26 de Julio, fecha que jalona la historia de un pueblo que ni se rinde ni se vende

Hay algo en el Informe aprobado por Bush el 10 de julio tan evidente y reiterativo que no han podido pasarlo por alto ni los medios de comunicación más obedientes al imperio: el empeño por fabricar, dirigir y financiar dentro de Cuba a los grupos mercenarios a su servicio.

Tras recordar, en la página 14, que esa era una de las directrices principales del Plan Bush de mayo del 2004 -«dar más apoyo directo del gobierno de Estados Unidos a esos grupos dentro de la Isla»-, la reafirma y hasta la califica, como «el sólido cimiento» de las «medidas adicionales» para «apresurar el fin» de la Revolución cubana.

Entre la página 19 y la 22 el Informe precisa que este año y el próximo dedicarán 80 millones de dólares a ese propósito y se explaya en detalles: aclara una y otra vez que son recursos del Gobierno norteamericano; que los entregará directamente a sus destinatarios en Cuba; que no solo pagará a sus mercenarios sino que además los entrenará y les suministrará equipos y materiales; y por si fuera poco lo anterior, menciona a algunos de sus asalariados con nombres y apellidos.

Esto es lo que aparece en la porción del Informe que han divulgado. No olvidemos lo más importante, que es la parte secreta, cuya extensión y contenido nadie conoce, la que incluye otras medidas que se mantienen ocultas «por razones de seguridad nacional y para su efectiva implementación». De ese programa secreto lo único que se sabe es que Bush lo aprobó el 10 de julio del 2006 en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional realizada en horas de la mañana de ese día. Cualquiera está obligado a suponer lo peor. Basta con recordar la abultada historia de acciones encubiertas contra Cuba para suponer que sus planes esconden más terrorismo, sabotajes, asesinatos y operaciones militares en las cuales, como prueba una experiencia de medio siglo, piensan utilizar también a mercenarios.

La política norteamericana hacia Cuba ha sido invariable desde Enero de 1959 hasta hoy. La sustancia no ha cambiado. Siempre ha tenido un rostro público, cargado de retórica mentirosa que trata de ocultar la realidad, el sufrimiento y el dolor que premeditadamente, con fría maldad, causa a nuestro pueblo.

Con el tiempo, lenta y dificultosamente, los planes secretos trascienden a la luz, al menos una parte que aunque sea limitada y con ángulos que nunca son revelados, permite comprender la naturaleza genocida de esa política.

Hubo que esperar hasta 1991 para conocer documentos oficiales en los que los gobernantes estadounidenses reconocían que era eso, exactamente, un genocidio, lo que desataron contra Cuba desde el triunfo de la Revolución.

En un informe interno, fechado el 22 de junio de 1959, en el que analizaba la supresión de nuestra cuota azucarera, una de las primeras medidas que adoptaron, el Departamento de Estado reconocía cuál era su propósito: «la industria azucarera sufriría rápidamente una caída abrupta y causaría un desempleo generalizado. Grandes cantidades de personas quedarían sin trabajo y comenzarían a pasar hambre».

Otro documento, del 6 de abril de 1960 y que lleva la firma aprobatoria de su jefatura, reconoce que «la mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es a través del desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales… hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… negarle dinero y suministros a Cuba para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar el hambre y la desesperación y el derrocamiento del Gobierno».

Desde entonces, sistemáticamente, con ensañamiento, la guerra económica se ha extendido e intensificado. Una medida tras otra, un Plan agregado al anterior, hasta culminar con la Ley Helms-Burton, en 1996, que establece que el bloqueo seguirá hasta que los cubanos hayamos «devuelto» a quienes las reclaman supuestas propiedades, incluyendo todas las viviendas, y las tierras y hayamos perdido también la independencia y soberanía nacionales.

El Plan anexionista del 2004 no hace otra cosa que exponer, hasta el último detalle, cómo aplicarían esa Ley poniendo énfasis en los desahucios y desalojos, la privatización completa de la economía, la eliminación de los sistemas de salud, educación y seguridad social y en describir puntillosamente el «futuro» régimen de ocupación yanki. El Informe de julio del 2006 ratifica ese Plan y le agrega algunas medidas adicionales que he ido analizando para los lectores.

Otra línea integra la política de Washington desde el primer día: la creación de una quinta columna que le sirva de instrumento. A su fabricación, organización y dirección están dedicados muchos de los documentos que fueron secretos, pero que ya son de dominio público, donde aparece bastante información sobre lo que en Washington llaman el Programa Cuba.

En febrero de 1998 la CIA desclasificó un informe redactado por el General Kirkpatrick, quien fuera Inspector General de la Agencia. El propósito de ese documento era evaluar dicho Programa. Kirkpatrick precisa que el Programa Cuba fue iniciado en la primavera de 1959 con el propósito de «fabricar una oposición dentro de Cuba alimentada con asistencia clandestina externa y organizar una oposición desde el exterior que sirva de cobertura a las actividades de la Agencia». Para el General norteamericano esa era la «sustancia principal» de un Programa que no ha dejado de existir desde entonces, algunos de cuyos componentes -obviamente los que no son secretos- pueden encontrarse en los sitios de Internet y en otras publicaciones oficiales de Estados Unidos.

Al proclamar su Plan anexionista en el 2004 y referirse a sus esfuerzos para «fabricar» esa llamada «oposición», Bush los calificó como «la piedra angular de nuestra política para acelerar y ponerle fin» a la Revolución. En el Informe de julio del 2006 pisa el acelerador y ahora habla de «apresurar o precipitar el fin».

Por una parte el «hambre y la desesperación» se las quieren imponer a un pueblo entero, por la otra el salario vergonzante y el apoyo material para un puñado de traidores y algunos farsantes de otros países que también son pagados por el presupuesto norteamericano.

El Informe que acaban de divulgar en Washington es en ese sentido, esencialmente, la continuación de la misma política. Pero esta vez el cinismo desborda cualquier límite. El cinismo y la indecencia.

Más recursos para sus agentes, ninguno para el pueblo cubano ni para sus iglesias y sus asociaciones fraternales; equipos para los traidores que facilitan su labor genocida, pero no para los hospitales que devuelven la vista, la salud y la vida; apoyo material para los mercenarios, amenazas, castigos y hasta la cárcel para quienes busquen el reencuentro familiar.

Esos son los «sólidos cimientos» de la política anticubana de Bush. Suponer que con tal política pueda derrotar a los cubanos implica ser muy ignorante, sea dicho con el respeto que merecen otros ignorantes.