26 de enero de 2006
Rodrigo Infante, Gerente General de SalmonChile, asegura que las salmoneras cumplen con todas las normas ambientales y que incluso “van más allá”, desestimando de paso los posibles riesgos de acusación de Dumping que propios especialistas de la CONAMA y de la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería auguran a la luz de los recientes TLCs suscritos con EEUU y Canadá, dos de los principales destinos de las exportaciones de salmón chileno.
Últimamente se ha hablado mucho acerca de las decisiones que debería tomar la industria salmonera para generar una salmonicultura sustentable. De esta forma se habla de generar estándares y acuerdos de producción limpia, para luego establecer certificaciones de los productos que induzcan a las empresas ha adoptar las nuevas políticas.
Los argumentos anteriores se enmarcan dentro de una visión errada del concepto de sustentabilidad. De partida se borra del mapa, el rol que le corresponde a la autoridad pública en esta materia, sobretodo considerando su rol fiscalizador, tan necesario en estos tiempos donde las decisiones se toman exclusivamente desde la esfera privada. En segundo lugar, se asienta muy fuertemente, el precedente de dejar a la mera “voluntad” de las empresas las decisiones que entran más bien en el campo de las políticas públicas.
Esto nos lleva a plantear el asunto desde una mirada distinta del concepto de sustentabilidad. Si analizamos la salmonicultura, o modelo del salmón, desde la óptica de los modelos de desarrollo sustentable, es decir, aquellos que permiten mejorar el nivel de vida de los habitantes de la zona donde se localiza la industria a lo largo del tiempo, sin comprometer a las generaciones futuras y con capacidad de adaptación a nuevas realidades sociales, económicas o ambientales, tenemos que el modelo del salmón está muy lejos de esto.
Hoy existe evidencia científica, tanto a nivel nacional como internacional de los daños ambientales generados por la salmonicultura. En ese punto es importante recordar que la industria salmonera ha sido acusada de: utilizar antibióticos en abundancia, contribuyendo a acelerar la resistencia de las bacterias ante estos medicamentos de alta eficiencia en la salud humana; cultivar un producto que contiene importantes porciones de dioxinas, PCBs, dieldrin, nonacloro, DDT y mirex (Revista Science Volumen 303, Enero 2004), lo que llevó a un grupo de científicos de las universidades de Indiana, Albany y Cornell a sugerir que se limite significativamente el consumo de este producto; utilizar verde malaquita que es un funguicida peligroso para la salud; pintura antifouling que produce graves daños a la fauna y ecosistemas; colorante para anaranjar aún más los salmones según el gusto del consumidor; provocar el fenómeno de las mareas rojas; y contribuir a la eutrofización de los recursos hidrológicos del país, debido a la sobrecarga que produce esta industria en cuanto al aporte de nutrientes, como el fósforo y el nitrógeno. A nuestro juicio, y teniendo presente el problema de la escala de comparación, hay ciertas similitudes entre el temible Agente Naranja de la Guerra de Vietnam y nuestro chilensis nuevo agente naranja de desarrollo.
Dos puntos más son importantes de aclarar. En primer lugar el absoluto desconocimiento que se tiene sobre los reales efectos de esta actividad en Chile son evidentes; mientras somos el segundo mayor productor mundial de salmón siendo responsables de más de un tercio de la producción mundial, en el ranking de investigación científica para la acuicultura estamos en el lugar décimo contribuyendo con sólo el 2% a nivel global. En segundo lugar tenemos la nula capacidad de los servicios públicos para fiscalizar a esta industria, en especial Sernapesca, CONAMA y la Dirección del Trabajo. De hecho, según la propia CONAMA durante el año pasado sólo se revisaron 20 proyectos relacionados a centros de cultivo, el 5% del total de centros que posee la industria.
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