La Concertación debe explicaciones (XVIII)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo
chileno porque en sus veinte años de gobierno mantuvo y consolidó un sistema
universitario crecientemente mercantilista y lesivo para la educación pública,
particularmente para la
Universidad de Chile.

Recordemos que la dictadura -a través de la Ley General de
Universidades de 1981- abrió las puertas a la educación superior con fines de
lucro. Además, desmanteló el carácter nacional de la Universidad de Chile y
fue crecientemente disminuyendo sus aportes a las universidades del Estado.

Los gobiernos de la Concertación, sin perjuicio de aumentar sus
aportes directos a la
Universidad de Chile, continuaron con las mismas políticas
esenciales de la dictadura en materia de educación pública. Así, de acuerdo al
economista Marcos Krenerman, entre 1990 y 2005 las matrículas en la educación
superior subieron en un 269,4%. Sin embargo, mientras en las universidades
privadas se incrementaron en 1.000%, en las universidades públicas lo hicieron
solo en 142,1%. De este modo, mientras en los países de la OCDE un 75% de los
estudiantes recibía educación superior de carácter público, en Chile lo hacía
un 25%. (Ver María Olivia Monckeberg.- El negocio de las universidades en
Chile; Edit. Random House Mondadori, Santiago, 2007; pp. 330-1)

A su vez, la disminución de los aportes del Estado -directos
e indirectos- a la
Universidad de Chile ha convertido a ésta en una virtual
universidad privada. Así, a 2007 los aportes públicos que recibía se estimaban
entre solo un 20 a
25 por ciento del total de su presupuesto. (Ver Monckeberg; p. 329)  Asimismo, Chile se ha convertido en uno de
los países del mundo con menor gasto público en educación superior en
proporción a su producto nacional (0,3%), contrastando con el 1,1% efectuado en
promedio por las naciones de la
OCDE. (Ver Monckeberg, p. 330)

Obviamente que esta realidad ha desnaturalizado fuertemente
también el carácter de nuestras universidades públicas. Las ha empujado a
convertirse en verdaderas empresas con fines de lucro, obligándolas en muchos
casos a aceptar financiamientos de grandes grupos económicos lo que les ha
limitado su credibilidad e independencia -particularmente en regiones- a la
hora de efectuar investigaciones que pueden afectar los intereses de dichos
grupos. Además, las ha colocado en difíciles dilemas éticos respecto del propio
Estado, como se vio en el caso MOP-Ciade con la Universidad de Chile,
en el "que se traspasaron recursos desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
al Ciade (Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo) de la Facultad de Economía el
que, a la vez, entregaba a través de consultores sobresueldos a funcionarios
del Ministerio. La operación de ‘triangulación’ reportaba al Ciade -y se supone
que a la Universidad-
un ingreso por efectuarla". (Monckeberg, pp. 355-6)

Por otro lado, el gasto de los estudiantes y sus familias en
educación universitaria ha llegado a ser en Chile -proporcionalmente- el más
alto del mundo. Así, a 2007 aquel alcanzaba ¡al 1,8% del PIB! (Ver Monckeberg,
p. 330), lo que significaba en términos reales dos veces más que en Corea del
Sur y tres veces más que en Japón, Estados Unidos y Australia, de acuerdo a
informes del Banco Mundial y la
OCDE. (Ver La
Tercera; 5-4-2009)

Además, si tenemos en cuenta que el crecimiento de la
matrícula universitaria y su distribución en las diversas carreras no tiene
absolutamente nada que ver con algún diseño de planificación de la educación
superior, sino que responde simplemente al "libre mercado"; es evidente que la
saturación ya existente de la demanda de profesionales -que ciertamente se
profundizará vertiginosamente en las carreras "de pizarrón"- hará que miles de
ellos tengan una cesantía asegurada y que el conjunto de la sociedad
despilfarre crecientemente recursos escasos.

Pero ciertamente que el liderazgo de la Concertación no solo
ha demostrado un viraje ideológico en la mantención de las políticas
universitarias "libremercadistas"; sino que también ha participado en la
profundización de dicho "negocio". Así tenemos -al año 2007- a connotados
miembros de dicho liderazgo participando como dueños, directores o rectores de
universidades privadas con fines de lucro. En concreto a los ex parlamentarios,
ministros o embajadores Ernesto Schiefelbein y Roberto Muñoz Barra
(Universidad Autónoma de Chile); Alex Figueroa (Universidad Bolivariana); Jorge
Schaulsohn y Mariana Aylwin (Universidad Uniacc); Jorge Arrate (Universidad
Arcis); Genaro Arriagada (Universidad de Las Américas); Esteban Valenzuela y
Marcia Covarrubias (Universidad de Rancagua); Sergio Molina y Sergio Fernández
Aguayo (Universidad Viña del Mar); José Antonio Gómez (Universidad del Mar);
Eduardo Rodríguez Guarachi (Universidad Diego Portales); Jaime Ravinet
(Universidad Mayor); Gutenberg Martínez, Francisco Cumplido, Hugo Lavados,
Oscar Pizarro y Edmundo Hermosilla (Universidad Miguel de Cervantes) y
Francisco Huenchumilla (Universidad Regional San Marcos). (Ver Monckeberg, pp.
599-620)

jueves, 16 de diciembre de 2010

*Fuente: El Clarin