Desnacionalización del Cobre: Quiénes son los vendepatria
por Francisco Herreros (Argenpress)
18 años atrás 15 min lectura
y José R. Larraín C., integrantes del Tribunal Constitucional que le dio la pasada a la ley.
Si se considera que el Código de Minería, de noviembre de 1983, le proporcionó fundamentos reglamentarios y procesales a la dichosa ley, habría que agregar a la galería de desnacionalizadores, a Samuel Lira O, Ministro de Minería y Jaime del Valle A., Ministro de Justicia.
Para que se entienda la gravedad del asunto, Escondida registró cinco mil 325 millones de dólares de utilidades en 2006, con un 63,4% de rentabilidad sobre el capital, mientras que sólo en el primer trimestre de 2007, se embolsó otros mil 135 millones de dólares. Esos guarismos la situaron como la tercera entre las empresas latinoamericanas de mejores resultados, inmediatamente después de las brasileñas Petrobras y Vale Río Doce.
A contrapelo de su Programa Fundacional, que establecía “el derecho y el deber de aplicar una política chilena del cobre para el desarrollo del sector”, y así obtener “mayores recursos fiscales preservando la autonomía y soberanía nacional en el manejo de los recursos”, en los hechos los gobiernos de la Concertación han consolidado y profundizado el proceso de desnacionalización del cobre, como lo demuestra el simple hecho que las inversiones mineras durante la dictadura ascendieron a dos mil 399 millones de dólares, mientras que en el transcurso del ciclo concertacionista, esa suma se empinó a la pasmosa cifra de 19 mil 976 millones de dólares. Con un agravante.
Como está dicho, en 2006 las diez compañías transnacionales de la minería expatriaron más de 22 mil millones de dólares en utilidades. Si las transnacionales cancelaran lo que dicen Piñera y la ley, debieron haber tributado 10 mil 800 millones de dólares en 2006. Sin embargo, según datos del Servicio de Impuestos Internos, cancelaron sólo dos mil 586 millones de dólares, es decir, 11,7% de las utilidades, como muestra el siguiente cuadro:
Ejemplo de ello es la Ley 18.985 de junio de 1990. Para efectos de la desnacionalización, esta ley es la que realmente la permitió, puesto que eximió del impuesto a la renta la venta de pertenencias mineras, creó el costo de pertenencia, que puede ser cargado como gasto y, fundamentalmente, cambió la tributación de la gran minería desde renta presunta a renta efectiva, vale decir, se paga tributación sobre las utilidades. En esta misma ley se aumentó el IVA de 16 a 18 %. A partir de esta ley llegaron en masa las transnacionales, generando sobreproducción y la caída catastrófica para Chile del precio del cobre. La práctica se ha encargado de demostrar que permite el principal subterfugio utilizado por las transnacionales, puesto que utilizan todo el arsenal de facilidades que les otorga la laxa y permisiva legislación chilena para maquillar sus balances, de forma de ocultar utilidades.
Un capítulo especial merecen los muchachos del CESCO, organización independiente creada en 1984, para oponerse a la legislación minera de la dictadura, y que desde 1990, se dedicó a consolidarla.
Iván Valenzuela Rabi fue Subsecretario de Minería entre 1990 y 1994, es decir, participó en la elaboración de la Ley 19.137. Desde marzo de 1994 a marzo del 2000, desempeñó la Vicepresidencia de Exploraciones y Asociaciones Mineras de Codelco, es decir, era el responsable de negociar las ventas de las pertenencias mineras de Codelco, justo cuando se enajena El Abra. Luego, hasta 1999, aparece figurando en el directorio de la Compañía Minera Los Andes, una sociedad mixta entre Codelco y la transnacional AMP, dedicada a la exploración y prospección de minerales en Chile, y desde ahí salta a otra empresa mixta público privada, toda vez que en 2004 aparece como gerente general de Alliance Copper Limited, un joint venture de Codelco y BHP, dedicado a la biolixiviación de concentrados de cobre. O sea, no es que este señor haya alternado cargos a ambos lados del mostrador, sino que los desempeñó de manera simultánea, aparentemente con interesantes réditos personales.
En 1991, en tanto delegado de Aylwin en Cochilco, expresó, en una de las reuniones del Consejo, su preocupación por la recomendación del Ministro de Minería, Juan Hamilton, en el sentido de no permitir la exportación de concentrados. Claro que, simultáneamente, era asesor financiero de La Candelaria, un proyecto minero de Phelps Dodge y Sumitomo, que se proponía…exportar concentrados. De hecho, en 2004 exportó 700 mil toneladas de concentrados de cobre.
Un caso notable es el de Gustavo Lagos C. director del fantasmal Centro de Minería de la Universidad Católica, uno de los más tenaces lobbystas de las transnacionales y descarado portaestandarte de la privatización de Codelco.
* Fuente: www.argenpress.info
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