"Cuántos tienen que morir para ver la libertad" o el genocidio que continúa

Los presos mapuches, con su huelga de hambre demandan que se respeten los derechos y la dignidad de la “gente de la tierra” (que esto significa mapuche). Exigen que se revise el fallo que los condena a 10 años de prisión y -además- a pagar una indemnización de más de 425 millones de pesos (chilenos). Señalan las irregularidades de un juicio realizado con testigos sin rostro o anónimos, aplicando la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura. Ley que prolonga la conquista y la destrucción de las comunidades, afectadas por las trasnacionales forestales. Recuerdan que en el marco de ese proceso plagado de irregularidades, la jueza de garantía que rechazó el carácter terrorista que se le imputaba al delito, fue inhabilitada por la Corte de las Supremas Injusticias.

El viernes 28 de abril, como parte de la jornada internacional por la libertad de los presos mapuche en Chile, cuando se movilizaban frente a la Moneda, para requerir respuesta a estas demandas por parte del Ministro del Interior, Andrés Zaldívar (demócrata cristiano), recibieron palos y nuevas detenciones por parte de carabineros. En esas circunstancias fue detenida, junto a 15 compañeros más, Moira Millán, una de las voceras del Frente Mapuche Campesino de Argentina, quien acompañaba solidariamente la resistencia de los hermanos chilenos, y había intentado junto a Verónica, otra hermana mapuche, encadenarse en La Moneda. Los 16 detenidos, que recuperaron luego la libertad, fueron golpeados, insultados con expresiones racistas y maltratados en las comisarías primera y tercera de Santiago de Chile. Unos días antes, el 26 de abril, en otra manifestación pacífica realizada en Temuco, habían sido detenidos seis estudiantes universitarios que se solidarizaron con los presos y presas mapuche. Esto habla del carácter de la respuesta que el Estado chileno viene dando a las demandas de los pueblos originarios de la tierra.

Vale la pena analizar algunas características del conflicto y de los intereses en juego del nuevo reparto territorial.

Los presos fueron acusados de “incendio terrorista” a un fundo de propiedad de la forestal MININCO S.A., perteneciente a la compañía maderera de papeles de cartón (CMPC), empresa que tiene más de un millón de hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptos. El dueño de esta empresa es Eugenio Matte Larrain, integrante del grupo Matte, uno de los principales grupos económicos de Chile. El otro millón de hectáreas lo tiene la Forestal Bosques Arauco S.A., perteneciente al grupo Angelini.

Anacleto Angelini, el hombre más rico de Chile, tiene una fortuna personal que asciende a los 2.500 millones de dólares, informa la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco [1]. Las empresas forestales trasnacionales, estuvieron entre las principales beneficiarias del Decreto Ley 701 de la dictadura de Pinochet, que permitió redefinir estratégicamente el territorio mapuche como campo de acción para sus inversiones.

Entre la Forestal Bosques Arauco y la Forestal Mininco, controlan actualmente en Chile el 100 % de la producción de celulosa, el 100% de la producción de papel de diarios y de la producción de paneles, y el 80% de la producción de madera aserrada del país [2]. Señala también en el informe la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, que las empresas forestales Arauco S.A, Mininco S.A., y Volterra Ltda., utilizan la siguiente estrategia para expulsar a las comunidades mapuches de sus tierras.