Monarquía presidencial o régimen semiparlamentario

El diputado Marco Enríquez-Ominami convocó a un seminario sobre la factibilidad de un régimen semiparlamentario, en Chile. Es evidente, como lo sostiene el historiador Alfredo Joselyn-Holt, que en el largo período de nuestra historia constitucional predominó el parlamentarismo sobre el presidencialismo que, en el país, tiene ribetes monárquicos. Esta afirmación es válida para la constitución de 1833, la de más larga duración de nuestra historia. Si bien, en los gobiernos de Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt predominó el autoritarismo conservador, explicable por la concepción portaliana que despreciaba la Constitución y las leyes, a partir de 1861 se asienta la hegemonía liberal parlamentaria, según el historiador Julio Heisse. Por lo demás, la historiadora María Angélica Illanes ha desarrollado la hipótesis de un proyecto histórico popular a partir de la Sociedad de la Igualdad, liderada por Francisco Bilbao y Santiago Arcos.

Como siempre, en Chile, tanto el parlamentarismo como el presidencialismo son productos híbridos, es decir, muy lejanos de los modelos norteamericanos y europeos: el presidencialismo no tiene contrapeso en el Congreso y el parlamentarismo carece de partidos políticos fuertes e ideológicos, salvo en el caso de la lucha llamada teológica, que impuso el Estado docente. Si se exceptúa a conservadores y radicales, los liberales democráticos y, posteriormente, el Demócrata, fluctuaron entre los dos extremos; por lo demás, no existió la institución del Primer ministro, ni la disolución de las Cámaras, elementos claves del parlamentarismo.

En lo que respecta al sistema electoral este era limitado y, en extremo, oligárquico: el presidente de la república era elegido en forma indirecta y el parlamento distorsionado por el cohecho. Con razón, Manuel Rivas Vicuña – portalito – el cronista más connotado de la época, nos cuenta que en 1911 Alberto Edwards, un diputado bastante autoritario, propuso dividir el país en pequeños distritos y que en cada uno de ellos se eligieran dos diputados. Este es el precedente del binominalismo. Para Julio Heisse, el parlamentarismo es la expresión más perfecta del gobierno representativo de la burguesía, y no podía ser de otra manera pues rotos y siúticos, como les decían en la época, eran sólo sujetos de cohecho.

Alberto Edwards,  La fronda aristocrática, era un nacionalista – al igual que Francisco Antonio Encina, Tancredo Pinochet – que despreciaba la República Parlamentaria, llamándola “la república veneciana”, un régimen de casta gris y palaciego. Edwards terminó haciendo la apología del bonapartismo militar de Carlos Ibáñez del Campo, de quien fue su ministro.

El presidencialismo chileno surgió de una alianza cívico-militar: Es bueno recordar que la Constitución de 1925 fue aprobada por un golpe, en la mesa, del inspector de ejército Navarrete; por lo demás, en el plebiscito de 1925 predominaron las abstenciones sobre los votos a favor. Poco a poco, el presidencialismo se fue transformando en monarquía presidencial; Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez y Eduardo Frei Montalva impusieron sendas reformas, que restaron facultades al Congreso:

Exclusiva iniciativa del Ejecutivo en los proyectos de ley que impliquen gastos fiscales.

• Un sistema electoral perfeccionado
• Elección de todos los poderes locales
• Iniciativa popular de ley
• Juicio de residencia a todos los altos funcionarios del Estado, incluidos el legislativo y el judicial.
• Aumentar el poder fiscalizador del Parlamento
• Interpelaciones que conlleven responsabilidad política
• Eliminar las leyes con quórum calificado
• Plebiscitos constitucionales  convocados por los poderes del Estado y por los ciudadanos.
• Prohibición de la reelección por más de un período consecutivo pata todos los poderes del Estado, tanto nacionales como locales.
• Control popular de los partidos políticos, no sólo en los períodos electorales, sino también cotidianamente.
• Elección de senadores nacionales por un período de cuatro años y reelección por sólo un período consecutivo.
• Prohibición del aporte de empresas y personas jurídicas en las campañas electorales.