La reciente condena comunicada por el Juez Juan Cristóbal Mera en mi contra, a cadena perpetua, corrobora lo que durante cinco años hemos denunciado de manera insistente, que bajo el contexto de la aplicación de la ley antiterrorista, en democracia, se me ha impedido acceder a un proceso justo. Me han aplicado leyes derogadas (en 1990) por considerarse violatorias del principio del justo proceso, permitiendo la actuación arbitraria de jueces, tal cual lo hacían en dictadura, periodo en el cual la legitimidad social, política y ética del derecho, radicaban en la conciencia del representante del poder dictatorial para fundamentar las sentencias.
Lo que ha hecho el juez en su sentencia, es presentar hipótesis y suposiciones como hechos probados, solo por su apreciación y sin pruebas, pasando por alto que las pruebas son el instrumento básico y fundamental para fundamentar una sentencia apegada a derecho. Algo mas grave aun, se ha reemplazado la prueba por testimonios de testigos interesados, como es el caso del testigo principal de esta trama, un reconocido torturador y agente de la CNI, procesado por el asesinato de militantes del MIR en 1983, el Subcomisario de la policía de Investigaciones, Jorge Barraza, cuya misión y actividad era perseguir y asesinar a opositores a la dictadura y del FPMR.
De esa mente oscura y retorcida surge la versión absurda de que la dirección nacional del FPMR tomo la decisión de asesinar a Guzmán y de mi supuesta participación en tal disposición, fundamentando este argumento en una supuesta Información que le entrega una ciudadana francesa, Emmanuel Verhoeven. No existen antecedentes tal cual lo señala un informe de carabineros de Chile, de la participación en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de esa ciudadana francesa, mas que en la imaginación de Barraza, como tampoco de mi participación en los hechos que me imputan.
Es necesario señalar además, que a Emmanuel Verhoeven jamás se le ha interrogado de manera presencial ni por exhorto en este proceso, pasando por alto una acción necesaria, para comprobar la veracidad de las afirmaciones que supuestamente hace y que me involucran en el hecho criminal.
Ante estas intencionadas arbitrariedades permitidas por al aplicación de la ley antiterrorista, diseñada en dictadura, como ciudadano tengo derecho a casación, lo cual también se me intenta negar. Lo que es fundamental para garantizar un juicio justo y un derecho que es concluyente para evitar el error judicial, lo que en este caso y por los enunciados de esta sentencia resulta determinante, porque claramente las hipótesis esgrimidas por el juez no coinciden con lo acaecido en la realidad.
A esta larga lista de irregularidades a las que me he enfrentado se suma la violación de un principio reconocido internacionalmente, la exigencia de ser tratado de tal manera de garantizar una posición procesal de igualdad. Por el contrario, lo hemos hecho en una desventaja sustancial frente a mis acusadores: La UDI, La familia de Jaime Guzmán, el Consejo de Defensa del Estado, Ministerio del interior y Poder Judicial.
No hay duda entonces que este proceso es una persecución política abierta y escandalosa, que es posible porque en ninguno de los gobiernos democráticos se ha enjuiciado y condenado con firmeza el estado de guerra sucia que los promotores del golpe de estado de 1973 impusieron en Chile. Solo se ha endosado la responsabilidad a las FFAA, pero no se ha trasparentado quienes en el poder político, económico y judicial fueron los cómplices de las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar.
Desde las sombras estos actores han constituido poderes facticos que han legalizado la excusa de que el derrocamiento violento del gobierno democrático de Salvador Allende fue para impedir una guerra civil. Bajo este argumento mentiroso, políticos, jueces y militares han hecho todo tipo de esfuerzos, por proteger a los torturadores y criminales de la dictadura y para mantener en la impunidad a los autores intelectuales e instigadores del golpe de estado en Chile.
Sin embargo, a quienes combatimos a la dictadura ¡ se nos persigue en democracia, bajo los mismos argumentos y leyes que nos persiguió la tiranía de Pinochet ¡.
En este proceso hay suficientes antecedentes, los cuales demuestran que son hombres nefastos quienes fabricaron una acusación cobarde en mi contra y que han manipulado a la justicia para, a través del poder judicial, hacer valer su odiosa sed de venganza. Con estas sucias artimañas, esta condena no tiene otra razón ni fundamento mas que de culparme por haber sido uno de los dirigentes del FPMR, es la venganza de los violadores de derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad.
En 1973 fui torturado, condenado y encarcelado por haberme opuesto al derrocamiento de un gobierno democrático y legítimamente constituido, por no haber aceptado formar parte de quienes torturaron y cometieron crímenes de lesa humanidad. Por haberme mantenido fiel al juramento que hice cuando ingresé a la Fuerza Aérea, de defender al gobierno constitucional de Salvador Allende y de no traicionar a la patria apuntando las armas en contra de mi pueblo indefenso.
En esa oportunidad fueron los tribunales militares, los que validaron una situación de guerra inexistente, creada para justificar las violaciones a los derechos humanos, una guerra declarada unilateralmente en contra de todos los chilenos. Cuarenta años después me aplican leyes de Seguridad Interior del Estado que aun mantienen el origen y su contenido dictatorial, me sindican en democracia como terrorista, por las firmes convicciones que me llevaron a ser un dirigente del FPMR y que mantengo hoy con la misma fortaleza de antaño.
Me reconozco como un militar patriota y como un luchador social, orgulloso de haber compartido en la lucha en contra de la tiranía con cientos de jóvenes, quienes fueron capaces de luchar entregando sus vidas por un Chile mejor, héroes que los intereses mezquinos pretenden olvidar con el manto del tiempo y la impunidad. Ellos y ellas cuentan con la admiración de los chilenos y chilenas y son la fuente de inspiración para las nuevas generaciones.
No cejare en la lucha por demostrar mi inocencia y acudiré a todas la instancias que me permitan, por los cauces legales, para demostrarlo y si en mi país no soy escuchado, habrán instancias internacionales en la cuales demostrar que he sido condenado de manera injusta y arbitraria.
Con la frente en alto, la mirada limpia y digna a diferencia de quienes vendieron sus principios en la delación compensada en este proceso, de quienes se sumaron con mentiras que hoy les permiten usufructuar de cargos políticos y ante los canallas que buscan venganza. Es mi trayectoria la huella digna que me permite reclamar con humildad, la solidaridad de los hombres y mujeres de este país para impedir un nuevo caso de atropello a los derechos humanos y que pretende quedar en la impunidad.