La era Trump es una auténtica pesadilla para la lucha contra la contaminación ambiental. No sólo el histriónico emperador estadounidense ha retirado a la hiperpotencia del acuerdo de París contra el cambio climático, sino que ha aumentado a ritmo frenético las licencias y concesiones para explotar el gas y petróleo encerrado en las rocas de esquisto, con la técnica de fracking prohibida en muchos países por su peligro medioambiental.
Wilderness Society, la organización civil ecologista de Estados Unidos, ha recopilado las licencias de perforación para explotar gas y petróleo concedidas por la Administración Trump desde enero de 2017 hasta abril de este año, a resultas de las cuales, un total de 378 millones de acres (un acre equivale a 4.046 metros cuadrados), Trump se convierte en el presidente bajo cuyo Gobierno se ha concedido más superficie de explotación de hidrocarburos, en plena época de descarbonización de la economía mundial.
Consecuencia de esta política, en estos momentos el Gobierno Federal de Estados Unidos es uno de los mayores gestores de activos energéticos del mundo, con 2.400 millones de acres de explotación, en tierra y mar, de carbón, petróleo y gas. Estos terrenos de propiedad pública producen el 42% del total de carbón, el 24% de la producción petrolera y el 13% de la de gas.
Las concesiones dadas por Trump para la explotación de energías fósiles podrían emitir, según el informe de esta ONG hasta 4.700 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono, un 20% más que las emitidas por todos los países de la Unión Europea en el año 2014. Wilderness Society denuncia en el informe que la Administración Trump no controla regularmente las emisiones contaminantes de sus concesionarias y evita la transparencia y control de los datos medioambientales.
Trump quiere ser el gendarme energético del mundo
El dominio energético es una de las apuestas de Trump en su papel de gendarme del mundo y por esta razón su gobierno han facilitado enormemente la explotación de energías fósiles, habiendo abaratado sustancialmente la concesión y explotación energética de terreno público por las empresas privadas, hurtando además a la opinión pública el debate sobre las consecuencias de estas políticas.
Como bien subraya la ONG, los territorios de dominio público se supone que deben ser gestionados en pro del interés público y jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, pero la Administración del presidente Trump está tomando decisiones que conducen sin más a una aceleración de la crisis climática.
*Fuente: LaCelosía