¡A funar el Chile fascista!

Nuestros legisladores y el Ejecutivo siguen dando motivos de vergüenza. A la aprobación de una ley de Educación que privatiza y deteriora todavía más la enseñanza pública, al proyecto que pretende privatizar el mar para los bancos, le siguió ahora una iniciativa legal que pretende ahogar las manifestaciones públicas del movimiento social. El mundo político, afectado de una regresión pinochetista permanente, post mortem, no vacila en dar su firma definitiva a la criminalización de las protestas sociales, abriendo así, en democracia, el camino más rápido para volver a la dictadura. 

El proyecto que apunta a hacer responsables a los organizadores de cualquier manifestación pública de los deterioros que puedan ocurrir en la propiedad pública y privada fue aprobado el jueves 13  por la Cámara de Diputados y sólo falta ahora el visto bueno del Senado.

Esta ley, promovida por el gobierno, fuera de  todo principio y norma de derecho internacional, va contra todo sentido común pues culpa a personas naturales de delitos cometidos por terceros. Por lo mismo obtuvo el rechazo de organizaciones de derechos humanos y  sociales – lo que no hizo NINGUN partido político, ojo – que marcharon a por el centro de Santiago sin autorización, siendo detenidos más de 60 de ellos por efectivos de Carabineros.

Pese al rechazo de diversas organizaciones sociales y ciudadanas, los diputados aprobaron el polémico proyecto de ley con 42 votos a favor y 29 en contra. Ver Sesión 66, Boletín 4832-07, votación  en el sitio web de la Camara

El artículo 4 de dicho proyecto de ley, establece responsabilidad solidaria de las organizaciones que convoquen a manifestaciones en las calles en caso de que se generen perjuicios a la propiedad pública o privada. También hace responsable de los desmanes a quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”. Según la iniciativa la finalidad declarada del proyecto es “fortalecer el papel de las policías en la mantención del orden público”.

El proyecto señala que, al no haber convocantes oficiales, “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo”.

Ajuste de leyes pinochetistas
Con este proyecto se modifica las leyes números 12.927, sobre Seguridad del Estado; 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y en el Código Penal. No es extraño que hayan dado su voto favorable con la mayoría de los parlamentarios de la Alianza, entre ellos los aspirantes al Senado, Lily Pérez y Francisco Chahuán y  los cuestionados  Julio Dittborn, Maximiano Errázuriz y Hugo Cardemil. El punto es que entregaron su apoyo parlamentarios DC, como Jorge Burgos y el socialista Fulvio Rossi.

Hay que decir que 29 diputados del bloque PS_ PPD, radicales y algunos DC,  mostraron su rechazo votando en contra. Pero la ley pasó y fue aprobada además  porque no estaban en sala todos los parlamentarios de la Concertación, entre ellos el aspirante a Presidente de Chile, Marcos Enríquez Ominami.

Con la venia del gobierno y la derecha
El proyecto es promovido por el “gobierno ciudadano” de Michell Bachelet. El subsecretario general de la Presidencia, Edgardo Riveros, que hizo de representante del Ejecutivo en la votación del proyecto, dijo que los “interesados en dar a conocer sus ideas y preocupaciones  han de ver cómo aquellos infiltrados desacreditan su reunión ante los ojos del público e incluso se ven obligados a abandonar o poner término a las manifestaciones cuando los desmanes escalan a una especial dimensión”. O sea, que los convocantes a alguna concentración, marcha o acto, deberán hipotéticamente responder de los daños hechos por grupos supuestamente anarquistas pagados o infiltrados por la oficina de seguridad del gobierno, como ha ocurrido con el ataque incendiario a La Moneda, o en marchas de la CUT, que culminan con destrozos y robos a locales del comercio, entre otros.

Por su parte, el PS Sergio Aguiló, dijo que “han abusado de la confianza de la Presidenta de la República al enviarnos un artículo de esta naturaleza. No deja de ser vergonzoso este verdadero espectáculo que hemos visto acá, donde le piden que informe de este proyecto al ex subsecretario de la dictadura militar, quien se solaza en el informe, y Riveros y Cardemil, pidiendo que nosotros aprobemos”.

El diputado Aguiló y el PPD Tucapel Jiménez anunciaron que recurrirán ante tribunales internacionales para impugnar esta norma, ya que vulnera el Pacto de San José de Costa Rica suscrito por Chile. También anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional una vez que el proyecto sea promulgado.

Estos son los legisladores  que votaron a favor de Ley Contra Manifestaciones Públicas: