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Las maniobras para manejar los fondos de los imponentes 

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El proyecto de ley de reforma previsional, enfrenta en forma importante uno de los problemas más críticos del sistema de administradoras de Fondos de Pensiones -la nula o precaria pensión de vejez con que cuentan muchos chilenos- al establecer la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, aunque fija montos y una gradualidad que nada tiene que ver con las posibilidades fiscales existentes en la economía chilena. Sin embargo, la ley no modifica la existencia del regresivo sistema de AFP creado en los años de dictadura y en los hechos lo refuerza. De allí que aumente la disputa entre grandes intereses financieros por controlar los recursos que maneja y dispondrá en montos aún mayores a futuro.

La iniciativa gubernamental -recogiendo la formulación efectuada por la Comisión Marcel- establece que “podrán también los bancos constituir filiales como Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones…”. En verdad, el sistema actualmente es manejado exclusivamente por instituciones financieras. Provida, la mayor AFP, es controlada por el grupo español BBVA, o sea por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; Habitat lo es en partes iguales entre la mayor institución financiera norteamericana y mundial, Citibank, en alianza con la Cámara Chilena de la Construcción; Bansander AFP pertenece al otro gran consorcio financiero ibérico, Santander Central Hispano; Santa María es propiedad del grupo financiero ING Group; Cuprum está en manos del grupo Penta, de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que tienen también un banco de inversiones con el mismo nombre; y, finalmente, la AFP Planvital -que se encuentra en venta- cuenta con la administración de la Banca de la Svizzera Italiana. Lo nuevo por lo tanto, no es su control por bancos sino que se facilita la presencia del sector financiero nacional, sin exclusiones, siempre que sean empresas de giro único.

La redacción del proyecto de ley permite la creación de una AFP por el BancoEstado, posibilidad inmediatamente cuestionada por los sectores en el país más recalcitrantes que consideran por definición la presencia de una institución pública como un hecho negativo o que establecería una “competencia desigual” con los grupos financieros privados, externos o internos, cuando al contrario su creación permitiría, si se quisiera aprovechar, generar una situación nueva y aumentar la capacidad regulatoria del país. El presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Arthur, en las VII Jornadas de Reflexión del sector realizada el fin de semana pasado en Viña del Mar, argumentó en contra de una AFP pública basándose en el llamado “principio de subsidiaridad” del Estado, sosteniendo que su presencia en actividades comerciales se justifica sólo “cuando los privados no están o no pueden proveer estos servicios. (05/01/07). Arthur no tuvo en cuenta el carácter oligopólico del sector -que facilita la colusión empresarial- y que funciona mediante un mecanismo de ahorro forzoso que hace necesario establecer la participación de los imponentes en las decisiones que se adopten y defender sus intereses, o sea la existencia de regulaciones, lo cual se posibilita en una escala mayor con una AFP estatal.

Los ministros de Hacienda y Economía, Andrés Velasco y Alejandro Ferreira, respectivamente, acogiendo de inmediato la exigencia de los consorcios financieros y el gran empresariado, explicitaron simultáneamente que “no es política de gobierno, promover la creación de una AFP estatal” (27/12/06). Velasco afirmó que “se van a dar pensiones básicas y ahí va estar centrado el esfuerzo del gobierno” (27/12/06). Por tanto, no hay el menor propósito de modificar el sistema de AFP, sino sólo cubrir una de sus grandes falencias al dejar a una gran cantidad de chilenos sin o con una muy baja cobertura previsional. Alejandro Ferreiro explicitó que siendo factible que el BancoEstado establezca una AFP, hubo una “definición política” de no hacerlo (27/12/06). Se trata, por tanto, de una resolución adoptada expresamente, altamente ideologizada, que considera negativo por definición el papel de las empresas estatales. La presencia pública sólo se justifica, en opinión de Ferreiro, si el sector privado no puede cumplir algo a cabalidad, dándose así por satisfecho con el manejo del sector efectuado por las AFP. El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, jugando en un primer momento un papel secundario en el proceso de discusión manifestó que la idea de una AFP del BancoEstado “no me produce ni frío ni calor”. Posteriormente, Andrade dejó nuevamente el tema abierto remitiéndose al texto concreto del proyecto, al señalar “que cualquier institución bancaria por medio de una filial de giro único pueda incorporarse a la industria de las administradoras de fondos de pensiones” (03/01/07). Por tanto también podría hacerlo el BancoEstado.

La oposición de Velasco a una AFP estatal viene de los días de funcionamiento de la Comisión Marcel, al expresar ya en ese momento que no le veía a su creación “mayor sentido”, coincidiendo con las formulaciones efectuadas por varios integrantes de dicha instancia, que utilizaron como argumento inclusive la regresiva legislación del Estado Empresario . Velasco en un pasado no muy lejano planteó, como recordó en estos días el economista José Luis Daza, “que había que privatizarlo todo” (31/12/06). No resulta extraño, en consecuencia, que se pronuncie tajantemente en contra de una AFP estatal.

“El ministro Velasco -manifestó el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Sergio Aguiló- pecó de una posición neoliberal extrema, sobreideologizada. “Cree -agregó-que todo lo que hace el Estado es malo por razones de eficiencia. El proyecto de ley de reforma previsional-concluyó- debe proteger mejor a los trabajadores y no entregar protección a las AFP” (27/12/06). “Cada vez me convenzo más -agregó días después- de que el señor ministro de Hacienda es un chiíta, un extremismo del neoliberalismo. Es una persona que tiene por principio fobia a cualquier participación del Estado y defender los principios corporativos de las grandes empresas” (02/01/07). Carlos Montes destacó, a su vez, que la creación de una AFP estatal permite la presencia de un “actor regulador”. (04/01/07). Por su parte, el diputado Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda, manifestó que en el debate del proyecto de ley deben estar presentes un conjunto de temas “ineludibles”. Entre ellos, detalló, “que los trabajadores participen en los directorios de las AFP; que el Instituto de Normalización Previsional juegue un papel en la venta de planes previsionales; y que el BancoEstado también participe y forme una AFP estatal” (27/12/06). En otras palabras, una mayor presencia del Estado y la democratización del sistema, aspectos fundamentales no considerados o muy vagamente diseñados en la iniciativa gubernamental.

La determinación política de que el BancoEstado no establezca una AFP se encuentra dentro de lógica de reducir el papel del sector público propio del Consenso de Washington. De otra parte, es ceder frente a la insistentes presiones en este sentido de las organizaciones del gran empresariado y de los centros de estudios y de los medios de comunicación que expresan dichas concepciones ideológicas. Entre los “argumentos” dados por El Mercurio para impugnar la formación de una administradora por el BancoEstado está que “se podrían politizar algunas decisiones de inversión o de elección de directorios en sociedades que las AFP tienen participación” (02/01/07). Es una afirmación grotesca en un sistema en que la mayor parte de las inversiones se concentran en un reducido número de empresas, varias de ellas controladas por capitales extranjeros, y en no pocos casos
que cuentan entre sus directores a personajes de connotada figuración en los años de dictadura. Más de la mitad de las inversiones de las AFP se encuentran efectuadas en acciones y en la nominación de los directores de las empresas no tienen participación los dueños de los recursos -los imponentes- sino que los controladores de las seis administradoras.

La no existencia de una AFP estatal es tan fundamentalista que en las VII Jornadas de Reflexión fue incluso impugnada por el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Hernan Somerville. “El BancoEstado -argumentó Somerville- está compitiendo durante años en fondos mutuos, en corretajes en bolsa, hoy día ha abierto sucursales en Nueva York. Nosotros -precisó- no hemos estado nunca preocupados por la competencia del BancoEstado. La posición mía -concluyó Somerville- es muy clara y es la única intelectualmente correcta… La Ley de Bancos en Chile no discrimina entre bancos públicos y privados…” (05/01/07).

En América del Sur, las naciones del Río de la Plata cuentan con empresas previsionales estatales. En Uruguay existe la AFAP República, pertenecientes a los bancos estatales de la República, de Previsión Social y de Seguros, que administra el 56,2% del mercado, con comisiones más bajas que las otra cuatro administradoras privadas. En Argentina, tiene una administradora el estatal Banco de la Nación, con un 12,5% del mercado y que cobra comisiones inferiores al promedio aunque no es la de menor costo.

Las AFP incorporan a sus directorios a personeros vinculados con la Concertación o que han tenido cargos en el gobierno. En Chile, el lobby es una actividad cada vez más poderosa y oscura. El ex senador socialista, José Antonio Viera-Gallo defensor de las poderosas empresas extranjeras de concesiones viales frente a las demandas de los usuarios por los manejos abusivos en los cobros de los TAG, es director de AFP Provida. Conductas de este tipo, señaló el presidente del PS Camilo Escalona “afectan la coherencia de la Concertación. Son señales lamentablemente contradictorias. Si una persona va a dedicarse a abogado de las concesionarias, -agregó Escalona- tiene que dedicarse a eso y no tener un doble rol que llama a la confusión. Si por otro lado se va a mantener en el servicio público y va a ser asesor del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana, debe ser abogado del Ministerio y no representante de las concesionarias” (03/01/07). La significación de la conducta de José Viera Gallo es aún mayor ya que es el presidente de la Corporación ProyectAmérica, en la cual participan destacados exponentes del “laguismo”. La ex intendente y ex superintendente de Previsión Social, integrante de la mesa de la democracia cristiana, Ximena Rincón, es también parte del directorio de Provida. Estos hechos constituyen elementos del proceso de descomposición que vive la Concertación.

Las administradoras fueron un actor muy importante en decidir el proyecto de reforma previsional. Sus estrechos vínculos con el equipo económico de gobierno se lo permitieron. La Asociación de Isapres teniendo seguramente en cuenta esta experiencia procedió a nominar como su presidente al ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Frei y ex alto funcionario del FMI, Eduardo Aninat. “Obviamente -comentó el senador socialista Jaime Naranjo- el nombramiento fue con un claro sesgo político, porque el tiene una buena relación con el gobierno” (28/12/06). “Esta situación -dijo, por su parte, el también senador socialista Alejandro Navarro- es parte de un diseño que busca camuflar ciertos modelos que hemos criticado, para evitar tener que asumir el debate sobre los cambios que la mayoría de ellos requiere, como ocurre en el sector de las Isapres pero también en las AFP, las sanitarias, las telefónicas y otras” (28/12/06). Las Isapres decidieron “blindarse” para cualquier proceso de discusión sobre reformas que consideren les afecte. Con esta designación prosigue al mismo tiempo el trasvasije desde altos cargos públicos en los gobiernos de la Concertación a altas funciones de defensa de grandes intereses privados. Los ejemplos ya son muchos.

El proyecto no se propone una reforma del sistema de AFP, sino que, al contrario, pretende reforzarlo y ampliar su campo de acción. Uno de los mecanismo para ello es hacer obligatoria la incorporación de los independientes al sistema. “Hoy -cuantificó Velasco- sólo un 5% del millón de trabajadores independientes cotiza en una AFP. Su incorporación, primero a través de incentivos y, al cabo de algunos años, haciéndola obligatoria implicará un aumento del ahorro previsional” (27/12/06). Los fondos manejados por las AFP también se incrementarán al hacerse reajustable el tope máximo imponible- fijado hasta el momento en 60 UF- según la variación del índice de remuneraciones reales del INE. El tema que Velasco no aborda, aunque conoce su respuesta, es quién administrará esos recursos crecientes Este papel lo cumplirán las actuales administradoras, más aquellos grandes intereses financieras que entren al sector atraídos por su mayor potencialidad. Dado que junto con mantenerse incólume el sistema de AFP, se amplía fuertemente la cuantía de los recursos a manejar la pugna por tener presencia en él se intensifica.

Los esfuerzos del organismo empresarial por ampliar las actividades de los bancos en el ámbito de los fondos de pensiones viene desde hace varios años y ahora visualizan que se está cerca de concretarlos. El “mercado” ya se mueve en esa perspectiva, como lo demuestra las negociaciones entre el Citigroup y el Banco de Chile, controlado por el grupo Luksic, que en el pasado también aumentó su presencia sectorial en alianza con instituciones extranjeras.

Desde luego, el rechazo a empresas públicas va mucho más allá de la oposición de una AFP estatal. El Mercurio ha insistido editorialmente en su repetitiva formulación de privatizar Codelco, a pesar de los efectos claramente negativos para el interés nacional que se produce al encontrarse la mayor parte de la gran minería del cobre en manos de intereses privados. El diario de los Edwards sostiene que las empresas privadas demuestran un mayor “dinamismo que Codelco no es capaz de emular por restricciones políticas, financieras y de operación”. (27/12/06). La gran restricción política de Codelco es la carencia de una estrategia nacional para su desarrollo; la financiera reside en que además de cancelar impuestos -incluyendo los destinados a financiar la adquisición de armamentos para las FF.AA., que no lo paga la minería privada del sector y que constituye un 10% sobre las ventas que podrían destinarse a otros propósitos- debe entregar la totalidad de sus excedentes al Estado. O sea, el menor dinamismo es causado en gran medida por políticas que afectan a Codelco, mantenida durante los gobiernos de la Concertación con el decidido respaldo de los partidos de derecha.

La campaña en contra de una AFP estatal forma parte, por tanto, de una estrategia mucho más vasta. En el plano político, el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, planteó abiertamente que “para corregir el modelo proponemos menos Estado” (04/01/07), aunque ello, en realidad, conduce a profundizarlo. Su propuesta la vincula con que las empresas tributen “sobre la base de utilidades retiradas”, tal como se implementó durante un tiempo en los años de dictadura” y no como porcentaje de las devengadas, usando como pretexto -lo cual es usual en formulaciones de estos sectores- apoyar a las pequeñas empresas.

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