Ante el debate por la creación del INDH damos a conocer nuestra opinión

Declaración Pública

La Fundación de Ayuda Social de la Iglesias Cristianas – FASIC – y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo –CODEPU- ante el debate generado a raíz del Proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dan a conocer a la opinión pública lo siguiente:

Valoramos la creación de una instancia que institucionaliza desde el Estado la promoción y protección de los Derechos Humanos en el país.

Una institución como la planteada, coadyuvará a suplir falencias institucionales en materia de educación, prevención, promoción y protección de los Derechos Humanos de la sociedad. De esta forma no sólo se hace cargo de manera integral de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el pasado y de los atentados que en el futuro se puedan cometer sino, al mismo tiempo, desarrolla elementos educacionales para conformar una sociedad basada en los derechos fundamentales.

Hay aspectos  especialmente relevantes de la proposición de la Comisión Mixta sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto de los cuales es necesario hacer especial referencia:

1.    Facultad de querellarse.
Conforme al Proyecto aprobado por la Comisión Mixta  respecto de los graves crímenes ocurridos en el pasado, estos  quedarán radicados en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, continuando el esfuerzo realizado hasta la fecha. Con la aprobación del Proyecto, se amplía la competencia del Programa facultándolo para deducir querellas no sólo respecto de la desaparición forzada de personas sino además para ejercer acción penal en relación a casos de ejecución sumaria o extrajudicial. Esta ampliación de las facultades del Programa, es sin lugar a  dudas, un avance significativo.

Igualmente, al aprobarse el Proyecto de la Comisión Mixta, se eleva el rango normativo del Programa, al instituirse  su existencia por Ley, fortaleciendo su continuidad y garantizando de mejor manera su subsistencia.

Se radica con ello, la competencia del Instituto de perseguir las responsabilidades penales, que importen una violación a los Derechos Humanos en el futuro. Con ello se dota al Instituto de una herramienta eficaz de supervisión, que aportará a la prevención y protección de los Derechos Humanos en el país.

2.    Reapertura de las tareas de las Comisiones de Verdad y Reconciliación y de Prisión Política y Tortura (Comisión Rettig y Comisión Valech): Junto con el Instituto, se crea por Ley, una Comisión de Calificación de casos de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados y Sobrevivientes de Tortura y Prisión Política. Se enmienda en la dirección de garantizar el derecho a la verdad y la reparación de miles de víctimas, que en su oportunidad y por las más diversas razones, no concurrieron a testimoniar o incluso no fueron calificadas en su momento.

3.    Creación del Mecanismo Nacional del Protocolo Facultativo al Convenio contra la Tortura: Con la aprobación del Proyecto de la Comisión Mixta, se crea un mecanismo que operativiza este Protocolo, al conferírsele la capacidad de  comisionar a uno o más consejeros, al Director o a su personal, para ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad.

4.    Lo dicho representa sólo algunas de las propuestas consignadas en el Proyecto de la Comisión Mixta. A ella se deben agregar la ampliación de beneficios reparatorios para víctimas sobrevivientes de tortura y/o prisión política, la institucionalización de medidas de reparación simbólica y acciones positivas de rescate de la memoria histórica; todo lo cual corresponde a las exigencias que, desde la sociedad civil, históricamente hemos venido planteando.

Por tanto, hacemos un sincero llamado, a los parlamentarios, a  aprobar el Proyecto nacido de la Comisión Mixta. La creación de este Instituto y sus facultades son  una sentida demanda de las victimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos.

Creemos que este proyecto convertido en ley, significará un valioso avance en la realización de los Derechos Humanos en nuestra sociedad en el camino hacia la justicia que tendrá como fruto la reconciliación y una patria unida.

Santiago, 1 agosto 2008