CHILE NO SUSCRIBIÓ TRATADO, PESE A SER UNO DE SUS IMPULSORES
“Cancillería ha solicitado que por razones internacionales se postergue su firma y vamos entregar información cuando la tengamos”, fueron las explicaciones que entregó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, pero que no han dejado satisfechas a las organizaciones que velan por la protección de la flora, fauna y los territorios.
De hecho, durante este jueves, día en que Chile tendría que haber firmado el Acuerdo, organizaciones de la sociedad civil, junto a parlamentarios de oposición, cuestionaron públicamente al Gobierno por su reciente decisión.
“Vemos con preocupación que lo que se ha entregado como argumento es contradictorio, pasando responsabilidades de un ministerio a otro, cuando sabemos que el Estado es uno. Aquí no solo hay descoordinación, sino que hay una forma de eludir responsabilidades”, expuso Paulina Acevedo, coordinadora del programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano.
La periodista sostuvo que Escazú “ha sido catalogado como el acuerdo ambiental más importante de los últimos 20 años”, puesto que “incluye la participación en las negociaciones de representantes de sociedad civil”.
En efecto, tras nueve reuniones del Comité de Negociación, en marzo pasado se definió que el Acuerdo tendría tres derechos fundamentales: acceso a la información ambiental, participación pública (involucramiento de ciudadanos en toma de decisiones, como viabilidad o monitoreo de proyectos) y acceso a la justicia ambiental.
“Estamos hablando de justicia ambiental, de acceso a la información y de participación ciudadana, mismos temas que este gobierno ha dicho son prioridad para esta administración y forman parte de los ejes de la reforma al sistema de impacto ambiental que hoy esperan nosotros tramitemos en la Cámara de Diputados”, afirmó la diputada, Catalina Pérez, presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la cámara baja.
*Fuente: ElCiudadano