El mundo moderno está atravesado por la ineludible interrogación acerca de sus catástrofes en diversas emergencias fenomenológicas. Es que la modernidad las trajo consigo y perpetúa de modos más explícitos y continuistas o más soterrados y encubiertos, según los casos. Las preguntas enfocan sobre sus causales, consecuencias y responsabilidades. Las hay de todo tipo y color: ecológicas, bélicas, tecnológicas, sociales, políticas, etc. Resultará difícil encontrar regiones o países que puedan prescindir de la penosa carga de alguna o varias de estas tragedias. Aunque de manera no excluyente, los países del sur de América Latina se enfrentan actualmente con la rémora de sus recientes catástrofes políticas sobre las que hay suficiente consenso académico para denominarlas terrorismos de estado. En este caso, terrorismos solidarios y articulados entre sí mediante el Plan Cóndor.
En las ciencias, las respuestas que puedan darse a las catástrofes dependen del conocimiento de las mismas y cuando no son directamente naturales (prácticamente ninguna lo es) habrá que responder a qué hacer con sus excrecencias y monstruos propiciantes y ejecutores. Y este conocimiento es precisamente el gran ausente del debate actual en el Uruguay, por la naturaleza estructuralmente encubridora de todas las formas de terrorismo en general y de estado en particular. Retomando la clasificación que hiciera en el verano del 2009 en este mismo espacio de las tres formas de terrorismo (individual, imperial y de estado) resulta útil verificar que todos ellos niegan sus acciones, tergiversan u ocultan las posibles pruebas y se amparan en excepciones jurídicas consagratorias de la impunidad. Desde los torturadores y asesinos uruguayos pasando por los marines en Bagdad, hasta los etarras o fundamentalistas islámicos que dejan una bomba de tiempo en algún espacio público civil. Su común denominador es la cobardía y la clandestinidad de su conducta, aberrante e injustificable desde cualquier parámetro ético, por más rústico y precario que se presuponga. Por eso la compulsión veladora y la falsedad.
Pueden combinarlo con autoelogios y bravuconadas discursivas, pero los terroristas una vez interrogados dicen que no fueron, que no saben, que no se acuerdan, que no vieron, que no estaban y su organicidad organizativa y transmisión comunicativa se reduce a murmullos al viento. No hay documentos escritos, órdenes explícitas u otras pruebas documentales como mapas, fotografías, filmaciones, etc., ni aún vencidos los plazos de “desclasificación”, algo particularmente aplicable al terrorismo imperial. A diferencia del combatiente, el terrorista tiene el habitus del delincuente. Un mafioso amparado discreta o desembozadamente en sus confines corporativos. Sus enemigos son la justicia, la investigación histórica, la deducción, las pruebas y registros, en suma, la verdad.
El combatiente, inversamente, registrará sus acciones y las fundamentará porque está regido por una particular visión de la relación entre medios y fines que fundamentan su entrega a esa causa y su riesgo, que deberá juzgarse en cada caso concreto. A lo sumo evitará delatar a sus compañeros en condiciones desfavorables o riesgosas, pero con el objetivo de hacer finalmente pública su trayectoria y acción en la victoria. Sería impensable que en un futuro de desocupación de Irak, el fabricante de bombas caseras que describe la película “Vivir al límite” desconozca su intrépida responsabilidad en la resistencia ni sus acciones que mantuvieron en vilo y diezmaron las fuerzas de ocupación. Como el mismo orgullo de las decenas de miles de campesinos vietnamitas que bajaban aviones supersónicos con disparos al aire de sus simples fusiles al oír el primer rugido de los bombarderos, o los combatientes de la dictadura de Batista en la Sierra Maestra. Aún en la derrota el combatiente reivindica su lucha y no oculta sus acciones y si modifica sus concepciones y estrategias, realiza un balance y se autocritica. No pretendo con esto reivindicar la acción violenta per se, cuya justificación siempre deberá analizarse con todo cuidado frente a otras formas de resistencia y ofensiva y acompañar críticamente sólo si fuera la única alternativa. Pero mi interés es señalar aquí que una de las fronteras que dividen a éstos de los terroristas, está trazada por la publicidad y transparencia de las acciones y la asunción consciente y pública de las responsabilidades. Si así no fuera, en este apurado esquema, no será un combatiente.
El debate actual uruguayo se encuentra atenazado por dos circunstancias de diverso orden e importancia que sin embargo convergen en reforzar la impunidad de los terroristas con el consecuente estancamiento cívico. Por un lado la dramática derrota del voto rosado que consolida las serias limitaciones del presente y por otro las poco felices expresiones compasivas del Presidente Electo. Sobre ambas cosas ya tuve ocasión de referirme en este espacio, aunque en lo referente a la primera cuestión, un análisis detenido y escrupuloso de esta resultante sigue estando vacante. Desde problemas de diseño institucional como el de la convergencia de un plebiscito tan significativo con una elección presidencial, hasta el tipo de trabajo político del Frente Amplio para acumular voluntades en dirección a la anulación, además de la desagregación necesaria de las respuestas electorales (sigo esperando de la corte electoral la base de datos completa con todos los circuitos) que podría arrojar luz sobre desiguales compromisos al respecto.
Si bien es cierto, como sostiene el director de este diario en su contratapa del martes, que Mujica ya había hecho pública su opinión desde antes de resultar electo, también lo es que sus sentimientos contradicen no sólo los de la mayoría de las víctimas del terrorismo y de los compañeros frentistas, sino fundamentalmente el programa de la fuerza política. Es correcto el señalamiento de Fasano de que su sinceridad a prueba de oportunismos lo enaltece tanto como el haber antepuesto finalmente el consenso y la razón programática al desistir del envío del proyecto de ley, que hubiera sido un bocatto di cardinale para toda la derecha (y un factor de malestar insoportable en todo el arco frentista).
Pero debe recordarse que, a título también personal, junto con el adelanto de su misericordia, el Presidente Electo también había insinuado, antes de serlo, la posibilidad de reducir algunas penas a cambio de información o condiciones más benignas de reclusión. Es que precisamente la verdad está hoy presa por más rejas que la de la propia ley de caducidad, como inferimos hasta aquí de la naturaleza estructuralmente oculta y mafiosa del terrorismo. Si la cuestión es la eficacia para la obtención de la verdad, ese debate no debería excluirse ni dejar de comprometer a las FFAA actuales en esta búsqueda.
Pero una prueba de que las concesiones no producen el menor efecto de arrepentimiento o colaboración con la verdad y la justicia (reforzando la hipótesis de mendacidad y ocultamiento que vengo sosteniendo) es el discurso que en el Centro Militar diera su presidente Fernández en conmemoración del “Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones”. A partir de esta pieza de oratoria criminal, los 14 de abril deberían ser recordados como el “día de los asaltantes de las instituciones” (y sus recursos humanos y materiales) o simplemente el “día de los criminales”.
Demostrando que no sólo el Presidente Electo es sensible, Fernández se permitió recordar a las “víctimas actuales de la guerra revolucionaria en la cual seguimos inmersos, que están desterrados (…) y a los ‘prisioneros de guerra política’ que están en Domingo Arena o en Cárcel Central o en sus domicilios”, lo que prueba que un beneficio domiciliario no los hará cejar en su propósito rescatista y ocultador, como tampoco los privilegios de la escandalosa cárcel vip. El cronista de este diario consigna que fue el único momento del discurso que generó el aplauso espontáneo de los presentes al acto, que contó con la presencia de los ex presidentes Sanguinetti y Lacalle, para vergüenza de la cultura cívica uruguaya, ya que además de asistir se privaron de comentar posteriormente la apología del delito celebrada allí y su encubrimiento.
La caracterización jurásica de la presente etapa, retrotrae a la plena vigencia discursiva del estado terrorista: “Esta guerra revolucionaria, en los últimos cinco años ha incrementado su accionar contra las FFAA (…) nos referimos al frente ‘judicial y jurídico’, que se ha ensañado con los remanentes del viejo Ejército nacional, mediante ‘artilugios de la guerra psicopolítica’ magistralmente conducidos”. Para el militar, la “ciudadanía antimarxista está anestesiada por el aluvión de propaganda disolvente desde hace más de 50 años”. Para el militar, la alternativa es el “cese de hostilidades en el sentido más amplio del término”.
Según Fernández, no son ellos los agresores de la justicia con sus amnesias y elusiones, sino las víctimas de la curiosidad jurídica. La inocencia no la deben probar, sino que les está dada metabólicamente. Pero ya no se proponen, al menos a corto o mediano plazo, reconstruir el estado terrorista. El propósito de la reunión escatológica en esa cueva militar es la impunidad o, como sostienen, el cese de las hostilidades al que lamentablemente los alienta la particular lectura del propósito presidencial de integración de las FFAA a la sociedad y a su reconstrucción.
El Ministro de Defensa Rosadilla celebró la libertad de expresión vigente. Bien dicho. Pero con ella se puede además intentar evitar la libertad de omisión de denuncia, de pruebas, de investigación y de justicia, como pretenden estas líneas. Son las FFAA actuales las que tienen que demostrar si sirven para algo más que para encubrir delincuentes nostálgicos avejentados.
18/04/2010
– El autor es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@mail.fsoc.uba.ar
– Publicado también en La República
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