Pastoral Mapuche llama a apoyar la búsqueda de justicia para luchadores mapuche

Llamado a apoyar la búsqueda de la Justicia en la revisión por la Corte Suprema del caso de los cuatro mapuches condenados a 20 y 25 años de prisión.

La Pastoral Mapuche de Santiago convocó a una reunión y diálogo con Natividad Llanquileo Pilquiman, estudiante de Leyes de último año y vocera de los mapuche condenados por el Ministerio Público en Juicio Oral que permanecen en huelga de hambre, y han perdido ya 18 kilos. En esta reunión se presentó un video titulado «El Engaño» donde se narra en forma audiovisual los antecedentes que condujeron a una condena penal de cuatro personas de 20 a 25 años de cárcel.

Antecedentes históricos o los hechos que se ocultan

Los antecedentes parten cuando el año 1875 el Estado Chileno, sin mediar provocación, corre la frontera con el territorio indígena que estaba fijada por tratados en el Río Paucaví.

En este «correr» la frontera, lo que es una usurpación a todas luces, se apropió de territorios que estaban ocupados ancestralmente por mapuches, y que, por supuesto, no tenían títulos de propiedad pasados por ninguna Notaría, ya que ese procedimiento es europeo, no nativo americano y el territorio era mapuche no conquistado. Y si tenían algo, eran tratados de límites con el nuevo estado chileno, o con los gobiernos coloniales que representaban al Rey de España. Ignorando estos tratados los mapuche fueron despojados de sus propiedades, dejándoles apenas un 4% de sus tierras. (1)(2)

La zona de Choque en Lleu Lleu, de donde proceden los inculpados, fue adquirida por Francisco Javier Ovalle y dio origen a la Hacienda Tranquete. En el documento de venta, figuran los nombres de varios mapuches, que aún siendo de la zona, lo que no es comprobado, no tenían derecho a vender lo que no era suyo por derecho comunitario ancestral. Además la mayoría no sabía leer ni escribir y tampoco hablaban castellano. Este procedimiento fue muy usado para hacerse de tierras, y aunque ustedes no lo crean, hay versiones modernas que son más o menos lo mismo.

En 1883 Ovalle vende esta hacienda a Jorge y Santiago Ebensperger, dejando constancia que estaba habitada por mapuches y que ellos les correspondía echarlos. Esta familia la tuvo en posesión hasta el gobierno de Salvador Allende y durante este período fue expropiada por la CORA . Ésta, la familia, en conversaciones con los mapuches, que reclamaban su posesión, forestó con pino radiata comprometiéndose a darles participación a estas familias en las ganancias. Se desconoce si esto quedó registrado en papeles o fueron solo palabras de buena crianza. Al llegar el gobierno militar todo volvió a fojas cero, la zona fue fuertemente militarizada y la represión violenta, ya que por un rato el poder pasó a otras manos lo cual provocó una fuerte reacción por parte de los hacendados. Las tierras fueron cambiando de manos pero los reclamos persisten, ya que los mapuches veían pasar en sus narices los camiones con la madera que se cosechaba y que ellos pensaban que les pertenecían.

La Familia Matte y su participación en los hechos
Estos fundos pasaron a manos de corporaciones transnacionales, quienes las reforestaron con especies foráneas que han roto el equilibrio hídrico de la tierra secando las norias y dejando sin agua a los pequeños propietarios. La dueña actual de esas tierras es una formada por capitales japoneses y chilenos de la Forestal Mininco de propiedad mayoritaria de los Matte. Pero ya sabemos, las Corporaciones no tienen cabeza humana visible, solo accionistas mayoritarios que tienen ejecutivos contratados para hacerles la gestión, quienes dan cuenta a un directorio, es decir la responsabilidad moral humana se diluye convenientemente, de modo de hacerse casi etérea e inalcanzable para los pequeños mortales. Y los mapuches son familias pobres que sobreviven en pequeños terrenitos, donde tratan de hacer su vida al modo ancestral, con su religión ancestral que les da un marco para ver el mundo, que es lo que les da sentido de pertenencia. Y así como hay otros pobres chilenos que al no haber heredado otra cosa que la no pertenencia a los ganadores, es decir la exclusión, lo que los hace una fácil conquista del adoctrinamiento de la sociedad de consumo como meta para sobrevivir, así éstos se niegan a entregar la herramienta de lo que constituye parte de su ser y dignidad, que es su filiación a la tierra ancestral, a sus espíritus, a su modo de invocar, de celebrar en medio del bosque en contacto con su tierra, con sus machis y sus rewes. Y si les quitamos la poca tierra que les queda, los condenamos a ser pordioseros de las ciudades quitándoles su dignidad, que es lo único que les queda en su territorio anímico.

La Ley Antiterrorista que nos legó la Concertación ha permitido que los reclamos mapuches, sus tomas de tierras con piedras y palos, se transformen en delitos terroristas y no en delitos contra los vecinos y que afectan la ley y el orden y no amenazan el Estado de Derecho ni a la sociedad completa. Los han querido vincular a la ETA, a las Farc y Al-Qaeda, para legitimar la represión. Y han sido condenados en base a presunciones, por los medios de comunicación, con testigos encapuchados, por personas que no son neutras en esta pelea.

Por las condenas actuales, que están fuera de cualquier proporción, la Corte Suprema tiene que decidir, este próximo Jueves, si las ratifica o llama a un nuevo juicio, esta vez conforme a derecho con debido proceso y respetando los tratados firmados por Chile respecto a los pueblos nativos y sus derechos.

Los chilenos no nos podemos hacer los lesos, ya que debemos presionar para que nuestro Poder Judicial funcione y esto no se convierta en un festival de dar condenas y de configurar conspiraciones de las cuales solo hay pruebas circunstanciales y presunciones. Ya hemos visto los chascos con un paquistaní que pasó por Santiago, con un escritor vasco que residía en Temuco y que era anarquista, según decían y por lo tanto peligroso aunque no hubiera hecho nada, y ahora con unos tipos que el Fiscal Armendáriz pasó dos años tratando de buscar pruebas para encanarlos y no encontró nada que no fuera circunstancial. Pero llegó otro fiscal más «alentado» y con las mismas pruebas construyó un caso, que en este momento también está en discusión.

Así en este caso vemos que no hubo ningún muerto, ni siquiera herido de gravedad ya que ningún centro asistencial de la zona registra su pasada, que no se pudo acreditar que los inculpados, que son solamente cuatro, hubieran estado en el evento del asalto de la Caravana del fiscal Elgueta, que se aceptaron como testigos a encapuchados, es decir a nadie, lo que hace que las penas aplicadas sean excesivas, a menos que se trate de un amedrentamiento para que el colectivo mapuche deje de molestar con sus reclamos. Lo que no es válido desde el punto de vista de la aplicación de la Justicia.

Natividad Llanquileo pide solamente que las personas de buena voluntad y que creen todavía en la justicia y en el debido proceso, la acompañen el Jueves 12 de Mayo en la mañana entre 8 y 9 en la puerta de la Corte Suprema, y a una marcha pacífica a las 19:00 horas, en Alameda con Ahumada.

LOS HECHOS

Condenan a 25 años de cárcel a Comuneros de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco

Hector Llaitul Carillanca: 25 años de cárcel (10 por robo frustrado y 15 por homicidio frustrado del Fiscal Mario Elgueta y PDI)

Ramón Llanquileo Pilquiman: 20 años de cárcel

José Huenuche Raiman: 20 años de cárcel

Jonathan Huillican Méndez: 20 años de cárcel

Los otros 17 implicados son dejados en libertad.

El presidente del Tribunal de Garantía de Malleco dijo que si bien hay convicción de que los hechos descritos por el Ministerio Público revisten carácter terrorista no se pudo acreditar que las personas imputadas tengan relación con lo sucedido.

El abogado defensor de Héctor Llaitul, Pablo Ortega, lamentó que los jueces no hayan dado a conocer las razones por las cuáles se les condenó a los imputados.

Del mismo modo, destacó la constante negación a las peticiones de la defensa por parte del tribunal. Ahora deberán esperar las notificaciones por correo electrónico, sin saber si llegarán efectivamente, «lo que trasunta en una nueva limitación del derecho a la defensa».

Ortega calificó este escenario de limitación al debido proceso de «muy grave», por lo que intentarán impugnar ante la Corte Suprema la resolución. Recalcando que en términos jurídicos, debe primar el derecho y no los prejuicios.

Por su parte el abogado defensor Adolfo Montiel, señaló que tenía esperanzas de que la pena no fuera tan alta, y ahora espera que la Corte Suprema revierta esta situación. Sobre todo por el delito contra el fiscal, en que -según el profesional- no se logró acreditar quienes participaron en esos hechos y todas las imputaciones se basaron en testigos protegidos.

En caso de anularse el juicio, advierte el profesional, se conocería solo los dos delitos por los que fueron condenados: robo con intimidación y homicidio frustrado contra el señor Elgueta.

ORGANIZACIONES SE MANIFIESTAN

El Observatorio Ciudadano, manifestó también su preocupación por las penas a las que fueron condenados los comuneros, las que califica de «desproporcionadas y excesivas», considerando que ninguno de los delitos significó la pérdida de vidas humanas, calificando la decisión de la justicia como «de falta de imparcialidad».

Agregan en su declaración pública que lo anterior «contrasta con la impunidad en que han quedado delitos similares y más graves, como el homicidio cometido en contra de personas mapuche por agentes policiales del estado, que se han verificado en el marco de los conflictos por tierras en el sur del país».

En tanto, 20 organizaciones de Colombia, Francia, Suiza y Estados Unidos, rechazan la política chilena de criminalizar las reivindicaciones de los pueblos originarios, y en tres puntos manifiestan su inquietud frente a la manera en la que este proceso fue llevado con «ley antiterrorista», y que a solo dos días de cierre del juicio el gobierno haya pedido recalificar sin esta ley, cosa que no tuvo ningún efecto, los expertos internacionales no dejarán de subrayarlo, manifiestan.

Mientras que la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación por la seguridad, por la integridad personal y por la situación jurídica de los prisioneros mapuche condenados, quienes al ser líderes de la CAM la OMCT teme que su condena pueda enmarcarse dentro de una persecución política.

Cabe destacar además el hecho que el juicio estuvo marcado por una serie de irregularidades, a lo largo del proceso y que aunque el Gobierno aceptó retirar las acusaciones bajo la Ley Antiterrorista, lo hizo tardíamente.

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=6525

Haciendas y Campesinos Historia social de la agricultura Chilena tomo 2