Estos deben ser de los peores días para la clase política desde el retorno a la democracia. El destape de los casos de financiamiento ilegal de campañas políticas ha golpeado a casi la totalidad del espectro político y ha inmovilizado a un gobierno que nos tenía acostumbrado a tiempos mucho más breves y ágiles.
Cuando son necesarias tantas reformas y tal envergadura, es claro que la carta fundamental ya no responde a las necesidades de una nueva institucionalidad y las demandas de la sociedad. Si a ello le sumamos el “problemita” de la legitimidad de origen de la actual Constitución, los argumentos para reemplazarla sobran.
Quisiera hacer breves comentarios sobre tres temas que surgen a partir del momento que vivimos:
Los estándares éticos no necesariamente coinciden con los mínimos legales. Generalmente, la legalidad va varios pasos más atrás de las normas éticas. Luego, conductas que se enmarcan dentro de la legalidad, no necesariamente satisfacen estándares éticos, pero toda conducta ilegal se entiende transgredir abiertamente aspectos éticos.
Con esto quiero hacer referencia a cierto discurso levantado en primer lugar desde la UDI, pero que ha ido permeando a otros partidos en la Nueva Mayoría. Se dice que no se pueden aplicar sanciones disciplinarias por los órganos internos de los partidos mientras no haya sentencia condenatoria en la justicia ordinaria.
Asumir la tesis antedicha, despoja a las normas internas de los partidos de todo sentido y contenido, pues si cada vez que se deba sancionar a un militante se va a esperar que concluyan los procesos judiciales, entonces nos deshacemos de los tribunales supremos y comisiones de ética internos. Estos órganos tienen una tarea diferente, no establecen ni sancionan delitos civiles o penales, controlan el comportamiento ético de los militantes, con estándares más elevados que la mera legalidad, pues se trata de tribunales de honor.
Un gran acuerdo nacional es absolutamente necesario para generar una institucionalidad con la suficiente capacidad de fiscalizar y detectar preventivamente situaciones como las que dieron origen a estos mega casos de corrupción.
Inaceptable si con tal acuerdo se pretende amnistiar a quienes han tenido participación en hechos como los que se han conocido. Confío en que en nuestra clase política todavía queda algo de cordura como para descartar esta última opción de plano.
Todo este contexto ha venido a favorecer la discusión acerca de un nuevo pacto social que se haga cargo de establecer un nuevo marco regulatorio para nuestro Estado y que recoja de manera orgánica y armoniosa los múltiples aspectos que hoy se discuten de forma desarticulada y dispersa.
Cuando son necesarias tantas reformas y tal envergadura, es claro que la carta fundamental ya no responde a las necesidades de una nueva institucionalidad y las demandas de la sociedad. Si a ello le sumamos el “problemita” de la legitimidad de origen de la actual Constitución, los argumentos para reemplazarla sobran.
Urge que el gobierno defina su posición a este respecto y transparente la agenda de cambio constitucional, destrabando el debate sobre el método y propiciando la conversación sobre el contenido.
Me hago cargo de la relevancia del procedimiento para generar una nueva Constitución, pero critico con toda convicción a aquellos que ven en el método la madre de todas las batallas y no dan un paso en avanzar en la discusión de contenidos.
Manifiesto desde ya que mi opción es la de una Asamblea Constituyente, pero soy claro al señalar que no siempre es el método más participativo, pues este espacio puede ser cooptado al igual que cualquier otro de este tipo si es que no se establece un método adecuado para su integración. Por otro lado, tenemos procesos constituyentes altamente exitosos y con altísimos niveles de participación ciudadana como el caso de varios países europeos en que se optó por mecanismos alternativos a la AC, pero con iguales o mejores garantías de participación.
En definitiva, quiero indicar que el método sí o sí debe ser democrático, sin embargo, el descuido del contenido puede llevarnos a tener una Constitución con un proceso deliberativo ejemplar y con un contenido igual o peor al vigente.
– El autor, Rodrigo Antonio Poblete Reyes, @rodripobleter, es egresado de Derecho, Universidad de Talca y Presidente Regional JDC Maule Norte
*Fuente: El Quinto Poder