La sombra del narco que planea sobre las instituciones políticas chilenas
por Santiago Escobar (Chile)
5 años atrás 6 min lectura
16 diciembre, 2018
Cuando los soldados del narcotráfico salen a la calle a celebrar o conmemorar disparando al aire, lanzando fuegos artificiales o exhibiéndose ruidosamente en automóviles ostentosos, significa que el negocio tiene impunidad territorial. Eso solo es posible si las instituciones se inhiben y eso ocurre por la infiltración del poder político, judicial o policial, que permite corromper impunemente el territorio y todo lo que tiene adentro. Entonces el problema ha escalado a un nivel superior de complejidad, y es lo que está ocurriendo en Chile.
Los escándalos de narco política o de penetración de este en la economía legal han aumentado, sin que se vea que la percepción de las autoridades espabile. Embebidas con lo que pasa en la calle y con los temas de orden público, están ciegas. Sin embargo, es evidente que una trama institucional avanza desde hace años en todas las redes de poder del país, demostrable en hechos que para la elite política solo son situaciones o eventos, pero que tienen carácter de sistema.
Para estar conscientes debiera resultar contradictorio que Hernán Larraín, sea el actual ministro de Justicia. El año 2011, siendo Senador, entregó una carta de buena conducta a favor de un sobrino directo, Benjamin Echeverría Larraín, detenido y condenado por tráfico de drogas. La carta, que a todas luces resultaba una presión institucional para los jueces que veían el caso, facilitó que su sobrino obtuviera una condena de solo 5 años con libertad vigilada y no los 10 que pedía el Ministerio Público. Cuando asumió sus funciones declaró que todos los jueces eran izquierdistas. Hoy, en su calidad de ministro de Justicia, debe velar porque la designación de los jueces se haga sin interferencias extrañas. Por lo menos, paradójico.
El verdadero poder narco no se manifiesta en la calle sino en los laberintos del poder, principalmente económico porque es un negocio, que requiere vínculo político e impunidad territorial para desarrollarse y que tiene siempre un gran poder económico. La calle es el color y cumple una función para la tropa y los públicos. Pero el gran objetivo es inmovilizar o influir para tener puntos de apoyo a “la industria” y quedar “en red”. Una vez en contacto, el vínculo nunca se agota o disuelve. Queda sembrado para usarse cuando sea necesario.
En pleno corazón de La Moneda, todos los lunes opera el Comité Político Ampliado donde concurren además de los ministros políticos, los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Entre ellos, desde hace dos semanas participa en representación del PRI el abogado Hugo Ortiz de Filippi, quien fuera senador en los años 90, abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago entre 1998 y 2001, y con amplias conexiones en el Poder Judicial y elegido como presidente de la tienda oficialista en noviembre último. Ortiz fue el abogado de la empresa peruana Aero Continente, de propiedad de Fernando Zevallos Gonzales, cuando a esta le fue cancelada la autorización de vuelo en Chile a petición de CDE, por el delito de tráfico y lavados de activos. Fernando Zevallos, alias “Lunarejo”, cumple condena de 20 años en Perú, por los delitos de tráfico y lavado de activos, y hace poco la Fiscalía de ese país volvió a la carga por nuevos delitos pidiendo 35 años de cárcel adicionales a los que está cumpliendo.
En el Comité Ampliado participan además Jacqueline Van Ryselberge de la UDI, Mario Desbordes de RN y Hernán Larraín Matte de Evópoli, hijo del ministro de Justicia.
Naturalmente, se podría argumentar que nada de lo dicho corresponde a hechos reprochables o ilegales, sino a una posición suspicaz o simplemente prejuicios. Exactamente bajo la premisa que todos son eventos o circunstancias aisladas unos de otros.
Sin embargo, la regla para entender el fenómeno que empieza a corroer nuestra institucionalidad es que el poder narco busca influencia e incidencia y no poder político estructural, por lo tanto opera en bajo perfil. El narco busca redes de información y de incidencia en las decisiones políticas del Estado y eso es lo que ocurre con personajes como Benjamín Echeverría o situaciones como el Comité Político Ampliado, donde Ortiz –un ex abogado de una empresa vinculada al narco- se cruzará con el ministro del Interior o el de Segpres.
El narcotráfico es una especie de fluido que primero moja y luego aprieta los puntos de contactos que quedan capturados en su estrategia. Un buen contacto en la policía, un abogado con redes políticas, una cobertura social de imagen y prensa, una base de poder económico legal, un ámbito familiar de protección, son aspectos esenciales para incidir, inmovilizar o ganar adeptos.
El verdadero poder narco no se manifiesta en la calle sino en los laberintos del poder, principalmente económico porque es un negocio, que requiere vínculo político e impunidad territorial para desarrollarse y que tiene siempre un gran poder económico. La calle es el color y cumple una función para la tropa y los públicos. Pero el gran objetivo es inmovilizar o influir para tener puntos de apoyo a “la industria” y quedar “en red”. Una vez en contacto, el vínculo nunca se agota o disuelve. Queda sembrado para usarse cuando sea necesario.
Un análisis pormenorizado de lo ocurrido en las tres décadas de recuperada la democracia, sobre casos con esta significación, hace factible que las autoridades están mirando por el hombro el tema, o que el mismo, ya es hoy, mucho más complejo de lo que creemos.
Desde los casos de René García Pica y las acusaciones contra los ministros de la Corte Suprema Servando Jordan y Luis Correa Bulo, pasado por el caso de los indultos de Eduardo Frei a un condenado en un caso contra el Cartel de Medellín, de la operación Océano en los 90 que terminó luego de 10 años con condenas leves, hasta los actuales del PS y el municipio de San Ramón, subrepticiamente los infractores de mayor rango terminan zafando, ya sea porque las instituciones fallaron, los jueces fueron blandos o la policía no persevera. Todo ello en medio de un poder político desaprensivo, en el que abiertamente pueden circular e incidir los intereses u opiniones de ámbitos delictuales.
No da lo mismo tener una policía severa, ordenada y proba y un poder judicial profesional, coherente y eficiente, que un cuerpo policial desmoralizado, entregado a la inercia y a la solución de sus problemas internos, y una judicatura a la que se puede presionar porque mañana el poder político elige, como hoy está ocurriendo. Para hacerlo más claro, ni Hugo Ortiz de Filippi podría estar en el Comité Político Ampliado ni Hernán Larraín ser ministro de Justicia, ni proponer nombres a ministros de la Corte Suprema.
*Fuente: El Mostrador
Artículos Relacionados
Los documentos sobre la corrupción presidencial en el Ecuador
por inapers.org
5 años atrás 3 min lectura
El rol del narco en el vandalismo y en la destrucción del estado
por Mega
4 años atrás 1 min lectura
Socios denuncian presunta apropiación indebida de fondos sindicales y buscan censura a dirigentes cuestionados
por Violeta Serey Correa (Chile)
7 años atrás 3 min lectura
El Lobby feroz y Caperucita Rojas
por Renato Garin (Chile)
3 meses atrás 1 min lectura
Ecuador: Narcos asesinan a candidato presidencial
por Diversos Medios
9 meses atrás 4 min lectura
México dice basta a los abusos de empresas «conquistadoras» españolas
por Gerardo Villagrán del Corral (México)
2 años atrás 5 min lectura
De la democracia a la oligarquía de los partidos
por Karl Jasper (Alemania)
7 segundos atrás
«La dirección del Estado está en manos de la oligarquía de los partidos…. Su posición, ausente de cualquier tensión con otro poder, seduce…. Los partidos quieren ocupar los espacios con su propia gente. Esta es la recompensa al trabajo del partido, el botín de la victoria tras la batalla electoral ….»
Increíble: Justicia absuelve al general (r) Juan Miguel Fuente-Alba y a su esposa Ana María Pinochet
por Medios Nacionales
3 horas atrás
“este tribunal, por unanimidad, ha decidido absolver a Juan Miguel Fuente-Alba y Anita María Pinochet, de los cargos formulados por el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, de ser presuntos autores de un delito de lavado de activos… del artículo 27 de la ley 19.913 en relación con el delito base de malversación de caudales públicos… del Código Penal”.
Los párrafos de la condena a Llaitul que amenazan la libertad de expresión
por Myrna Villegas Díaz (Chile)
2 días atrás
A tan solo tres días de haberse celebrado en Santiago un gran encuentro en defensa de la libertad de expresión, el dirigente de un grupo activista mapuche ha sido condenado a severas penas por delitos contra el orden público de la Ley de Seguridad del Estado (LSE) y otros delitos comunes.
Nace la Federación Internacional de Periodistas por la Causa Saharaui
por Por Un Sáhara Libre
6 días atrás
En la primera conferencia internacional de medios de comunicación, celebrada en los campamentos de refugiados saharauis, se ha anunciado la creación de la Federación Internacional de Periodistas y Profesionales de los Medios de Comunicación en Solidaridad e Interesados por la Causa Saharaui.