Acusación constitucional al Presidente Sebastián Piñera

EMILIA NUYADO ANCAPICHÚN, CLAUDIA MIX JIMÉNEZ, CARMEN HERTZ CÁDIZ, CAROLINA MARZÁN PINTO, GAEL YEOMANS ARAYA, JAIME NARANJO ORTIZ, DANIEL NÚÑEZ ARANCIBIA, TOMÁS HIRSCH GOLDSCHMIDT, VLADO MIROSEVIC VERDUGO, JORGE BRITO HASBÚN y ESTEBAN VELÁSQUEZ NÚÑEZ, diputadas y diputados de la República, todos
domiciliados para estos efectos en el edificio del Congreso Nacional, Avda. Pedro Montt s/n, comuna de Valparaíso, a la Honorable Cámara de Diputados respetuosamente decimos:

Que de conformidad con lo prescrito en el Art. 52, Nº 2, letra a), de la Constitución Política, en relación con el artículo 37 y siguientes de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y los artículos 329 y siguientes del Reglamento de la Cámara de Diputados, venimos en deducir acusación constitucional en contra del Presidente de la República MIGUEL JUAN SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación se señalan.

PRIMERA PARTE: CONSIDERACIONES GENERALES

A comienzos de la semana del 14 de octubre de 2019, estudiantes de enseñanza media de Santiago desarrollaban las primeras protestas en contra del Gobierno por el aumento del pasaje del Metro. Frente a la agudización de las movilizaciones, la administración del Presidente Sebastián Piñera decidió enfrentarlas, exclusivamente, mediante el uso de la fuerza pública. Desde un inicio el Gobierno desestimó las demandas de los estudiantes y las acciones de protesta, y no dudó en calificarlas como acciones delictivas.

En la madrugada del sábado 19 de octubre, el Presidente anunció su decisión de decretar el estado de excepción constitucional de emergencia (en adelante, estado de emergencia) en las provincias de Santiago y Chacabuco de la Región Metropolitana. En los días siguientes extendió el estado de emergencia a gran parte del país, desplegando a las Fuerzas Armadas a las calles.

Desde la declaración del estado de emergencia tanto las Fuerzas Armadas (FF.AA) como las de Orden y Seguridad, fueron empleadas por la autoridad presidencial, no sólo para controlar hechos delictivos, sino que especialmente para reprimir la protesta social que se extendió por todo Chile. De esta manera, el Presidente, desestimó desde un comienzo la libertad del pueblo de poder manifestarse legítimamente mediante la protesta social, prohibiendo la dimensión colectiva de la protesta y utilizando el poder con el que cuenta como autoridad, para controlarla como herramienta para el despliegue del abuso normativo y prácticas de control inadecuadas y desproporcionadas, trayendo como consecuencia en lo sucesivo, el desborde de la institucionalidad del Estado de Derecho y lo principal, poniendo en riesgo la seguridad de todos los habitantes de esta nación.

Tanto las Fuerzas de Orden, como las FF.AA, realizaron múltiples actos de violaciones a los derechos humanos, los que se fueron incrementando en número y gravedad a medida que avanzaban los días. Así, cinco personas murieron como consecuencia de la violencia ejercida por agentes del Estado, centenares fueron heridas, muchas de ellas con consecuencias que durarán toda su vida. Niños, niñas y adolescentes sufrieron la violencia de la policía y de las FF.AA. Muchas personas, según los organismos de derechos humanos, han sido torturadas.

Con el correr de los días, la represión policial se incrementó, llegando a niveles inaceptables en un Estado Democrático y de Derecho. De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 18 de noviembre, se presentaron 6 querellas por homicidio en contra de agentes del Estado, 7 querellas por homicidio frustrado, 66 por violencia sexual, 273 por torturas. De las 2.391 personas heridas en hospitales, de los cuales 1.482 lo fueron por armas de fuego, 1.021 sufrieron heridas por golpes y gases. 222 personas han sufrido heridas oculares.

Estos atropellos y violaciones graves de los derechos humanos de la población, de carácter generalizado y sistemático, acontecieron desde el primer día de la crisis con el conocimiento del Jefe de Gobierno, quien lejos de impedir que se siguieran cometiendo, dió señales políticas claras de respaldo a las Fuerzas Armadas y Carabineros.

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia” . Esas fueron las palabras del Presidente Sebastián Piñera el 20 de octubre, al inicio del estallido social. Fue esa la declaración que sirvió de orientación y estímulo a las Fuerzas Armadas y de Orden para intensificar la represión de todas las formas de protesta. Los atropellos contra los derechos fundamentales de las personas apuntaron a la consecución de un objetivo: apaciguar la disidencia política. El mensaje a las personas cada vez se
hizo más nítido. Todo aquél que decidiera manifestarse contra el Gobierno se exponía a perder la vida, a ser torturado, a quedar ciego.

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