Con éxito se realizó misión de observación a Temucuicui

La situación actual de la Comunidad Mapuche de Temucuicui, con la fuerza pública en constante hostigamiento contra los comuneros y una notoria persecución política hacia los dirigentes, fue el motivo para llevar a cabo la “Misión de Observación sobre Situaciones de Violencia Policial en Contra de los Mapuche en Chile” coordinada por el Observatorio de Derechos Indígenas y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CINPRODH) en conjunto con comuneros, realizada los días 26 y 27 de enero en el Fundo Alaska, territorio recuperado por la misma comunidad.

En Temucuicui, allanada en diez oportunidades durante el 2006, confluyeron durante la primera jornada representantes de diversas organizaciones internacionales, entre las que destacan el Centro de Estudios Locales y Sociales de Argentina (CELS), el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Bolivia (CEJIS), la ayuda Popular Noruega (APN) y el canal de televisión venezolano Telesur, además de organizaciones de derechos humanos, sociales, culturales, políticas, sindicales y estudiantiles de distintas latitudes del país, y comunidades mapuche del sector de Renquilco, Lonko Mahuida y otras cercanas a Temucuicui.

La importancia de la actividad para uno de los encargados de coordinar la misión, el trabajador social e investigador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas Eduardo Mella, giraba principalmente en torno a la denuncia, además de representar un espaldarazo a la comunidad de parte de todas las organizaciones participantes. Por otro lado, agrega que sirve para poder establecer vínculos y alianzas estratégicas con otros sectores.

Por su parte para el Werkén de Temucuicui Victor Queipul, este tipo de misiones de observación sirven para transmitir a aquéllas organizaciones, instituciones, políticos, etc., que se puede conversar con los mapuche, que siempre han estado abiertos al diálogo, pero que el gobierno está siendo sobrepasado por los particulares y las empresas forestales y no se encuentran los medios para conversar.

Las actividades en la comuna de Ercilla partieron alrededor de las 11:30 horas con una bienvenida a los invitados en la Plaza de Armas de la ciudad, para luego dirigirse a la comunidad de Temucuicui donde, tras una rogativa realizada por los comuneros y en la que participaron también el resto de los asistentes, se presentaron los representantes de las distintas organizaciones. Con esto se dio paso a un almuerzo comunitario y, luego, a la exposición de dirigentes mapuche del territorio y víctimas de la fuerte represión policial en el sector.

Entre los testimonios llamó la atención el de Rodrigo Huenchullán, Werkén y secretario de la comunidad y uno de los coordinadores de la misión, quién tiene en estos momentos un proceso abierto en su contra por el incendio que habría afectado a René Urban en octubre de 2003. Asegura que han estado siendo víctimas de una serie de atropellos y violaciones a sus derechos, haciendo alusión a las personas que han sido baleadas y los arbitrarios procesos judiciales que se han abierto. “Estamos dolidos; por un lado el gobierno nos manipula ofreciendo cosas y por otro nos manda carabineros, detenciones y todo eso”.

Huenchullán atribuye directa responsabilidad a Urban, dueño del fundo contiguo a la comunidad y que “constantemente ha nombrado a personas, injuriando a la comunidad para amedrentar”, según asegura el Werkén. La política del particular ha sido culpar a sus vecinos, especialmente a la gente joven y los dirigentes, por cualquier hecho negativo que sucede, creando una situación de hostigamiento y persecución. Agrega que, del mismo modo, el gobierno busca mantenerlos sin apoyo haciéndolos ver como un “grupo minoritario” o una “comunidad aislada” con el fin de criminalizar su lucha.

Eduardo Mella coincide con Huenchullán al sostener que la represión por parte del Estado y toda la criminalización, responde a la presión mediática y política de grandes intereses económicos tanto del poder transnacional como del poder local.

Para el abogado Pablo Ortega, quien ha trabajado en reiteradas ocasiones junto a comuneros procesados, la experiencia de trabajar con comunidades mapuche y específicamente con Temucuicui le ha mostrado la represión “con mucha gente herida, golpeada, encarcelada, en muchos casos acusada injustamente y desfavorecida en los procesos con aplicación de legislación militar”. Comentó además como “muchas veces había acusaciones que eran infundadas y luego de eso había absoluciones, pero todo el proceso previo de persecución, allanamiento y encarcelamiento significaba una represión directa hacia las familias y hacia los comuneros que producía consecuencias en el plano laboral, emocional y físico”

Agrega que este tipo de iniciativas tiene varias aristas: es una señal para los poderosos de que no pueden actuar impunemente y para la policía de la necesidad de profesionalizarse, incluyendo en su doctrina institucional el respeto a los derechos humanos. “No es posible que a las comunidades mapuche se les aplique el derecho penal lisa y llanamente ni tampoco procedimientos policiales extremadamente violentos y racistas”. Por otro lado, es una muestra para las comunidades de que sus luchas son comprendidas y apoyadas por distintas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos.

Para los encargados de coordinar la “Misión de Observación sobre Situaciones de Violencia Policial en Contra de los Mapuche en Chile”, la actividad resultó un éxito, en el sentido de que la acogida de las organizaciones internacionales de derechos humanos fue positiva y pudieron verificar en terreno lo que denunciaba la comunidad.

Las conclusiones a las que se llegó tras visitar en terreno las comunidades de Temucuicui y Malleco reflejan graves violaciones a los derechos humanos, así como concepciones racistas en instituciones del Estado visibles en prácticas de maltrato verbal y físico en contra de los mapuche.

Algunas de las situaciones constatadas son exceso en el uso de la fuerza pública en comunidades, afectando de manera espacial a mujeres, ancianos y niños; uso de armas letales por agentes policiales; restricción al derecho de libre circulación producto de un cerco policial en favor de predios particulares; presencia permanente de efectivos policiales y civiles armados en las comunidades; uso de expresiones racistas por parte de agentes del Estado; celo excesivo por parte del Ministerio Público en causas que involucran a mapuches en contraste con su pasividad en causas de particulares contra los mapuches; impunidad a agentes del Estado encausados por delitos contra mapuches; hostigamiento y robo de información a organismos defensores de derechos de los pueblos indígenas, entre otras.

En cuanto a recomendaciones a las autoridades nacionales, constatar grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el relator especial de los pueblos indígenas de la ONU en su informe del 2003, las formuladas por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas el 2004 y la Federación Internacional de Derechos Humanos el 2006 en lo que atañe a los hechos constatados; que la Presidencia de La República constituya una comisión para que cesen las violaciones a los derechos humanos mencionados y se sancione a los culpables; y que se retire la presencia policial de las comunidades mapuche, entre otras.

Se espera que durante un par de meses se elabore un informe amplio en relación a cada uno de los puntos. De la misma forma, quedó establecida la red de información y colaboración entre quienes asistieron a la actividad, que junto a otros actores que se puedan sumar de aquí en más realicen un monitoreo anual a la situación de violación de derechos contra las comunidades.

Por su parte el Werkén Queipul asegura que seguirán en pie. “El trabajo que se está haciendo en estos momentos es de conocerse con otras comunidades para seguir con la organización y no bajar, porque la lucha por las reivindicaciones es una lucha justa”.

Lunes 29 de enero de 2007, por redchem