1.
En Chile, vanguardia experimental del capitalismo mundial desde la contrarrevolución pinochetista, la organización del trabajo impuesta por el capital resulta determinante en los nuevos formatos y contenidos del programa y las plataformas de lucha de los asalariados y el pueblo, y en las maneras más adecuadas para enfrentar orgánicamente la embestida antisocial de la burguesía desde el mundo de los trabajadores.
En general, la informalidad y precarización del empleo, son los modos y tendencias predominantes de la organización del trabajo en el país. Ello es parte de la estrategia de los que mandan para aumentar su tasa de ganancia, y es manifestación de las relaciones descompensadas del capital sobre el trabajo.
Los datos que existen no resultan lo suficientemente actuales ni abundantes, pero ofrecen los números elementales para caracterizar su estado y movimiento.
2.
De acuerdo al estatal Instituto Nacional de Estadísticas, a diciembre de 2009, en Chile la fuerza de trabajo está compuesta por más de seis y medio millones de personas. La cesantía supera el 9 %.
Según la Universidad de Chile –la casa de Estudios Superiores de mayor trayectoria y prestigio- del 100 % de los trabajadores, sólo un 40 % tiene contrato indefinido. El 60 % labora por cuenta propia, son empleados sin contratos, a honorarios, a plazo fijo o por faenas; tienen bajos sueldos, carecen de previsión, salud y capacitación. El 30 % restante tiene una calidad de empleo “más o menos decente”; y sólo el 10 % de “alta calidad”.
Respecto del fenómeno creciente del subcontratismo, en 1999 el 43 % de las empresas subcontrataban, porcentaje que el 2004 ya llegaba al 50, 5 % (Dirección del Trabajo). Sin embargo, desde 1999 hasta el 2004, la subcontratación en actividades económicas principales (ya no en funciones indirectas al servicio o producto eje de la empresa) aumentó del 14,5 % al 20,7 %. Estimaciones hablan de que el subcontratismo corresponde a 1 millón 200 mil trabajadores; esto es, alrededor de un 18 % de la fuerza laboral total. Es preciso hacerse de las cifras de 2009, toda vez que las relaciones de subcontratación viven una ampliación que junto y como parte también de la precarización del trabajo, constituye la tendencia hegemónica de la actual fase del patrón de acumulación de la minoría propietaria.
Es por ello que, más allá del empresarial Código Laboral, el sindicalismo convencional cae debido a que responde a una organización del trabajo que ya no es la predominante en Chile. Hasta entre los empleados públicos, la consolidación del trabajo a honorarios y el contrato no indefinido, limita persistentemente la capacidad de agrupamiento y negociación del sector de trabajadores que cuenta con mayor tonelaje orgánico en el país, y es base de sustentación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la multisindical más numerosa de Chile, pero que está muy lejos de llegar a los dos dígitos de la fuerza laboral existente. Ello sin contar que la composición política de su conducción está en franca colaboración con el capital y sus expresiones políticas.
En esta línea, la defensa de la indemnización por años de servicio de los trabajadores es una demanda que es preciso cautelar, pero que tiene su rostro hermano en la lucha y organización de los asalariados precarizados. Es decir, se liga indisolublemente con la lucha por el contrato indefinido y regulado, con todas las garantías sociales que él comporta. De lo contrario, sólo responde a una conquista mordida sistemáticamente por los gobiernos de la Concertación que beneficia a una fracción cada vez menor de trabajadores. Asimismo, el seguro de cesantía, también debe ser parte de la plataforma de los trabajadores, y su composición debe estar financiada sustantivamente por los empleadores y el Estado. Otra pieza del mismo conjunto, es el fin del subcontratismo, y la formulación de un sistema de seguridad social amplio y que cubra mucho más que una pensión que alcance para vivir adecuadamente. Ninguna de estas reivindicaciones –en tránsito a convertirse en propuestas terminadas- puede pelearse por separado. Son momentos de un todo programático interdependiente.
El movimiento del capital sin restricciones ni regulaciones en Chile desde hace casi 40 años, radicaliza y revela con brutalidad la contradicción sintetizada en la apropiación privada y concentrada de la producción social de la riqueza. Asimismo, la asociación simbiótica, pero dominada por el capital financiero de los distintos momentos del capital, multiplica las relaciones salariales flexibilizadas del conjunto social; concentra la población en las ciudades; y acumula por despojo en materia de recursos naturales, “destruyendo creativamente” fuerzas productivas.
3.
De acuerdo a un informe del Banco Central (2009), los chilenos endeudados alcanzan entre el 60 % y 70 %, y en promedio, deben 3 millones de pesos (5.700 dólares, toda vez que el salario promedio es de 660 dólares). La mayoría de los endeudados provienen de sectores medios y medios empobrecidos y sus deudas son con casas comerciales. Emplean las tarjetas en el supermercado, para comprar ropa o pagar cuentas de servicios básicos, “no para lujos ni viajes”. En la misma línea, la deuda total de consumo (bancaria y no bancaria), a fines de 2008 totalizó más de 22 mil millones de dólares, lo que equivale a una deuda per capita de alrededor de 1.300 dólares (este número no considera las deudas hipotecaria, sólo consumo, y distribuye la deuda entre 17 millones de personas).
Por otro lado, según la III Encuesta de Previsión Social (2006, antes de la crisis económica), poco más de un 20 % de los chilenos tenía capacidad de algún tipo de ahorro. Sobre el ámbito, la encuesta Casen –también de 2006- indicó que el 40 % más pobre de la población destina casi el 70 % de sus ingresos para pagar deudas. Aquí el dinero líquido está en extinción.
La sexta Encuesta Nacional de la Juventud realizada el 2009 informó que más de dos millones de jóvenes están endeudados. El 57 % está moroso con tiendas comerciales y el 33 % con tarjetas bancarias. Los créditos universitarios se encuentran en el cuarto lugar. En tanto, el 17 % de los adolescentes entre 15 y 19 años ya poseen deudas y no salarios, lo que daña directamente el ingreso familiar.
Si bien Chile, los últimos días, ha sido considerado el país menos financiarizado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la industria del crédito y la deuda (en manos de la banca y el retail más capitalizado) disciplina el régimen laboral en dos sentidos: por un lado, resuelve a cuotas infinitas lo que no alcanza con el salario, y por otro, ubica al desempleo en un plano superior a la peor catástrofe de los chilenos. El fenómeno, naturalmente, explica la mansedumbre de importantes sectores de trabadores, funciona como arma antisindical, domestica y convierte al puesto de trabajo en una suerte de graciosa dádiva de los propietarios. Casi un favor que hay que agradecer soportando la no reajustabilidad de las remuneraciones, las horas extras impagas, la multifuncionalidad, la inexistencia de relaciones contractuales, y, en general, las malas condiciones de pago y de trabajo.
Al respecto, la regulación del crédito y la deuda camino a la estratégica nacionalización de la banca (la “estatal” que existe opera de igual forma que la comercial privada), es otro territorio programático para los asalariados y los pueblos. Los límites a la usura devenida de la deuda generalizada (tanto de consumo, como hipotecaria) y una industria crediticia únicamente al servicio de las utilidades de sus dueños chocan invariablemente contra cualquier proyecto de desarrollo que ponga a las grandes mayorías en el centro del movimiento económico. Y junto con el fin del trabajo informal, sin contrato y del subcontratismo, son materiales cardinales, comprensibles, y altamente sensibles para la inmensa mayoría chilena. A ello se agrega que las mujeres obtienen por el mismo trabajo realizado por un hombre un tercio menos de remuneración, y los jóvenes, dos tercios menos; la parte de la renta variable (con metas imposibles) respecto de la fija va en aumento; y la flexibilidad laboral pone al sueldo mínimo como una cifra de llegada y no de partida. He aquí entonces, otras piezas esenciales de las plataformas de lucha, del programa y proyecto de los intereses de los trabajadores y los pueblos, y de los contenidos y formas que los asalariados deben encarar orgánicamente en la actualidad.
Febrero 17 de 2010
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