Chile y su demanda de admisión a la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico

El año 2004, Chile solicitó oficialmente su incorporación a la OCDE como miembro con plenos derechos. En 1992 ya se había iniciado un proceso gradual de participación en esta organización, con el fin de establecer relaciones políticas y económicas internacionales abiertas, en un contexto de apertura de los mercados y de búsqueda de concertación de políticas macroeconómicas.

Relación de ciertos hechos :

1.- En 1975, Chile fue designado como el laboratorio de ensayo del modelo económico ultra liberal, concebido por los economistas norteamericanos de la Escuela de Chicago, entre ellos el famoso Premio Nobel d e economía, Milton Friedman .

2.- El Golpe de Estado de las Fuerzas Armadas chilenas en 1973 fue realizado para terminar con el modelo de desarrollo que existía desde finales de los años 1930, basado en la exportación de cobre y en una industrialización por substitución de las importaciones. La dictadura instauró otro modelo fundado esencialmente en las exportaciones de cobre y de otros productos agro alimenticios, confirmando así el rol de un país mono-exportador de materias primas, asignado por el nuevo orden económico mundial. Esta nueva asignación tuvo importantes consecuencias: la destrucción de la industria nacional existente y la supresión de los derechos sociales, políticos y culturales adquiridos por la sociedad chilena hasta el término del gobierno de Allende y de la Unidad Popular.

3.- En 1990, después de diecisiete años de dictadura militar, la coalición de gobierno « Concertación de partidos por la Democracia » heredó este modelo efectuando ligeras modificaciones para continuar administrándolo. Desde sus inicios, esta coalición había anunciado su intención de realizar « un crecimiento con igualdad » , con “carácter humanista” , de « restablecer los derechos sociales abolidos por la dictadura » y de « remplazar la Constitución de Pinochet » , pero, hoy, un rápido análisis indica claramente que estas promesas de campaña electoral nunca fueron concretizadas .

Según las organizaciones financieras internacionales desde 1984 hasta 1999, Chile llegó a tener tasas de crecimiento excepcionales. En esa época se le definió como el « Jaguar de América Latina » comparándolo con las economías de los países asiáticos. De 1999 a 2003 su crecimiento disminuyó y sólo a partir de 2004 existió un incremento de 6% d el PIB. Hay que destacar que durante 15 años el precio del cobre estuvo en su apogeo y que fue esta situación que contribuyó ampliamente al aumento de las tasas. Este metal constituye el 40% de la s exportaciones.

Hoy, Chile es un país que ha desarrollado un capitalismo potente, basado todavía en las reformas y en las profundas transformaciones de los años 1980. Es un país apreciado por los medios financieros internacionales y aspira por lo tanto a un estatus de potencia económica intermediaria, es decir de un país desarrollado. En los hechos, el modelo de desarrollo chileno no ha cambiado mucho en todos estos años. La OCDE lo cita siempre como ejemplo, con algunas reservas, y el Banco Mundial recomienda a otros países, que se inspiren por ejemplo de su sistema privado de pensiones.

Las transformaciones estructurales del modelo impusieron el recurso al mercado, procediendo así a la privatización indiscriminada, a la desregulación y desvinculación general del Estado, principalmente en materia de educación, de salud, de pensiones. Así fue como se desmanteló casi por completo el sistema público. Posteriormente, a pesar del contexto favorable, las correcciones aportadas al modelo por los sucesivos gobiernos civiles, mantuvieron los gastos sociales a un nivel muy bajo, con el pretexto de conservar el « vigoroso crecimiento » y así colmar la diferencia del nivel de vida con el conjunto de la zona OCDE.

Es evidente, que los costos sociales, políticos y culturales engendrados por las transformaciones impuestas por la dictadura militar y por las “correcciones” de los gobiernos de la Concertación han sido enormes, siendo esencialmente soportados por los sectores más desfavorecidos de la sociedad chilena.

En el pasado mes de abril, la OCDE señaló que el « fuerte crecimiento económico » del país en los últimos veinte años (1989-2009) contribuyó a reducir la pobreza, pero subrayó también que la desigualdad de los ingresos continúa siendo mayor en Chile en comparación a aquella de los países de la OCDE : 10% de la población más rica tiene ingresos 29 veces más elevados que los del 1 0% de la población más pobre ( en los países de la OCDE esta diferencia es de 9 veces ). Chile y Brasil tienen buenos índices de crecimiento pero tienen al mismo tiempo altas tasas de desigualdad dentro de América latina. Esta desigualdad no ha cambiado durante este último período (1990-2009).

La persistente búsqueda de un «fuerte crecimiento económico», así como la pretensión desmesurada para incorporar a Chile en el « Club de los Grandes » (OCDE, ALENA, entre otros) y las drásticas condiciones que son exigidas como requisito para su admisión, han provocado estragos en la sociedad chilena. Después de treinta años de aplicación de un modelo económico ultra liberal, podemos señalar algunas consecuencias:

Educación.

El modelo reproduce las desigualdades sociales en lugar de eliminarlas. La principal demanda manifestada por los estudiantes y los profesores durante las últimas movilizaciones, es que el sistema educativo vuelva a ser un servicio público y que se retire la Ley Orgánica Constitucional de la Educación (LOCE) de la dictadura. Esta ley fue “cambiada” por la Ley General de Educación el 20 de junio de 2008, perpetuando y consolidando así los aspectos principales de la antigua LOCE, la mercantilización de la educación y la desvinculación de la responsabilidad del Estado en esta materia. La calidad de la educación está a un nivel deplorable, sus indicadores obligaron a las autoridades chilenas a retirar la participación del país de los ranking internacionales. En lo que se refiere a los gastos en educación, en proporción al PIB, Chile gasta menos que el promedio de los países de la OCDE. La transición entre el sistema educativo y el mercado de trabajo es la principal falla del sistema. Es en esta materia que Chile se encuentra más atrasado en relación a los países de la OCDE.

Salud.  

En 1980, las privatizaciones forzadas y la desregulación general significaron un profundo deterioro de las infraestructuras de salud. El acceso a ésta en lo sucesivo será determinado por criterios de orden económico excluyendo así a la mayoría de los chilenos. Las correcciones efectuadas por los gobiernos civiles en el sistema dual de cobertura (público /privado ) fueron mínimas. De cinco trabajadores uno tiene cobertura en protección social y solamente 20% de los trabajadores independientes cotizan en el sistema. Existen problemas de complementariedad entre los dos sistemas, de calidad en la atención en salud y el deficiente fortalecimiento del sistema público persiste. Constatando esta situación, la OCDE llamó a reforzar globalmente la protección social: hoy Chile asigna solamente 9% d el PIB para salud, mientras que los países de la OCDE asignan 20% d el PIB.

Trabajo y políticas sociales.

La transformación del Código de trabajo por la dictadura cambió todas las reglas del juego en las relaciones laborales. La OCDE observa que las « in n ova doras » medidas desarrolladas recientemente son insuficientes para ayudar a encontrar un puesto de trabajo a los jóvenes, las mujeres y las personas más desfavorecidas. El trabajo informal es más elevado en Chile que en la zona OCDE y los puestos creados, lo fueron en servicios de productividad reducida y mal remunerados. El rol de los interlocutores sociales en la determinación de los salarios y las condiciones de trabajo se encuentra disminuido. El diálogo social y la negociación colectiva existen únicamente en las grandes empresas, y las organizaciones sindicales continúan siendo marginalizadas. La nueva legislación sobre el subcontrato no es aplicada y el alcance del seguro de cesantía es todavía limitado. En su último informe (a b ril 2009) l a OCDE hizo recomendaciones específicas sobre estos puntos.

Pensiones. 

La privatización de las pensiones fue el eje más importante del modelo de des arrollo de la dictadura. La reforma puesta en marcha por José Piñera en 1980 respondía más bien a objetivos macroeconómicos que a objetivos sociales. Este sistema privado de pensiones es otra fuente de desigualdad social. No existe una oferta de cobertura para el gran conjunto de trabajadores y los que no son calificados, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores independientes son marginalizados. Las últimas correcciones, desde diciembre de 2006 apuntan esencialmente a tapar los hoyos del sistema en lugar de hacer modificaciones profundas. La Reforma Previsional, aplicada en 2008 por la Presidenta Bachelet, resolvió entregar una pensión básica solidaria a las personas mayores de 65 años comprendidas dentro del 60% más pobre de la sociedad. Esta pensión de 60 mil pesos mensuales no ha tenido gran impacto porque uno de los principales problemas para comenzar a aplicarla es que no se crearon suficientes puestos de trabajo suplementarios para su tratamiento. Además, los grupos económicos, que realizan la gestión de las Administradoras de pensiones (AFP) utilizan el dinero acumulado esencialmente en la inversión especulativa en el mercado financiero mundial.

Derechos Humanos, derechos políticos, sociales, culturales. Represión.

El modelo neoliberal descrito anteriormente fue impuesto a sangre y fuego en Chile. La represión a cualquier forma de oposición es una característica inherente al sistema. Las autoridades que continuaron administrando este modelo lo entendieron perfectamente y esto puede explicar la violencia ejercida contra las comunidades Mapuche del sur de Chile, contra los estudiantes, los deudores habitacionales, los trabajadores subcontratados, los reporteros gráficos, periodistas y documentalistas.

Dos grandes grupos económicos tienen el monopolio de casi todos los medios de comunicación tanto escrita como audiovisual. Ellos benefician además de casi toda la publicidad del Estado conformando así un sistema que se autoalimenta permanentemente y controlando la información como en el período dictatorial.

Las violaciones a los Derechos Humanos bajo la dictadura no han sido todavía sancionadas en conformidad a las normas internacionales que Chile ha suscrito y ratificado. El Comité contra la tortura y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (sesiones de mayo 2009) acaba de recordar al Estado chileno sus obligaciones en relación a la impunidad acordada a los militares responsables de exacciones, solicitando la abrogación de la ley de auto-amnistía. Además recomendó poner término a la violencia ejercida actualmente contra todos los que manifiestan su oposición a las decisiones del gobierno o sus reivindicaciones sociales; terminar con la utilización de la ley anti terrorista contra los Mapuche y con las expulsiones de extranjeros que investigan sobre los conflictos en zona Mapuche. Las correcciones realizadas en materia de justicia por los gobiernos civiles tienen una clara demostración con el juicio a la documentalista Elena Varela y los juicios contra representantes mapuche ( cincuenta prisioneros políticos existen hoy en las diferentes prisiones de Chile ). En estos dos casos hay un elemento común que aparece con insistencia: los montajes político-judiciales, utilizados como argumentos de las acusaciones. Esta característica proviene del tiempo de la dictadura, pero la actual administración demuestra un interés particular por su aplicación, lo que va contra las normas internacionales de justicia.

Medio Ambiente.  

En Chile no ha existido una real preocupación por la protección del medio ambiente. Hace poco tiempo se elaboraron algunas políticas que no han sido plenamente aplicadas. En general, las consideraciones de protección del medio ambiente no se integran en las decisiones sociales y económicas y la cooperación internacional en esta materia es deficiente.

El impacto de las consecuencias de la implantación del modelo neoliberal fue devastador. La demostración más clara de esta situación es la cantidad de organizaciones internacionales y de personalidades que se han movilizado estos últimos tiempos en defensa del mar, de los ríos, de las regiones vírgenes, de los lagos, de la fauna, etc. Una parte de la población comienza a tomar consciencia de lo que está en juego , pero estos esfuerzos son generalmente ignorados por las autoridades chilenas. El modelo con su racionalidad intrínseca está en contradicción con cualquier iniciativa que pretenda salvaguardar el medio ambiente. Esto explica las dificultades que encuentran las Organizaciones No Gubernamentales para hacerse escuchar.

Nueva Constitución. Nuevo modelo de desarrollo.

Hacia finales de los años 8 0, l as innumerables iniciativas de la Resistencia a la dictadura, de la oposición y el No a Pinochet en el plebiscito de 1988, a pesar de la violenta represión que existía, obligaron a la dictadura a transferir el poder ejecutivo a los civiles. Pero esta transferencia no se hizo sin consecuencias . Las negociaciones entre los militares, la derecha política y una parte de la oposición condujeron a acuerdos implícitos y explícitos, todavía en vigor. L as barreras institucionales impuestas por la dictadura a lo largo de todos estos años lograron fijar un nuevo marco de acción y de reflexión en el ejercicio del poder. De esta forma, incluso hoy, la elaboración, la noción y la inducción de « innovaciones sociales » se encuentran ya circunscritas a este marco, desde su concepción. En consecuencia, se puede deducir fácilmente la ausencia de voluntad política para resolver los serios problemas del país.

Un o de los elementos claves que bloquea estas iniciativas (políticas sociales, supresión de leyes orgánicas) es la existencia del escrutinio de tipo binominal. Este sistema de representación electoral tiene un impacto profundo en la calidad de vida democrática del país. Es también un importante elemento y objetivo de poder y ello explica su persistencia. Otros elementos de bloqueo existen y forman parte aún de la Constitución heredada de Pinochet. A pesar de las reformas realizadas (después de 25 años) por el presidente Lagos, estos residuos constitucionales son determinantes para generar los déficits actuales de democracia del modelo de desarrollo en Chile. La necesidad de una nueva Constitución comienza claramente a perfilarse. Otras voces en estos últimos tiempos se suman para adherir a esta demanda imperiosa y para encontrar, al mismo tiempo, otro camino de desarrollo para un Chile más justo, más solidario y más igualitario.

Firman : l’Association Pueblo, l’Association Terre et Liberté pour Arauco, le Collectif pour les Droits de l’Homme au Chili (France), le CSIA Nitassinan, Org. Kakiñe, le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples), le Réseau d’Information et de Soutien au Peuple Mapuche, Relmu-Paris.

• Fuente: Rebelión

– Enviada a piensaChile por nuestro amigo Hector Zavala Leiva