso social. Y utiliza variedad de formas para ello, incluyendo a muchos quienes algún día algún día fueron activistas de la izquierda.

En los tiempos que corren, con el desarrollo de los medios de comunicación, no hay confusión posible. Quienes defienden el orden existente, no lo pueden ocultar.

La confrontación en Colombia se ha prolongado demasiado. Luchar y clamar por la paz es expresión de un sentimiento profundamente popular y revolucionario.

Las FARC firmaron un pacto de no agresión con la guerrilla del ELN en diciembre de 2009. ¿Qué obstáculos ha habido en su implementación?

Tanto el Comando Central del ELN como el Secretariado del Estado mayor Central de las FARC – EP, hemos reconocido con sentido autocrítico, el error que significó no detener drástica, tajante y oportunamente los roces que se fueron dando en diversas áreas del país, entre combatientes de las dos fuerzas, de tiempo atrás.

Ahora, trabajamos con enorme convicción revolucionaria en todas esas áreas por superar, definitivamente, las asperezas, los mal entendidos, las emulaciones mal hechas y los enfrentamientos. Es un proceso complejo, teniendo en cuenta la coyuntura actual, de intensa confrontación política y militar con el Estado. Pero vamos avanzando con solidez.

La autocrítica es a fondo y en eso estamos. Falta tiempo, hay mucho terreno por recorrer pero avanzamos en firme haciendo conciencia, a todos los niveles de nuestras organizaciones, que somos parte del mismo contingente de lucha popular, revolucionaria, antiimperialista, bolivariana y socialista. Y que ello es lo que fundamenta la forma de relacionarnos, las convergencias que debemos trabajar y luchar para elevar a nuevos niveles la necesaria estrategia unitaria de los revolucionarios colombianos.

Recogimos el legado del gran revolucionario, el sacerdote Camilo Torres Restrepo de enfatizar lo que nos une. Las divergencias las debemos ventilar y airear en mecanismos que estamos creando para ello.

Estamos obligados a ser ejemplo de unidad. Y de madurez. Así también le contribuiremos a la unidad popular de los colombianos, proyectando en los hechos la prioridad «del bien común» por encima de cualquier interés particular.

Nos falta un buen trecho, pero ya lo empezamos. Y eso es lo estratégico.

Según un auto de la Audiencia Nacional, dos testimonios de antiguos miembros de las FARC implican al Ejército de Hugo Chávez en los cursillos de adiestramiento que ETA impartió a los guerrilleros colombianos en suelo venezolano. Los relatos de los arrepentidos forman parte de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía. En el apartado del auto dedicado a los «hechos» se describe cómo en agosto de 2007 dos presuntos miembros de ETA impartieron en la selva venezolana dos cursos sobre manejo de explosivos a guerrilleros de las FARC. ¿Han tenido en el pasado las FARC relación con la banda ETA? ¿Mantienen relación en la actualidad y, en caso afirmativo, en qué consiste?

La experiencia de las FARC en materia de explosivos tanto de su fabricación, como de su almacenamiento y utilización es larga y abundante, lo que desde hace mucho tiempo nos permite autoabastecernos sin recurrir a ningún tipo de ayudas, simplemente porque no lo hemos necesitado. Tenemos nuestros propios instructores. Así de simple. Esto para rechazar las afirmaciones sobre tales cursillos con personal extranjero que solo pretenden afectar al gobierno bolivariano de Venezuela.

En Colombia, a partir de ofrecimiento de dineros, viajes a Europa y rebaja considerable de penas, algunos desertores, se prestaron para atestiguar en contra nuestra y favorecer políticas nacionales o internacionales del gobierno de Álvaro Uribe. Pero como la mentira no perdura, los montajes que fabricaron a partir de miles de falsos testimonios se están desmoronando. Todos caerán como castillos de naipes.

Por ejemplo, actualmente cursan investigaciones penales y administrativas, de la Fiscalía y también de la Procuraduría General de la Nación, contra altos funcionarios del gobierno Uribe y contra altos mandos militares de la época, por las comedias que montaron, farsas, falsas deserciones llenas de infames afirmaciones como parte de su ofensiva contra las FARC.

El mundo se está enterando cómo en el departamento del Tolima también se reclutaron bandidos y desocupados, con quienes «formaron» una columna guerrillera, los vistieron con uniformes militares, les dotaron algunos fusiles viejos y otros muchos de palo, llamaron a los periodistas, les tomaron fotos, peroraron una diatriba insulsa, les dieron algún dinero a los farsantes, difamaron sobre muchos ciudadanos a quienes luego encarcelaron y, luego, felices ratificaron que el fin del fin estaba cerca, incluyendo al presidente de entonces.

Dijéramos que esa fue una tónica general del gobierno colombiano anterior, buscando imponer sus políticas fascistas, levantó todo tipo de aduanas morales, legales, éticas, discrecionalmente, para otorgarse la licencia de calumniar, difamar, mentir e inventar. Valdría la pena que la justicia española verificara y confrontara a fondo las informaciones que le fueron proporcionadas en ese entonces.

Nuestras relaciones, que en este momento tienen carácter clandestino, con gran cantidad de organizaciones democráticas y revolucionarias del mundo, armadas y civiles, están regidas por las conclusiones de la Conferencias Guerrilleras que, como ya señalé, orientan sobre el no desarrollo de acciones militares en otros países, respetando la soberanía de cada país y las luchas de cada pueblo.

¿Es cierto que las FARC pidieron apoyo a ETA para atentar contra varias personas, entre ellas el presidente, Álvaro Uribe, cuando visitara España o la UE?

Esa es la propaganda que se hacía el mismo Uribe, en Colombia y en el exterior, para proyectar una imagen de víctima.

Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a Remedios García Albert, a quien consideran vinculada con las FARC. ¿Tienen las FARC vínculos con Remedios García Albert?. En caso afirmativo, ¿en qué consisten?

No conozco vínculos de Remedios García con las FARC. A ella, la referencio exclusivamente por una mención periodística de las autoridades colombianas, durante el periodo de incontinencia propagandística que sufrió el gobierno alrededor del supuesto ordenador del Comandante Raúl Reyes. Nunca antes ni nunca después la escuché nombrar. Podría afirmar, si de algo sirve, que en los tiempos de las conversaciones de paz en el Caguán, gran cantidad de personas venidas del mundo entero, a título individual o como representantes de organizaciones de muy diversa índole o de gobiernos, hicieron presencia e intercambiaron opiniones con nuestros representantes alrededor del proceso que se adelantaba. No podría agregar nada más al respecto.

¿Qué relación mantienen con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador?

Si usted me lo permite, preferiría abstenerme de una respuesta alusiva a nuestras relaciones con cualquier gobierno del mundo.

¿Creen que España puede jugar algún papel en la solución del conflicto colombiano? ¿Cuál?

Siempre hemos percibido positivamente la participación de la comunidad internacional en la solución política del conflicto. Pero, dadas sus características actuales y las permanentes y agresivas declaraciones oficiales, es necesario que le demos tiempo al tiempo.

¿Qué sabe de los falsos positivos? ¿Por qué las FARC no han difundido más revelaciones sobre ese tema?

El asesinato sistemático de civiles en estado de indefensión por parte de militares y policías, y su posterior presentación como «guerrilleros dados de baja en combate», es una práctica institucional en Colombia, desde el año 1948.

No es algo novedoso ni mucho menos. Hace parte de una guerra sucia desarrollada por el Estado colombiano contra «el enemigo interno» que también concibe y ejecuta el asesinato selectivo de líderes políticos de la oposición, de dirigentes sindicales comprometidos con los trabajadores, la desaparición de activistas revolucionarios, las torturas, el terror y las masacres que intimiden y generen miedo, parálisis, pánico y desplazamiento.

Todo ello se ha denunciado y se continúa denunciando. Existen centenares de libros, miles de denuncias, millares de evidencias y de pruebas que demuestran la responsabilidad del Estado colombiano en el desarrollo de esta estrategia, solo que hasta ahora, la comunidad internacional acepta la tesis oficial que señala como hechos aislados, bajo la responsabilidad de algunas manzanas podridas, esta criminal práctica institucional.

Son centenares de miles las víctimas civiles de la guerra sucia que el Régimen ha emprendido, según afirma, en «defensa de las instituciones y del Estado de Derecho».

A mediados de los años setenta, la estrategia oligárquica de terror fundió sus prácticas paramilitares con el narcotráfico, bajo la dirección y jefatura de poderosos empresarios, destacadas personalidades de la política tradicional y altos mandos militares, con el objetivo de intensificar sus crímenes y atesorar dineros provenientes del narcotráfico, pero ocultando a sus verdaderos jefes y orientadores.

Hoy, muchas evidencias empiezan a salir a flote, desde las farsas de las cárceles asignadas a los militares y políticos responsables de crímenes atroces, pasando por la usurpación masiva de tierras por parte de hacendados, militares, industriales y dirigentes de los partidos tradicionales, acuerdos políticos empapados de sangre entre gamonales y narcos, enriquecimiento desmesurado e inusitadamente rápido de un reducido sector social vinculado a los distintos gobiernos de estos años, institucionalidad permeada casi sin excepción por dineros mafiosos y al servicio de estos, hasta los nexos del alto gobierno con esta estrategia que por lo pronto visibiliza a dos de sus «eminentes» cabezas, el señor Narváez y Álvaro Uribe Vélez.

Y, aunque hasta hoy no hay militares condenados por los llamados «falsos positivos», la sociedad avanza en la lucha por llegar al fondo del problema, por determinar cada situación con precisión, castigar a los autores materiales y también a los autores intelectuales y determinadores, lo que inevitablemente alcanzará la reglamentación militar existente, inspirada, concebida y diseñada bajo la óptica de la Seguridad Nacional pregonada por Washington desde los tiempos de la guerra fría, que fue uno de los temas tabú en la Constituyente de 1991 y causa de fondo de los miles y miles de muertos de todos estos años. Colombia perdió mucho tiempo por ese veto que impuso la oligarquía en los conciliábulos de aquellos años.

Tamaña equivocación, no puede repetirse. Las soluciones que requiere el país son estructurales, si queremos la reconciliación sobre bases ciertas y no zurcir otro remiendo como aquel de 1991. Por eso también es trascendente, que si logramos construir un nuevo escenario en función de la solución incruenta, en algún momento puedan participar representantes de la fuerza pública, donde seguramente muchos de sus integrantes, sin responsabilidades en las bajezas de la guerra sucia, también estarán clamando por la reconciliación y la reconstrucción nacional.

A raíz de la muerte de Jorge Briceño en un bombardeo el 22 de septiembre, el presidente Santos reiteró que ahora sí se vislumbraba el fin del fin de las FARC. ¿Qué opina sobre esto?

Desde 1964 hemos conocido tal declaración oficial en boca de distintos presidentes y ministros de guerra, en ocasiones haciendo de agoreros, otras veces en forma de promesa y otras a manera de amenaza, siempre con la pretensión de ocultar las raíces del conflicto que hicieron necesaria la existencia de las FARC.

Así, han justificado la violencia terrorista del Estado.

Así, han incrementado año tras año el presupuesto militar y policial, para solaz de los generales y de los señores de la guerra.

Así, han ocultado desde hace tiempo su propia incapacidad, su intransigencia y la profunda corrupción que corroe las instituciones oficiales.

Así, pretenden cubrir su vergonzoso y humillante arrodillamiento frente al Pentágono Norteamericano y a la Casa Blanca.

Mientras no aboquemos seriamente, entre todos, la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales del país, la confrontación será inevitable. Unas veces más intensa, otras no tanto. En algunos momentos con la iniciativa militar del Estado, en otros, con la iniciativa popular, en una trágica ciclotimia que debemos superar, inteligentemente, con grandeza histórica.

Como prosigue la confrontación, habrá más muertos. De lado y lado. Más tragedias para el pueblo. Y no llegarán la paz y ni la convivencia para Colombia.

No se trata de la muerte de uno o de otro comandante guerrillero. El conflicto no es tan sencillo ni tan simple. Las circunstancias históricas del país son muy particulares. La existencia de guerra de guerrillas revolucionarias en Colombia no es consecuencia del voluntarismo de un puñado de valientes o de unos aventureros, o de unos «terroristas» o de unos «narcoterroristas», tales calificativos podemos dejárselos a la propaganda oficial. La insurgencia colombiana es reflejo del sumun de una serie de factores estructurales que los distintos gobiernos no pueden empecinarse, terca y criminalmente, en desconocer.

La oligarquía colombiana ha conformado una fuerza pública armada de más de 500 mil hombres, en un país de alrededor de 45 millones de habitantes con enormes necesidades y carencias. ¡Inaudito!. Cerca de la quinta parte del presupuesto nacional del año entrante han sido aprobados para gastos militares. Se invirtieron casi $10.000 millones de dólares de ayuda norteamericana en el Plan Colombia, para una guerra fracasada. Sin embargo la confrontación prosigue.

Cuando bombardearon el campamento del comandante Jorge Briceño, con casi un centenar de aeronaves que dejaron caer miles y miles de toneladas de explosivos durante muchos días, en un dantesco infierno. Instalaron en la periferia del lugar de tiendas de campaña con espejitos y regalos y ropa nueva, zapatos Reebock y Nike invitando a los guerrilleros a través de altoparlantes durante semanas, a la traición y a la deserción.

Todo lo que obtuvieron fue una heroica respuesta militar de la guerrillerada, colmada de moral y de conciencia revolucionaria, que produjo centenares de bajas en la fuerza de ocupación oficial y la solicitud masiva de ingreso de nuevos guerrilleros en la región y en muchas otras zonas del país.

La cercanía de la paz democrática, de la convivencia y de la justicia social no se puede medir en litros de sangre. Eso lo sabe el país y por supuesto el presidente Santos.

En su último informe ONG colombiana Nuevo Arco Iris, que hace seguimiento al desarrollo del conflicto militar cruzando informaciones oficiales y de analistas, aunque reconoce la supremacía aérea del gobierno, ha dicho que los combates en tierra les son notoriamente adversos.

¿Cuáles son los resultados reales de esta larga confrontación?

Al respecto tan solo quisiera anotar que diariamente hay combates y hechos de guerra entre la guerrilla revolucionaria y la fuerza pública institucional y parainstitucional en la mayoría de los 32 departamentos del país, donde se obtienen victorias y en ocasiones también se reciben golpes, en una confrontación que se prolongó en el tiempo y en la que la iniciativa militar se altera, se modifica, cambia en el tiempo y en las diferentes áreas, pero no estratégicamente. Los partes militares que hacemos públicos, cuantifican alrededor de los efectos de la guerra en nuestro adversario y en nuestras propias filas con cifras irrebatibles. Quisiera destacar que la ofensiva oficial actual iniciada desde hace algo más de 11 años, a partir del llamado Plan Colombia, diseñado en el Pentágono norteamericano, dirigido y financiado por ellos y alimentado sin descanso por armamento de última generación desde Washington, fracasó. Es la más grande y prolongada operación contrainsurgente adelantada en el continente y es también la más grande demostración que la solución del conflicto en Colombia no pasa por la Pax Romana.

¿Qué condiciones exigen ustedes hoy para desmovilizarse?

Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana.

No tenemos ninguna dubitación, ninguna duda sobre nuestra obligación de luchar permanentemente y sin desmayo, con convicción y optimismo, por acercarnos con certeza a la solución política, incruenta, del conflicto. Los colombianos, con la contribución de países amigos, debemos construir un escenario de diálogo donde hilvanar y tejer mancomunadamente un proceso que concluya en acuerdos, cuya materialización incida contundente e irreversiblemente en la liquidación de las causas que en su momento originaron el conflicto armado y que hoy lo nutren abundantemente.

Una vez erigido el escenario, en un proceso que también debe trabajar la reconstrucción de la confianza entre las partes, tendremos que conversar sobre los prisioneros de guerra, militares, policías y guerrilleros en poder de las partes, como un aspecto político y humanitario que reclama prelación. Y, en función de objetivos de largo aliento, contamos como punto de partida con una herramienta excepcional cual es la Agenda Común por el cambio hacia una Nueva Colombia, firmada como acuerdo entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, en El Caguán.

Por supuesto que lo importante es construir el escenario, con voluntad de decisión política, pensando en el país y en su futuro, haciendo abstracción de las mentiras inventadas por la propaganda oficial que alejan la solución definitiva porque hace pensar al establecimiento con sus propios deseos. Y, en estos procesos es indispensable mantener la antena en tierra.

Los dolorosamente frustrados intentos que hemos hecho desde La Uribe en 1984 por encontrar caminos civilizados, son evidencia de las enormes dificultades que conlleva encontrar el camino correcto sin que ello implique resignación.

Colombia atraviesa una coyuntura crítica porque recién terminó el periodo del gobierno más violento y corrupto de la historia nacional encabezado por Álvaro Uribe. Decenas de los congresistas y dirigentes políticos que hicieron campaña presidencial y participaron de su gestión están en la cárcel condenados como determinadores del narcoparamilitarismo, otros muchos enfrentan investigación preliminar por parte de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, varios de sus ministros también están sindicados o son investigados mientras que decenas de mandos medios de esta administración ya están encarcelados todos por corrupción y/o paramilitarismo.

El velo está cerca de caer. La capa de teflón construida por los amigos de Uribe posibilitando el enriquecimiento desmesurado de este círculo mafioso como fruto de una inconmensurable corrupción administrativa, la contemporización complaciente de muchos con la estrategia y práctica paramilitar que ya se le conocía y su fascistoide rechazo visceral a una solución política del conflicto, todo este vergonzoso velo, está a punto de caer, lo que abrirá nuevas perspectivas a la civilidad y a la democracia verdadera.

Cuando el país además de la violencia y la corrupción, lo azota la naturaleza en forma de lluvia inclemente, le está reclamando a sus dirigentes grandeza y estatura histórica para sortear la difícil coyuntura y proyectarlo con fuerza hacia el futuro.

A los odios enfermizos irrigados por el anterior gobierno, que polarizaron a Colombia, les están pasando su cuarto de hora. A las licencias que se arrogó para birlar la ley como ruina les está poniendo fin la Fiscalía, los jueces y las Cortes. El haber retrotraído al DAS a los tiempos de la tenebrosa POPOL, policía política del régimen en los años 50 y aparato criminal del bolsillo presidencial, no será un delito impune.

La inane insistencia uribista condensada en su señalamiento a las FARC como terrorista, no le hace ni sombra a la contundente verdad sobre la existencia del conflicto armado en Colombia contenida en el proyecto de la llamada Ley de víctimas, si tenemos en cuenta que fue sobre la tesis mentirosa de inexistencia del conflicto, que Uribe construyó su tinglado fascista.

Como revolucionarios que lo hemos entregado todo por nuestros ideales y el bienestar del pueblo, persistimos en la solución política del conflicto.

*Fuente: Publico.es