En Chile los niños son imputables

Los niños marginados, excluidos del modelo consumista, insolidario e irracional denominado “Capitalismo Salvaje” o Globalización del Capital, no sólo son explotados con un trabajo de esclavo –10 a 12 horas diarias-, tratados como mercadería pornográfica en Internet y en la prostitución infantil,  y asesinados para comerciar sus órganos vitales, sino que además se les declara imputables, culpables de la esquizofrenia social y de la delincuencia crónicas del paraíso de la alegría con una “libertad, una justicia y una democracia en la medida de lo posible…”

Mi artículo sobre la imputabilidad de los niños, no ha sido del agrado de los sumos sacerdotes del Derecho. Estos opinólogos, epígonos del sistema capitalista, críticos de la crítica, hasta hoy no han formulado ni una crítica técnico-jurídica sobre el desaguisado antes señalado, “la ley que rebaja la responsabilidad penal de los niños”, y que los transforma en jóvenes imputables, por temor a que se moleste “El Mercurio”, y su testaferro la “Fundación Paz Ciudadana…”.

Esta patética realidad, traducida en deficiencias legislativas o de justicia de Menores, se atribuye a la ausencia de una concepción clara y prioritaria del problema de la minoría marginada, excluida, ajena a la protección de los Derechos del Niño aprobados por Naciones Unidas, y al correlativo error histórico de no otorgar al tema la autonomía normativa que merece, relegándolo a una simple cuestión delincuencial que se termina “con la mano dura”: detención ilegal, desaparecimientos, asesinatos y torturas, y construyendo cárceles donde encarcelar “a los niños delincuentes”. Eso que la delincuencia es un problema social, no es aceptado por la clase política dominante, porque para estos menesteres, no hay dinero.

En el ámbito de la Justicia Penal de Menores, los jueces mayoritariamente no son expertos en la materia; a lo máximo han hecho algunos cursillos tan de moda, postgrado o postítulo, y cuyas designaciones son también consecuencia del compromiso político y la recomendación de influyentes padrinos políticos. A más de su impreparación en una materia especializada tan compleja y delicada, los jueces de Menores cuentan con un formidable margen de discrecionalidad que se materializa en una práctica arbitraria y abusiva en el encarcelamiento de los menores. De no hacerlo así, los Señores Magistrados corren el riesgo de ser calificados como malos jueces por la prensa libre mediática mercurial, que a diario chorrea sangre, pornografía, consumo, etc.

Los jueces policía, en la aplicación de la Ley de Menores, convierten a ésta en un instrumento de represión “mano dura”, porque lo que ejerce es control y dominación social desde arriba hacia abajo, esto es, de la clase adinerada, dueña del poder, que impone a través de sus epígonos, el control del modelo económico y político. Esta clase tiene el poder de definición y de estigmatización hacia la clase dominada. Desde este segmento de control social, se aplica verticalmente la Justicia Penal de Menores.

Yo he afirmado que el modelo de sociedad impuesto tiene como base la mentira generalizada y un sistema penal aparentemente tutelar que puede llegar a situaciones más injustas que la que afronta un delincuente adulto, al que formalmente lo amparan las garantías de un proceso liberal, como las del Debido Proceso, el Derecho a la Defensa en cualquier estado del proceso, la Presunción de Inocencia, -el niño por sobrevivir mendigando para comer, ya es considerado un delincuente-, etc.     

Aunque el país viva un proceso de Reforma Procesal Penal –mantengo mi personal reserva en cuanto a la real efectividad de tal proyecto: sólo en Chile se puede pretender reformar el Código de Procedimiento Penal sin reformar el Código Penal. Es como pintar un coche sin cambiar su viejo motor y pretender venderlo como un coche nuevo.    

En el contexto de la Justicia Penal de Menores, el nuevo desaguisado jurídico: “La Ley que Rebaja la Responsabilidad Penal Juvenil”, yo soy de opinión que el problema de la delincuencia de los menores requiere como solución “algo más” que una simple y hormonal decisión legislativa, como es el caso de la aberración jurídica que nos preocupa, y que acaban de aprobar los poderes Ejecutivo y Legislativo. Si no existe una honesta, inteligente y seria decisión política en procurar de estructuras a un verdadero proceso de transformación de la situación sociopolítica y familiar de los menores, es poco lo que puede conseguir un instrumento jurídico, por bueno que éste sea.

No obstante que la Ley de Menores en general y de la de marras en particular que nos preocupa, en su aplicación esencialmente punitiva y no protectora, reintegradora, etc., como lo repiten majaderamente en sus discursos mediático de legitimación los sumos sacerdotes del oráculo pinochetista-concertacionista, frecuentemente en la práctica bajo el justificativo de proteger a los menores, se les priva de las garantías procesales de los adultos.

Nosotros hemos acentuado que la sociedad necesita de policías y jueces que la defiendan, pero debería entenderse que no se trata de una protección frente a los delincuentes, sino que comprende a éstos porque esta protección consiste en el uso adecuado del Derecho, como instrumento corrector de desarmonías sociales. Que se entienda de una vez: que mientras más armoniosa es la convivencia social, cuando menos aparezca tarada por desigualdades o privilegios irritantes, menos requiere una aplicación represiva del Derecho, y menos se justifica este uso…

En la aplicación real de la Ley de marras antes citada, encontramos punición o castigo, porque “los centros de Internamiento son el eufemismo con el que se designa legalmente a “la Cárcel de Menores”. Difícilmente se podrá invocar otro tipo de garantías procesales o legales porque el argumento legitimante de la institucionalización es que no se trata de una privación de la libertad, sino de una medida de seguridad para preservar la integridad del menor y protegerlo del contagio social. Cualquiera que sea el rótulo que identifique a los centros, reclusorios de Menores, etc., no son otra cosa que cárceles para niños.

Un sistema aparentemente protector/paternalista, puede también convertirse en un instrumento de desviación secundaria, porque el internamiento de menores “por su propia seguridad” en centros Juveniles sin ninguna separación, con una abierta promiscuidad entre menores calificados de conducta irregular y niños delincuentes en situación de abandono o desamparo, les brinda la oportunidad para pasar de una categoría menor a una mayor.

Otro factor de estigmatización y desviación lo encontramos en la aparente protección al menor, en la prestación de servicios, esto es, en la relación laboral. El empresario privado no le paga sueldo alguno, el sueldo del menor es la denigrante limosna, llamada Propina. Se ha llegado a la desvergüenza y descaro de crear en este país la profesión de ”Propinero Universitario”. Pero a pesar de la creación de esta nueva profesión, miles de niños y jóvenes frente a la imposibilidad de encontrar trabajo de “propineros”, lavando o cuidando autos, o de guardianes en horas de la noche, – encuentro con adultos delincuentes-, o en la prostitución, son las alternativas para su subsistencia con un solo resultado: arrojarlos al despeñadero del delito, por cuya situación ninguna aut
oridad del Estado de Derecho se hace responsable.

Cuando se revisa un expediente de un menor marginado, excluido, no debe de extrañarnos que su historia sea la misma versión estereotipada de la mayoría de los que sobreviven la esquizofrenia social, con una gama similar o exacta de las mismas variables, porque son hijos comunes de los mismos problemas, de un sistema perverso, inhumano e insolidario sin presente ni futuro.

¡Basta ya de tanta hipocresía! El Derecho tiene carácter retributivo, la retribución implica una sanción, la cual presupone de imputabilidad del sujeto, el menor/el niño, no es imputable, luego, a éste no se le puede aplicar sanción alguna, y como las normas que tratan de él no tienen carácter retributivo, el menor queda excluido del ámbito del Derecho. Por lo antes dicho, la Ley Nº 22.084 es inconstitucional. El internamiento de los menores/niño, por estado predelictivo, hace más grave su situación porque bajo las etiquetas de “Conducta Irregular” o de “Menores en Estado de Abandono”, simplemente se les está privando de la libertad y son conducidos a centros o instituciones totales o de secuestro. La institucionalidad de la ley que rebaja la responsabilidad punible de los menores, la considero incompatible con el Principio de Legalidad y, por el contrario, debe ser calificada como un instrumento inconstitucional de desprotección al menor. El internamiento, encarcelamiento, bajo el simple argumento de “la protección social al menor”, es ilegal, porque la verdad del sistema correccional de menores es que tales centros son, en su mayoría, centro de perversión y castigo, sin tarea alguna que merezca ser calificada como rehabilitadora.

Por lo dicho anteriormente, es más honesto, más propio hablar del control socio-penal de los menores de edad y no la justicia penal de la minoridad, pues la justicia sigue navegando en aguas grises y turbulentas.

Lo que se conoce por Sistema Penal de Menores, está caduco, y es eminentemente represivo, porque permite legitimar el control social en un sector de la sociedad, y además en la forma en que está estructurado, su aplicación es enteramente funcional a los intereses de la clase económica que maneja el poder político.