La Concertación debe explicaciones

La Concertación debe explicaciones (I)

lunes, 19 de julio de 2010

Más que una autocrítica por haber perdido las elecciones presidenciales,
el liderazgo de la Concertación le debe explicaciones al pueblo chileno
por no haber cumplido -¡en veinte años!- sus compromisos de
democratizar realmente el país y de sustituir el modelo económico
neoliberal impuesto por la dictadura, por otro que posibilite la
justicia social.

En efecto, el liderazgo de la Concertación tiene que explicar en primer
lugar por qué modificó sustancialmente su concepto de democracia.
Recordemos que en la década del 80 aquel liderazgo planteó claramente
que la Constitución del 80 era esencialmente antidemocrática; y que
debía ser reemplazada por otra que fuera el producto de una Asamblea
Constituyente libremente electa por todo el pueblo chileno. Y que, en
cambio, a partir de agosto de 1991 –y sin que ninguno de sus rasgos más
antidemocráticos hubiese sido eliminado- señaló que dicha Constitución
era democrática, solo que “imperfecta”. Así, el entonces presidente
Aylwin señaló que “la transición ya está hecha”; que “en Chile vivimos
en democracia” y que “esta democracia es susceptible de perfeccionarse”.
(El Mercurio; 8-8-1991) 
 
Es decir, para el liderazgo concertacionista ya existía democracia en
Chile pese a la subsistencia de un sistema electoral binominal que
distorsionaba completamente la voluntad popular en la composición del
Congreso Nacional; de quorums para reformar la Constitución y las leyes
orgánicas constitucionales que impedían que ellas fueran modificadas sin
el concurso de la derecha que las impuso; y de una virtual
subordinación del poder político a las Fuerzas Armadas, producto de la
inamovilidad de los comandantes en jefe y de un Consejo de Seguridad
Nacional tutelar.
 
Aquellos rasgos ya no eran percibidos como factores que impedían la
democracia, sino solo como elementos que la hacían imperfecta. Este giro
copernicano se acentuó aún más  –si cabe la expresión- cuando en 2005,
luego de reformas constitucionales que eliminaron algunos de los
dispositivos antidemocráticos de la Constitución del 80 –como la tutela
militar formal-, el liderazgo de la Concertación ¡aceptó hacer suya
dicha Carta Fundamental! De tal manera que conservando el sistema
electoral binominal y los altos quorums requeridos para reformarla -así
como los de las leyes orgánicas constitucionales- el liderazgo
concertacionista procedió a proclamarla como la “Constitución de 2005”,
reemplazando la firma de Pinochet por la de Lagos y de todos sus
ministros. Dicho cambio cosmético solo ha servido para la vergüenza
histórica de todos quienes lo suscribieron ya que –pese a los pocos años
transcurridos- ya nadie toma en serio el que ahora tengamos una “nueva”
Constitución.
 
Es importante destacar que entre los rasgos autoritarios y neoliberales
de la Constitución refrendada por el liderazgo concertacionista en 2005
tenemos una concepción decimonónica del derecho de propiedad que solo
permite su expropiación previo pago al contado del total del bien, de
acuerdo al monto fijado por tribunales; la inexistencia del derecho al
trabajo (se estipula solo “la libertad de trabajo”); restricciones para
que el Estado desarrolle actividades empresariales; la posibilidad de
que el Congreso apruebe hasta por un año –a través de la delegación de
de sus atribuciones legislativas- una dictadura económica del Presidente
de la República; la proscripción de partidos políticos, movimientos u
organizaciones sociales por razones ideológicas; la casi total
imposibilidad del Congreso de aprobar leyes que no cuenten con la
aprobación presidencial; la virtual inexistencia del recurso al
plebiscito en caso de discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo; la preservación de la facultad monárquica de indulto
presidencial; la prohibición de que diputados y senadores –¡so pena de
cesación de sus cargos!- puedan interceder a favor de organizaciones de
trabajadores que se encuentren en conflictos laborales; la prohibición
también para que alguno de ellos “propicie el cambio del orden jurídico
institucional por medios distintos de los que establece esta
Constitución” –es decir, ¡incluso la promoción de una Asamblea
Constituyente!-; la facultad presidencial para decretar hasta por un mes
el estado de emergencia al margen del Congreso Nacional; y la
prohibición para que los tribunales de justicia puedan “calificar los
fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad
para decretar los estados de excepción”.
 
Además, la preservación de la Constitución del 80 ha sido uno de los
factores claves que contribuyen a mantener el conjunto de la
institucionalidad política, económica, social y cultural impuesta por la
dictadura. Las numerosas leyes orgánicas constitucionales y leyes
simples dictadas por la Junta de Gobierno, que refundaron la sociedad
chilena en la década del 80, se inspiran en dicho texto constitucional y
lo refuerzan.
 
Por último, los planteamientos efectuados por el liderazgo
concertacionista -al calor de la reciente campaña presidencial- de
volver a propiciar una nueva Constitución serán un nuevo engaño más al
pueblo chileno, en la medida que no se planteen a través de una Asamblea
Constituyente. En el contexto de la Constitución del 80 es clara la
imposibilidad –dado los quorums requeridos- de una profunda reforma de
ella sin el concurso de la derecha minoritaria que la impuso.

*Fuente: El Clarin

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La Concertación debe explicaciones (II)


martes, 27 de julio de 2010
El liderazgo de la Concertación debe explicarle también al pueblo
chileno porque abandonó su compromiso de luchar por implantar un modelo
económico que promoviera la justicia social, en sustitución del sistema
neoliberal impuesto por la dictadura. Precisamente, el objetivo
fundamental de la dictadura fue la refundación de Chile sobre bases
liberales extremas que promovieran el afán de lucro y consumo, el
individualismo y la atomización social, con la consiguiente
concentración de la riqueza; de acuerdo a las orientaciones prohijadas
por la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago.
Era claro que el pueblo chileno nunca habría escogido libremente la
implantación de un modelo y un sistema tan atentatorio para sus derechos
e intereses fundamentales. Es lo que reconoce desembozadamente Andrés
Allamand: “Pinochet le aportaba al equipo económico algo quizás aún más
valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario
para materializar las transformaciones.[1] Más de alguna vez en el frío
penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con
cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola
pregunta: ¿Ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este
proyecto? Ahora no tenían ese problema”.[2]

Evidentemente que sin una política de terrorismo de Estado la sociedad
chilena se habría opuesto exitosamente a la obra económico-social de
Pinochet: Al desmantelamiento de las importantísimas labores de
intervención del Estado en la economía desarrolladas a favor de la
igualdad y la protección social; a la destrucción del poder de los
sindicatos, juntas de vecinos y de los colegios de profesionales y
técnicos; a la introducción de sistemas de educación, salud y previsión
social regidos por el afán de lucro; a las privatizaciones efectuadas a
vil precio a favor de los grandes grupos económicos; a una ley de
concesiones mineras que daba lugar a la reprivatización de la mayor
parte de la gran minería del cobre; etc.

Todos los partidos que luego formarían la Concertación se opusieron
también, frontal y públicamente, a dicha obra económico-social. Sin
embargo, una vez en el gobierno los partidos de la Concertación se
“olvidaron” de aquellas críticas y emprendieron políticas económicas de
“consenso” con la derecha, que legitimaron y consolidaron las
“modernizaciones” de la dictadura en el plano laboral, sindical,
previsional, educacional, sanitario, minero, agrícola, industrial,
financiero, etc.

De este modo, considerando los aspectos estructurales de la sociedad
chilena, vemos que no ha habido ningún cambio relevante entre 1990 y
2010. Observamos el mismo Plan Laboral; las mismas AFP e Isapre; la LOCE
cosméticamente transformada en la LEGE; la misma ley de concesiones
mineras; la misma ley sobre universidades; el mismo rol subsidiario del
Estado; etc.

Y nadie puede explicar legítimamente aquello porque los gobiernos de la
Concertación no hubiesen tenido las mayorías parlamentarias para
transformar, al menos, gran parte de las estructuras anteriores que no
quedaron impuestas en base a leyes orgánicas constitucionales, las que
requieren 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. El gobierno de Lagos
obtuvo mayoría parlamentaria en ambas cámaras (gracias a los desafueros
de los senadores Pinochet y Errázuriz) entre agosto de 2000 y marzo de
2002. Y el gobierno de Bachelet la logró desde su comienzo,
manteniéndola varios años. Sin embargo, ninguno de ellos intentó
modificar sustancialmente dichas estructuras en la perspectiva de
reconocer los derechos económicos, sociales y culturales del conjunto de
la población.

La explicación de lo anterior la proporcionó la “eminencia gris” de la
transición, Edgardo Boeninger, en un libro escrito en 1997: “Democracia
en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”. En el, Boeninger reconoció
que el liderazgo de la Concertación experimentó un vuelco en su
pensamiento económico que lo llevó a una “convergencia” con la derecha.
Señaló, además, que “en este proceso de convergencia económica tuvo
significación el acercamiento que se fue produciendo entre los
economistas profesionales. En un primer momento fueron los economistas
democratacristianos los que, en contraste con las décadas del 60 y 70,
pasaron a hablar un lenguaje técnico similar y a compartir conceptos
teóricos con los economistas liberales”. Y que “la inserción de una gran
mayoría de economistas en un marco común de análisis se fue extendiendo
a los teóricos de ideología socialista, a medida que el exilio hizo a
muchos conocer y valorar las prácticas capitalistas de Europa
Occidental, en tanto que otros se desilusionaron en el contacto directo
con la mediocre realidad de la economía estatizada y las limitaciones de
la planificación centralizada”.

Por último, Boeninger reconoció también paladinamente que “la
incorporación de concepciones más liberales a las propuestas de la
Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en
dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos
pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un
entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes”.[3]

Sin embargo, hasta la fecha el liderazgo de la Concertación ha
continuado diciéndole al país que representa una alternativa
centroizquierdista al neoliberalismo…

Notas:
[1] Un modo elegante de señalar que se contemplaban todos los medios
eficaces para imponer las transformaciones al país, sin limitación
alguna: La desaparición forzada y la ejecución de miles de personas; la
detención y tortura de decenas o centenares de miles; el exilio de otras
decenas o centenas de miles de chilenos; las exoneraciones por razones
políticas de decenas o centenas de miles de trabajadores, estudiantes y
docentes; un toque de queda de más de una década; etc.
[2] Andrés Allamand.- La travesía del desierto; Edit. Aguilar, 1999, p. 156.
[3] Edgardo Boeninger.- Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; 369-70.

*Fuente: El Clarin

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La Concertación debe explicaciones (III)


martes, 10 de agosto de 2010
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo
chileno el regalo que hizo en 1989 a la futura oposición de derecha de
la inminente mayoría parlamentaria que le aguardaba al presidente
Aylwin, de haber mantenido intacta la Constitución del 80. El que una
coalición política haya preferido ser minoritaria en el parlamento
constituye, muy probablemente, un caso inédito en la historia.

En efecto, la Constitución del 80 –en el obvio entendido de que Pinochet
sería ratificado como presidente en el plebiscito del 88- estipulaba,
mediante sus artículos 65 y 68, que el futuro presidente dispondría de
mayoría parlamentaria simple teniendo mayoría en una cámara y solo un
tercio en la otra. Considerando que la derecha chilena ha sido
históricamente minoritaria y que el Senado original estaba formado por
26 senadores electos (2 por cada región del país) y 9 designados directa
o indirectamente por el propio Pinochet, este último habría contado con
una mayoría en la cámara alta; y gracias al sistema binominal hubiese
contado demás con el tercio de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, dada la derrota de Pinochet en aquel plebiscito, el
prospecto anterior favorecería inminentemente a la Concertación. Era
prácticamente seguro que su candidato presidencial –Patricio Aylwin-
sería electo a fines de 1989; y lo mismo se esperaba en relación a las
elecciones parlamentarias: La Concertación obtendría con creces –pese al
sistema binominal- la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; y
también lograría con seguridad el tercio del Senado. Ella elegiría de
todas maneras un senador por región (13), siendo el total de senadores
35, por lo que un tercio correspondería a 12.

De tal manera que, dado el “error” de la dictadura de haber dejado la
mayoría de los ámbitos económicos, sociales y culturales normados a
través de leyes simples –solo la educación escolar y la minería quedaron
impuestos a través de leyes orgánicas constitucionales que requerían
quórum mayores para su modificación-; la Concertación, sin que se
hubiese variado una coma del texto constitucional de 1980, estaba en
condiciones de reformar profundamente, y tal como lo planteaba en su
Programa, los sistemas sindical, laboral, previsional, de salud, etc.

Y aquí vino lo aparentemente inexplicable: El liderazgo de la
Concertación aceptó propuestas de reformas constitucionales efectuadas
por el propio gobierno de Pinochet que estipulaban mayoría absoluta en
ambas cámaras para poder aprobar leyes simples. Es decir, ¡dicho
liderazgo aceptó perder su mayoría parlamentaria!, porque era claro que
era imposible que su mayoría popular efectiva se tradujera en mayoría
senatorial, dado los nueve senadores designados. La adición de que seis
regiones se dividirían para dar lugar –manteniendo el sistema binominal-
a doce senadores más (38 electos, en lugar de 26), no afectaba el
regalo anteriormente mencionado.

Y como en ese período todavía se necesitaba plebiscito para modificar la
Constitución, aquel se realizó en julio de 1989, en el contexto de un
“paquete” de 54 reformas cuya mayoría eran liberalizadoras, pero sin
eliminar los principales “enclaves autoritarios” de la Carta
Fundamental. Lo notable es que en el voto esas reformas no se
especificaban; y que tampoco hizo  mención de las que específicamente
modificaban los artículos 65 y 68 la Declaración del 1 de junio que la
Concertación entregó al país para justificar dicho paquete.

Es decir, ¡la Concertación ocultó al país su regalo de la mayoría
parlamentaria; y lo sigue ocultando hasta el día de hoy! ¡Y los millones
de adherentes a la Concertación que votaron por el Sí en aquel
plebiscito lo hicieron sin saber que con ello estaban aprobando aquel
regalo! ¡Y tanto ellos como el conjunto de la sociedad chilena lo sigue
ignorando hasta el día de hoy, debido a que los grandes medios de
comunicación que controlan lo que saben o no los chilenos no han
querido, obviamente, informar de ello!

Hasta la fecha los líderes de la Concertación han callado absolutamente
sobre la materia. Y ciertamente que no fue el temor lo que los llevó a
efectuar lo anterior. El temor conduce a un actor político a utilizar su
poder con extrema cautela respecto de sus adversarios; pero en ningún
caso a cedérselo, ya que en este caso quedaría en situación mucho más
vulnerable. Atribuirlo a un temor irracional que se hubiese apoderado de
aquellos líderes en ese momento a efectuar modificaciones estructurales
en la economía (recordemos que a mediados del 89 Pinochet ya no tenía
ningún “piso”, ni nacional ni internacional, para haber efectuado un
golpe) tampoco es sostenible, ya que muy posteriormente Lagos y Bachelet
no hicieron nada con su mayoría parlamentaria simple para aplicar los
cambios económico-sociales prometidos en 1989.

De los líderes concertacionistas solo podemos sacar una deducción al
respecto del libro de Edgardo Boeninger, “Democracia en Chile. Lecciones
para la gobernabilidad”. Allí Boeninger, a propósito de la convergencia
entre el pensamiento económico de la derecha y del liderazgo
concertacionista, señaló que aquella era “una convergencia que
políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de
reconocer” (Edit. Andrés Bello, 1997, p. 369)

Podemos deducir de ello que el haber tenido una mayoría parlamentaria
habría sido tremendamente negativo para dicho liderazgo, ya que hubiera
quedado en evidencia que aquel no quería llevar a cabo los cambios
prometidos en el programa presidencial. A su vez, sin la mayoría quedaba
en condiciones de argüir plausiblemente (como de hecho ocurrió) que no
podía efectuar dichos cambios…

Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna explicación clara de lo que
podríamos definir, sin exagerar, como una de las capitulaciones
políticas más vergonzosas conocida hasta hoy en la historia de la
humanidad.

*Fuente: El Clarin