Democracia, tutelaje religioso y Estado laico

Una de las aristas que tiene el debate sobre la distribución de la “píldora del día después”, dice relación con los derechos ciudadanos y la libertad de conciencia, pero a nivel estructural con la profundización de nuestra democracia a través de un auténtico y verdadero Estado laico; es decir un Estado desligado de todo tutelaje religioso y confesional.

Si bien el Estado se separó de la Iglesia con la Constitución de 1925, en la práctica el Estado chileno y la sociedad siguen enmarcados bajo un fuerte predominio religioso, a través de acciones fácticas que las diversas confesiones religiosas ejercen por medio de sus respectivos brazos económicos y políticos (dirigentes y personeros) situados en los diferentes poderes del Estado. Ejemplo de aquello son la penalización del aborto terapéutico y la denegación de constitucionalidad para la distribución de la denominada “píldora del día después”, sumadas a otras iniciativas valóricas y de derecho de conciencia que simplemente no se debaten o quedan en un segundo plano ante los denominados “problemas reales”, que tanto gusta hablar a la clase política.

La constitución de un Estado laico en Chile, como requisito fundamental para una democracia ha sido atropellada por distintos poderes fácticos que poseen claras conductas confesionales. Así como por personeros de gobierno, legisladores, funcionarios públicos de irrestricto compromiso religioso que sólo velan por sus intereses y no por los de la sociedad en general.

Nuestra sociedad muestra una diversidad religiosa y moral, constituida no sólo por una mayor cantidad de confesiones religiosas que a través del proselitismo se disputan a los feligreses, sino también por sectores cada vez más significativos de agnósticos y ateos, todos los cuales contribuyen a dar vida a las convicciones morales ciudadanas y respecto de las cuales un Estado laico debe garantizar su libertad de conciencia y su convivencia cívica. Al mismo tiempo, podemos encontrar en nuestra sociedad una creciente diversidad de grupos, movimientos y expresiones que representan distintas sensibilidades sociales y culturales frente a los cuales el Estado debe velar por el respeto a su realidad, sociabilidad, identidad, libertad y derechos fundamentales, de modo de garantizar en la práctica la expresión de la diversidad.

Entrado el siglo XXI y después de casi 20 años del retorno a esta democracia electoral, se requiere como objetivo primordial la consolidación de las libertades individuales, la libertad de conciencia, los derechos fundamentales de todas las personas y la igualdad ante la ley.

Resulta imperioso que el Estado chileno asuma la vanguardia de la secularización y el laicismo como un vía y forma cívica de abordar la creciente diversidad religiosa, moral, filosófica y de intereses de la sociedad en su conjunto, respetando y valorando el derecho de expresión privada y pública de cada cual, e independizando al Estado de la injerencia y poder de toda particularidad, cualquiera que ella sea.

Es por ello que ante la insistencia de sectores religioso-confesionales y sus respectivos poderes fácticos por imponer su ¿verdad? y opción de conciencia, los ciudadanos, aquellos de espíritu libre, deben observar y supervisar la conducta de la elite política dirigente, a quienes han ejercido funciones de representación en el parlamento y quienes aspiran a ser electos por la ciudadanía, para así evaluar su conducta y forma de imponer su pensamiento; es decir, si efectivamente son auténticos representantes, con una visión amplia, pluralista y tolerante frente a cuestiones valóricas y de conciencia, o más bien son personeros que anteponen sus puntos de vista religiosos y dogmáticos por sobre el interés de sus electores y la diversidad que una sociedad como la nuestra exige que se respeten.

En definitiva, para que alcancemos una auténtica democracia como expresión de la legitimidad de la sociedad civil, se requiere la constitución de un Estado laico que entre otros cosas contribuya a garantizar la igualdad de oportunidades en la expresión de la diversidad, fortalecer las opciones estatales y laicas en materia educativa, un pluralismo informativo y el irrestricto respeto a la libertad de conciencia de los ciudadanos.
– El autor es Académico de Historia de Chile Contemporánea, Universidad de Concepción

– Publicado también en Diario El Sur de Concepción