En el Chile de Michelle Bachelet se impone la ley de amnistía de la dictadura

Los recientes acontecimientos en los dictámenes de la justicia chilena en relación de los casos de violaciones de derechos humanos, constituyen toda una paradoja.

Recientemente la presidenta Bachelet, realizó una visita a Brasil con el objeto de fortalecer las relaciones entre ambos países. En su breve estadía en el país carioca, recibió un doctorado honoris causa por su “marcada resistencia a la dictadura en su país”, según la fundamentación de la distinción. “Nunca más, por ningún motivo, el Gobierno de Chile justificará una violación de los derechos humanos de las personas”, expresó Bachelet.

En su discurso, ante unas 600 personas, Bachelet destacó que si bien “durante décadas hubo una profunda división entre los chilenos”, la población supo construir un nuevo país “desde sus dolores y tragedias” y expresó que “como sociedad hemos crecido, hoy no justificamos explicaciones ni dobleces en materia de violación de los derechos humanos”.

“Los errores que puedan haberse cometido no justifican los horrores que hemos sufrido. Las violaciones del pasado no pertenecen solamente al ayer. La memoria de miles no admite un punto final”, agregó.

Sin embargo, a su regreso al país, como broche de oro a sus declaraciones en Brasil, el juez Víctor Montiglio decidió aplicar la Ley de Amnistía de la dictadura de Pinochet, en beneficio de uno de los peores criminales del Ejército de Chile, el general (r) Sergio Arellano Stark, y que por orden del ex dictador Augusto Pinochet, encabezara la denominada ‘Caravana de la muerte’.

La decisión judicial libera de responsabilidad al general antes mencionado, pues sostiene que no hay ‘antecedentes suficientes’ que prueben su participación en estos ilícitos, y además aplica la amnistía a favor del ex director de la CNI, Odlanier Mena, Luis Carrera Bravo y René Bravo Llanos, todos ellos procesados como coautores de homicidio.

Indignación generó entre los abogados de derechos humanos la decisión del ministro Víctor Montiglio de aplicar la amnistía en uno de los episodios del caso Caravana de la Muerte. El magistrado estimó que sobre el general (r) Sergio Arellano Stark, procesado en las otras ramas de esta causa, ‘no existen antecedentes suficientes’ que acrediten su participación en estos hechos, por lo que decidió absolverlo de responsabilidad y sobre los otros tres imputados dictó el polémico decreto ley.

El asunto es que la nefasta Ley de Amnistía sigue vigente, sin que exista voluntad política de parte de los gobiernos de la Concertación para la derogación definitiva de este espurio engendro legal heredado de la dictadura. De allí que la presidenta Bachelet y los partidos que conforman la coalición de gobierno, se transforman en encubridores de las decisiones judiciales en el ámbito de los derechos humanos y de los crímenes cometidos bajo el régimen militar.

En el dictamen el funcionario judicial señala que con respecto a Arellano Stark no corresponde su condena ‘por falta de participación en los hechos investigados’ y recuerda que los ilícitos fueron cometidos el 20 de octubre de 1973 y él arribó a la ciudad el 22 del mismo mes.

Y frente al ex director de la CNI, Odlanier Mena Salinas, además de Luis Carrera Bravo y René Bravo Llanos, todos ellos encausados como coautores de homicidio calificado, el juez estimó que correspondía aplicar la amnistía.

La decisión además apunta a temas civiles y rechaza la demanda contra el fisco que interpuso la familia de las víctimas (Oscar Ripoll Codoceo, Julio Gastón Valenzuela y Manuel Donoso Dañobeitía). Estas personas fueron vistas por última vez el 20 de octubre de 1973 en la cuesta Chaca de Arica, la paradoja además es que todos ellos militaban en el partido Socialista, organización política a la que pertenece la presidenta.

Una vez conocida la resolución, el abogado Hugo Gutiérrez, uno de los querellantes en el proceso, afirmó que “estamos en presencia de una sentencia que, todos esperábamos que ocurriera. El es partidario de aplicar la amnistía, y así lo ha demostrado, el primero que conoce’.

Hugo Gutiérrez recordó que Montiglio tiene que fallar además los casos Conferencia, Colombo y en el resto de los episodios de Caravana, ‘y ya sabemos lo que viene’.

Agregó que ‘nos parece grave lo que está ocurriendo, porque aquí hay un ministro que es ignorante del derecho internacional. Aquí hay hechos graves que sin duda hay que tomar en cuenta porque no se puede seguir permitiendo que se siga aplicando el decreto ley de amnistía’, aludiendo así a que el mismo magistrado tramita otros importantes procesos similares y podría adoptar igual resolución en ellos.

El 17 de marzo pasado el ministro modificó los procesamientos de siete oficiales del Ejército que enfrentaban cargos por secuestro al delito de homicidio calificado de un total de 19 víctimas de las ciudades de Calama, Copiapó y Cauquenes.

Con esta decisión, el ministro excluyó la figura del secuestro y abrió la posibilidad de aplicar la prescripción de los ilícitos a la hora de dictar las condenas.

Mientras tanto las organizaciones de Derechos Humanos y los familiares de las víctimas, han ratificado su derecho a seguir luchando en la búsqueda de la verdad y la justicia, además de desplegar todos los esfuerzos pertinentes para poner fin a la ley de amnistía.