La deuda de la Democracia chilena

Alrededor de 100 chilenos están exiliados por penas de extrañamiento que el Gobierno de Patricio Aylwin decretó para sacarlos de la cárcel en el tiempo del dictador Augusto Pinochet. A estos se suman ciudadanos que no puede ingresar al país porque tiene procesos pendientes con la justicia militar y llevan 20 años esperando volver pero la Corte Marcial ni el Gobierno de la Concertación les interesa sus casos.

El 29 de enero de 2009 se cumplieron 19 años de la fuga de medio centenar de presos políticos de la cárcel pública de Santiago de Chile por un túnel que 24 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del PC, excavaron a lo largo de un año y medio con herramientas como cucharas y tenedores.

En ese grupo no sólo se encontraban importantes dirigentes comunistas y socialistas sino que también vieron la luz de la libertad militantes de base social del PC, como Jorge Martín, chileno de 53 años que vive en Madrid escondido de la justicia chilena.

Jorge Martín tiene un proceso que lleva 20 años en la Corte Marcial, acusado de asociación ilícita desde 1986 y hasta hoy no ha podido lograr el sobreseimiento. Además, su familia tiene un juicio estancado, desde la misma fecha, por la muerte de dos hermanas y un sobrino a manos de la represión de la dictadura de Augusto Pinochet, en la Calle Mamiña 150. Hasta ahora los inculpados caminan sin problemas por las calles de Chile.

Y pese a lo que muchos pueden creer, Jorge Martín no se siente libre caminando por las calles de la capital española sino que vive en una cárcel interna. No puede volver a su tierra, ni tomarse unas cervezas con sus amigos o presentarle su hija española a sus parientes. Él es parte de los cien chilenos que todavía viven clandestinos en Chile o en exilio. Una de las peores penas que se pueden imponer al ser humano.
 
El exilio forzado y extrañamiento fueron impuestos por decreto por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) contra los opositores y también aplicados al llegar la democracia por tribunales militares con el beneplácito del Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) contra activistas que buscaban juicios contra los violadores de DD.HH o no dejaron las armas.

“Yo tengo dos procesos acumulados. El primero es por el asesinato de mi familia y el segundo, es por mi detención el 30 de junio del 86 en calle Mamiña 150, en la comuna de La Cisterna. Fue muy sonada la primera situación por la brutalidad con que se metieron en mi casa y asesinaron a mi familia”, explica Jorge Martín.

Bajo el mando del Mayor Benimellis, quien murió más tarde producto de una bomba caza bobos, tanto el director del GOPE, teniente coronel Sergio Gajardo Giadach como  José Ricardo Luna García fueron identificados por el expediente de 1987  / 1843-87 a cargo de la fiscal María Angélica Granifo, como autores de los  asesinatos de Margarita Eliana Martín Martínez (43), María Paz Martín Martínez (30) e Isidro Salinas Martín (20), ocurridos en la comuna de La Cisterna, calle Mamiña 150 el 1 de julio de 1986.

Si bien el Departamento de Comunicaciones de Carabineros, informó que el teniente coronel Gajardo Giadach era inocente porque así lo había dictaminado la justicia militar en 2002, la fiscal Granifo determinó que la detención de Jorge Martín Martínez como el allanamiento realizado que se facultaba para la detención de este y la de sus parientes, se infringieron las normas contempladas en el párrafo 3 del título III del libro de II del Código de Procedimiento Penal, infracciones que exceden la falta que contempla el nº5 del artículo 22 del reglamento de Disciplina de Carabineros y configura delitos contemplados en los artículos 148 y 155 del Código Penal.

En resumen, se alteró el lugar del suceso, no se informó de la armas ni las balas utilizadas en el lugar del hecho. No se revisaron las armas de los policías, entre otras graves faltas de Carabineros.

“Me cogen preso a mí y liquidaron a gran parte de la familia, dos hermanas y un sobrino. La CNI (Policía Secreta de Pinochet) me tuvo detenido durante días y me torturaron a mansalva. Luego me trasladaron a la Penitenciaria. Me tienen en el Parque O`Higgins casi dos años y después nos llevaron a la cárcel pública. Si bien ya veníamos manejando una fuga desde la ‘Peni’, ésta la llevamos a efecto cuando trasladaron a todos los compañeros del Partido Comunista a la cárcel pública”, recuerda Martín.

Jorge Martín comenta que muchos de los fugados decidieron salir de Chile por que no creían en el cambio de política que se estaba gestando en los 90. El tiempo les daría la razón. “El 29 de enero fue la fuga y en 1990 ya había ganado Patricio Aylwin pero asumía en marzo. Salimos por la Estación Mapocho e hicimos infraestructura externa con coches y casas de seguridad. Yo decidí salir al extranjero porque tenía nacionalidad española. Aunque salí de Chile con identificación clandestina hacia Argentina donde conseguí mi nacionalidad española por parte de mi padre, que era un refugiado republicano español que llegó en el Winnipeg a Chile. Luego de ahí escapé a Paraguay porque en la Argentina habían muchos agentes secretos de la CNI”.

“Nosotros luchamos para obtener una democracia y ¿por qué ahora la democracia nos da la espalda y nos condena por luchar contra la dictadura?. ¿Por qué no se ha resuelto este problema con La Concertación?. Ellos no han tenido sensibilidad y sólo se agarran al poder”, reflexiona Martín.

Sin duda la exitosa transición a la democracia chilena, que se vende por los partidos y líderes de la Concertación, tiene muchas contradicciones y deudas para estos ciudadanos. En virtud de la ley de reparación promulgada este invierno, las víctimas de la dictadura recibirán 112.000 pesos (120 euros) por lo que el Estado los reconoce como víctimas, pero si vuelven a Chile, pueden ser detenidos y juzgados.

Martín recibe este dinero pero a él no le interesa. Sólo quiere volver a su país y limpiar su hoja de antecedentes ya que la Fiscalía le acusa de asociación ilícita y robo con intimidación .

Ya han pasado más de 20 años desde que Marín dejó Chile por obligación y el proceso contra el debería haber sobreseído y prescrito pero la Fiscalía quiere retener su proceso. Él no pierde la esperanza que termine pronto esta pesadilla de 20 años y lucha en grupo con otros exiliados junto al "Comité Chile Vuelvo", una organización creada recientemente para terminar con el exilio y el extrañamiento político, una situación kafkiana, que presentó un manifiesto hace unos días a la presidenta Michelle Bachelet.

La abogada especialista en DD.HH, Alejandra Arriaza, explicó que el comité surgió a raíz de la llegada a Chile de Jorge Escobar Díaz el pasado 26 de marzo, tras quince años expatriado en Noruega.

Según informaron agencias, Escobar, fue autorizado a ingresar a Chile para visitar a su madre, enferma de un cáncer terminal. Miembro del "Mapu Lautaro", movimiento que siguió armado tras llegar la Democracia a Chile, luego de ver a su progenitora fue invitado a salir de nuevo.

"Este es mi país, un país que quiero, y no importa cuánto tiempo voy a estar fuera, esto no va a suplir el estar con mis compañeros y mi familia", indicó Escobar, que aún debe cumplir cinco años de su pena de destierro.

En tanto, el abogado Alberto Espinoza, que representa a la organización, destacó la "contradicción" de la Concertación frente a los DD.HH. "No queremos seguir viendo  compatriotas nuestros en situaciones tan aberrantes como que se les impida volver a Chile cuando las penas que ellos están pagando hoy en día obedecen a procesos que estuvieron lejos de todas las normas", indicó.

Escobar habló en Chile por sus compañeros.”Yo tengo 20 años de exilio como castigo. Hay compañeros que estuvieron más de 10 años en prisión en tiempos de dictadura y fueron expulsados por 30 o 40 años. El mensaje que se les dio a esos compañeros es 'ustedes se van afuera a morir' y esa situación hay que terminarla”.

Por su parte, la hermana de Jorge Matín, Matilde, ha sido su interlocutora en este proceso. Ella puede viajar a Santiago, a La Cisterna, su barrio de nacimiento, y ver como va el proceso en los tribunales. “Es una vergüenza que aún tengamos una leyes dictatoriales y los políticos no hacen nada. ¿Por qué no sacarse esto de encima de una vez por todas? A mí me gustaría que todos los que violaron de los DD.HH, sean juzgados, y estén en la cárcel pero no se puede por la situación política. Deben esclarecerse esos casos y de una vez por todas que los juicios queden amnistiados contra nuestros compañeros para seguir avanzando. ¿Pero si la constitución tiene implícita la ley de Amnistía que se puede hacer?. En el caso de Jorge se pidió la absolución y lleva dos años ahí parado en la Corte de Apelaciones”, acusa.

En dictadura, la familia Martín tuvo que vivir como gitanos. Sin rumbo seguro, sin casas permanentes, ayudados por personas que no sabían lo peligroso que era recibirlos. “En Chile la ayuda en esa época era muy poca. Sólo la gente trabajadora nos ayudaba aunque no tenían recursos. Algunos llegábamos a casas de gente que era apolítica, estábamos dos o tres días y salíamos, y después esta gente se sorprendía porque no sabían que éramos perseguidos. Muchos colaboraron sin ser del Partido Comunista”, cuenta Matilde.

Con rabia y desencanto, Matilde recordó que en las mesas de diálogo que preparó el ex presidente Ricardo Lagos, se propuso una Ley de Amnistía para todos, incluidos los militares que violaron DD.HH, sin embargo, no aceptaron ya que no sabrían nunca más que pasó con sus desaparecidos. “En esa ocasión sólo habían algunos abogados de DD.HH y no se aceptó porque no estaban todas la víctimas. Sólo el ejército y el gobierno llegaron a la reunión. Se debe cambiar la Ley de Amnistía y la Constitución porque no se puede dejar solos a nuestros desaparecidos”.

Agrega Matilde que “las violaciones a los DD.HH no prescriben, seguirán su curso. Pero los casos como los de Jorge deben ser cerrados y prescribir porque fueron luchadores contra la dictadura y no tendrían que seguir con las penas que tienen”.

Tanto Jorge Martín y Matilde tiene problemas de salud por la tortura, y reciben de ayuda de la Ley Valech unos 100 mil pesos por haber sido víctimas de la dictadura. También tienen la tarjeta de salud, PRAIS, por ser exonerados políticos y perseguido, aunque cuando Matilde va a Chile no le alcanza para comprar sus remedios. Por ello decidió volver a la capital española porque la sanidad ahí es gratuita.

Si bien, los hermanos Martín han intentado solucionar sus casos a través de la embajada, nunca han recibido respuesta del Gobierno. “No debemos hacerlo individualmente. Todo debe llevarse como grupo. Yo fui a La Haya, invitado por Holanda a finales de los 90. Pero al final no hubo nada. En el año 92 intentaron extraditarnos desde Chile por el asesinato de Jaime Guzmán. Querían involucrarnos a todos los exiliados y la policía española tuvo que probar que nosotros no estábamos metidos en el asesinato y que en los 90 vivíamos en España”, recordó Jorge, quien agregó que “nosotros teníamos muy buenas relaciones con la prensa en España pero nos dijeron que no podían publicar nada que dañe al gobierno chileno y a su democracia”.

Matilde aprovecha de mostrar su descontento con el actual gobierno, del cual esperaba más compromiso.“Yo pensé que Michelle Bachelet iba a hacer más cosas por los exonerados y los exiliados. Pero verla al lado de Joaquín Novoa (ex ministro dela dictadura) en el Congreso me ha decepcionado…La verdad es que pedimos la aclaración de todos estos problemas. Que haya justicia. Qué si nos juzgan, y si tenemos culpa que se demuestre, pero de forma legal. Que nada quede impune. Pero se que no es posible un juicio justo hoy en Chile porque todo esta en manos de la justicia militar, y los ministros son afines a la derecha y a la dictadura”.

El amor por Chile sigue en sus corazones aunque un sentimiento contradictorio surge de vez en cuando. “Yo quiero mucho a Chile pero llego y me pongo mala, me enfermo, me da rabia, impotencia. No me siento a gusto en Chile porque cuantas veces me habré cruzado con los genocidas… Ahora, toda mi familia esta dispersa. El daño es tan grande porque no sólo te han matado a tus hermanos y sobrinos sino que te han echado de tu país, te han apartado de tus raíces”, recalca Matilde.

“Con lo Jorge hemos luchado mucho, pero Jorge debe intentar volver para que se encuentre con sus amigos, con sus parientes. Incluso he pensado en quemarme a lo bonzo ya que es desesperante que los abogados no puedan mover mas los casos. Tienen muchos casos, son pocos abogados y a muchos no les pagan”, acota Matilde.

Ellos se consideran luchadores contra la dictadura. No delincuentes ni terroristas. Quieren que se reparen los 20 años de exilio y acusarán al Estado por negligencia. “Seguiremos hasta demostrar nuestra inocencia y queremos que se limpie públicamente estos procesos, no queremos dinero, sino un reconocimiento a todos los luchadores contra la dictadura”, concluyó Jorge Martín.
viernes, 05 de junio de 2009

* Fuente: El Clarin