La Concertación debe explicaciones (XXIV) 

El liderazgo de la Concertación debiera explicar también a sus bases -y al pueblo chileno en general- por qué continuó aplicando hasta 2010 las políticas de discriminación del avisaje estatal que ya habían contribuido decisivamente a destruir todos los medios escritos supuestamente afines a ella durante la década de los 90, surgidos bajo la dictadura.

Discriminación que afectó luego enormemente a la generalidad de los medios escritos independientes de los grandes grupos económicos que surgieron posteriormente y a los escasos medios de izquierda que subsistían desde los 90.

De este modo, desaparecieron en la década pasada las revistas Rocinante, Plan B y Siete+7 y también diarios electrónicos propios de las nuevas tecnologías, como El Portal del Pluralismo y GranValparaíso; y se mantuvieron dificultosamente quincenarios como El Ciudadano, Punto Final y El Siglo.

En este sentido, son muy elocuentes las palabras de la Premio Nacional de Periodismo y ex directora de Rocinante, Faride Zerán: «La responsabilidad que tuvo el Estado respecto del cierre de Rocinante fue la misma que afectó a otros medios como La Epoca, Análisis y Apsi… Es decir, nuestra revista fue una de las muchas víctimas de un Estado y un gobierno que no valora la pluralidad en la comunicación social; de una clase gobernante que no percibe que una democracia requiere de una diversidad de medios que pueda representar a todos los sectores de la ciudadanía. En definitiva, de un Estado sin voluntad de distribuir con equidad los miles de millones de pesos que gasta anualmente en avisaje». (Boletín Libertad de Expresión, N° 13 Julio 2008, Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile)

También son muy concluyentes los argumentos gubernativos dados para negar dicha publicidad estatal, los que revela la misma Faride Zerán: «Los argumentos eran muy diversos. Dependían del jefe de servicio a cargo de las instituciones o empresas. Por ejemplo, que el avisaje ya estaba planificado; que se contemplaban muy pocos recursos para medios independientes; o que éramos un medio que ‘se leía muy poco’; y que tenía impacto en segmentos de la población, no masivos, pero que constituían un público objetivo importante para cualquier avisador». Además, como puntualiza Zerán, «no estábamos pidiendo ‘limosnas’. Estábamos reivindicando el derecho a existir en igualdad de condiciones que otros medios. A nosotros se nos exigía una serie de cosas que no se les hacía a los grandes medios. Creo que este es un tema que trascendía el caso de Rocinante». (Boletín citado)

Es por ello que se entiende perfectamente la carta pública reprobatoria dirigida de al entonces Presidente Lagos, suscrita en el último número de Rocinante (Octubre de 2005) por el Comité Editorial de la revista. En ella se señalaba que Rocinante «atraviesa por una crisis similar a la que concluyó con el cierre del diario La Epoca, las revistas Hoy, Análisis, Apsi, Página Abierta, Plan B y una veintena de medios independientes que han desaparecido en estos 15 años de transición democrática. Nos parece preocupante que, más allá de las buenas intenciones y discursos oficiales en pos del pluralismo y la diversidad, los tres gobiernos de la Concertación se hayan omitido de plantear políticas públicas ante el duopolio de la prensa escrita y la creciente concentración en la propiedad de parte de grandes consorcios que también controlan la radio y el cable. Esta situación resulta particularmente grave si asumimos que el Estado chileno, a través de sus empresas, concentra una cantidad de recursos en materia de inversión publicitaria que refuerza este déficit de pluralismo al invertir casi exclusivamente dichos recursos en los grandes consorcios y monopolios de la comunicación. A quienes participamos en el ámbito de la cultura y la reflexión académica e intelectual nos resulta sorprendente la indiferencia con que también su gobierno ha asumido el déficit de pluralismo que aqueja a nuestra sociedad… Con el cierre de la Revista Rocinante se clausura un espacio de debate cultural y de pensamiento crítico fundamentales para una democracia, contribuyendo a que se consolide la circulación de discursos monopólicos que restringen el derecho a la información pluralista e independiente propia de un país de ciudadanos». (Rocinante; N° 84, Octubre 2005)

Dicha carta la suscribieron Sonia Montecinos, Diamela Eltit, Martín Hopenhayn, Manuel Antonio Garretón, Sofía Correa, Bernardo Subercaseaux, José Miguel Varas, José Balmes, Naín Nómez, Ana Pizarro, María Eugenia Horvitz, Francisca Márquez, Elicura Chihuailaf, Alfredo Joignant, Tomás Moulian, Julio Sau, Ramón Griffero, Sergio Trabucco, Paulo Slachevsky, Silvia Aguilera y Faride Zerán.

Todo lo anterior nos devela una política gubernamental destinada a negarles recursos de publicidad estatal (que por lo «barato» de dichos medios habrían sido muy poco significativos dentro del conjunto del avisaje del Estado) a medios escritos de centro o izquierda, lo que obviamente impediría su desarrollo e incluso su supervivencia. Es decir, ¡la misma política adoptada por la dictadura en estas materias!, con la diferencia, ¡favorable para esos medios durante la dictadura!, de que ésta no se atrevió (y tampoco lo podría haber hecho con éxito) a bloquear los cuantiosos fondos de ayuda que aquellos recibían del extranjero, como sí lo hizo el gobierno de Aylwin con las generosas ofertas del gobierno holandés…