Collahuasi presentó querella contra trabajadores por toma de instalaciones

La empresa acusó secuestro, usurpación, daños, amenazas y asociación ilícita.
Intendencia mediará entre ambas partes en una reunión fijada para el próximo lunes.
La minera "Doña Inés" de Collahuasi presentó una querella en contra de las personas que resulten responsables, autores, cómplices o encubridores de los delitos de secuestro, usurpación, daño, amenaza y asociación ilícita, por lo hechos registrados desde el 7 de mayo, cuando se inició la toma a los accesos de la mina por una movilización de trabajadores contratistas.

La minera denuncia que los hechos revisten carácter de delito por los daños causados en la movilización, entre ellos el impedimiento del traslado de los trabajadores de la empresa a los campamentos Pionero y Pabellón del Inca.

La intendenta de la Región de Tarapacá, Luz Ebensperger, recibió a los manifestantes  y aseguró que existe disposición del gobierno regional para encontrar un acercamiento entre la empresa y los trabajadores en conflicto.

"Si a nosotros como gobierno regional nos solicitan la intervención, que también que nos sentemos en esta mesa como garantes, observadores o ministros de fe, también estamos disponibles a ello. Ayer (miércoles) me reuní con un grupo de trabajadores y finalmente en la noche recibí un correo de la empresa Collahuasi en la que se solicitaba mi intervención para constituir una mesa el día lunes 17 de mayo", sostuvo.

Víctor Reyes, vocero de la coordinadora de los trabajadores subcontratados, rechazó los cargos que denuncia la empresa. "Nosotros preguntamos donde están los secuestrados. No hay ninguna denuncia. Tenemos grabaciones en las cuales se ve toda la gente que participó de forma voluntaria en la manifestación", sostuvo el dirigente.
Los trabajadores señalaron que están revisando con sus abogados posibles acciones judiciales, señalando que no han descartado una nueva toma de las instalaciones.

* Fuente: Cooperativa

Huelga en Collahuasi: peor que en la época del salitre
por Pedro Armendariz  

Conversando durante una entrevista con el sociólogo e historiador pampino Sergio González Miranda, explicaba que la situación del norte grande de Chile en relación con las transnacionales mineras en la actualidad, es mucho peor de lo que fue la que el estado y la sociedad sostuvieron con las empresas salitreras extranjeras a principios del siglo XX.

Este hecho ha quedado palmariamente al desnudo en el conflicto laboral suscitado entre la empresa Collahuasi y sus trabajadores subcontratados, que se encuentra estos días en desarrollo.
 
El drama obrero se ha trasladado en Tarapacá desde la pampa a la alta cordillera de los Andes, a cuatro mil metros y algo más sobre el nivel del mar.
 
Al hacer Sergio González su afirmación comparativa pensaba en los beneficios recibidos el estado de Chile, infinitamente mayores en la época del salitre.
 
La minera Collahuasi ha pasado más de una década sin pagar un peso de impuestos, por los beneficios tributarios que le otorgaron al momento de instalarse las indignas autoridades chilenas, con el presidente Aylwin y el ministro Foxley a la cabeza.
 
En las oficinas salitreras vivían todos sus trabajadores, muchos en familia. No conozco a un pampino que no recuerde con nostalgia su vida en la oficina que fue su primer hogar. Hay muchos de ellos en Iquique. Hubo mucho dolor en la pampa, pero también vida y alegría, una vitalidad que la ciudad ni sospecha, la hace imposible, de ahí la nostalgia, a pesar de la dureza de aquel trabajo bajo el sol inclemente del desierto.
 
De los cinco mil trabajadores de Collahuasi, cuatro mil son subcontratados. La empresa no asume su obligación de otorgar iguales condiciones laborales y de bienestar a todos sus trabajadores.
 
Los trabajadores subcontratados están en una situación indigna. Ganan menos, se alimentan menos, duermen mal, no tienen adecuados servicios sanitarios e higiénicos. En unas piezas semejantes a mediaguas de tres por tres con dos camarotes duermen cuatro trabajadores. Se turnan en el trabajo y en el uso de la cama. No tienen agua caliente para darse una ducha al terminar la faena.
 
Ante la huelga declarada por los trabajadores, no sólo subcontratados, también la apoyaron los trabajadores contratados por la minera, la empresa Collahuasi adoptó la estrategia de enfrentar el conflicto con la vieja táctica de que no hay mejor defensa que un buen ataque.
 
Su departamento de relaciones públicas, no sus mayores responsables que no han dado en ningún momento la cara, declaró que un pequeño grupo de doscientos trabajadores, a través de la violencia, tomaron los accesos a la mina “dejando retenidos a cuatro mil de sus compañeros, que se encontraban inmovilizados y carentes de alimentos”.
 
Al mismo tiempo, el diario La Estrella de Iquique, recogía las declaraciones de Cristian Arancibia, Vicepresidente de la Federación Minera de Chile, trabajador contratado de Collahuasi, donde señala que “esperan –los sindicatos de Collahuasi- ser parte del diálogo con la empresa para mejorar las condiciones de sus compañeros contratistas. El dirigente explicó que los trabajadores solicitan a la empresa mejorar las condiciones del campamento donde deben alojar los subcontratados, el cual presenta graves problemas de hacinamiento, entre otras deficiencias”.
 
El mismo diario informa que “Entre las organizaciones que participaron de esta petición, apoyando la huelga, se encuentran el Sindicato Collahuasi, Sindicato Quebrada Blanca, Sindicato Minera Zaldívar de Antofagasta, la Federación Nacional de Sindicatos Contratistas y Sub Contratistas, Fenasics, el Sindicato Nacional de Montajes Industriales (DINAMI) Sindicato Komatsu, Sindicato Central de Restaurantes, Sindicato Emin, Sindicato Lavandería La Ideal, Sindicato TTM Chile, delegados de faena constructora Troncoso, Orica, de Vial y Vives, de Montes, Marineer y Excon.
 
Dando la espalda al conflicto laboral Collahuasi optó por criminalizar al movimiento, trazado una línea entre dos bandos: los malos trabajadores empeñados en la violencia y la sinrazón, y sus compañeros víctimas impedidos de trabajar o regresar a sus casas.
 
A esta misma actitud se sumó la Asociación de Industriales de Iquique, que emitió una declaración a toda página en tal sentido en los diarios de la ciudad. Tal declaración basta para constatar el desprecio que sienten junto a Collahuasi por sus trabajadores.
 
La empresa minera Collahuasi pidió desde el primer minuto la intervención de Carabineros para desalojar a los trabajadores en huelga. El sábado pasado un destacamento de fuerzas especiales subió hasta la cordillera y arremetió contra quienes impedían el paso a la mina. No lograron su retirada a pesar del uso de bombas lacrimógenas y balines de goma. Varios trabajadores resultaron heridos, y los carabineros tras el ataque permanecieron en el lugar, fura de la mina, en la cercanía.
 
Entonces, como lo informa La Estrella, debido a que “las personas retenidas por los trabajadores han sido retenidas en contra de su voluntad, y han sido maltratados, amenazados, golpeados y detenidos, bajo estas consideraciones y el eminente riesgo que tienen los trabajadores arriba, la compañía solicito a la Fiscalía de Pozo Almonte tomar las medidas necesarias de resguardo para proteger la seguridad de las personas".
 
Obediente, la fiscalía de Pozo Almonte dio la autorización a Carabineros para entrar en los recintos de la mina y desalojar a los huelguistas, cosa que ocurrió con gran violencia por parte de la policía el martes 11. Llegaron para la operación más de cien efectivos de las fuerzas especiales provenientes de Arica, Antofagasta, Tocopilla y Calama, ¡en un avión Hércules que aterrizó a aquella altura!
 
Resultaron varios trabajadores heridos, y otros tantos detenidos. La intendenta de Tarapacá, Luz Ebensperger, y el gobernador del Tamarugal, Espártago Ferrari, se lavaron las manos ante la brutal intervención policial, negando ambos haber  solicitado al fiscal la autorización para la intervención armada.
 
Mientras esta confusión en torno a quien ordenó el ataque se aclara, al menos ahora, a los ciento tres años de la masacre en la Escuela Santa María de Iquique, los conflictos laborales no se pueden ahogar en sangre.
 
Lo importante es que el movimiento de los trabajadores subcontratados siga adelante y alcance sus justos objetivos.

De su causa deben ser parte no sólo sus compañeros mineros contratados, que lo son, sino además todo el pueblo y la ciudadanía iquiqueña, que permanece en su mayor parte dormida ante los principales problemas sociales y ecológicos que afectan la región.
 
* Fuente: El Clarin

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