La presidenta chilena Michelle Bachelet nombró hoy sorpresivamente como embajador en Australia al diplomático James Sinclair, uno de los hombres a cargo de destruir archivos secretos de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
«Me parece que hay muchas formas de ser cómplices de las violaciones a los derechos humanos y una de ellas es la destrucción de documentos que nos habrían permitido conocer la verdad de lo sucedido«, dijo a dpa la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
La activista, quien hizo campaña para la llegada de Bachelet al poder este año, consideró grave que el destino de Sinclair sea Australia.
«Es preocupante que se envíe a Sinclair a Australia, siendo él un ex funcionario de la dictadura«, ahondó la defensora de los derechos humanos.
«Existe una petición de extradición a Australia de Adriana Rivas, la secretaria de Manuel Contreras», el más temido de los jefes de la polícia secreta, agregó Pizarro.
Adriana Rivas, quien integró la Brigada Lautaro, está acusada por el asesinato en 1976 de la cúpula del Partido Comunista chileno, agrupación hoy en el poder. En virtud de los cargos, la Corte Suprema solicitó su extradición en enero.
Sinclair, según documentación revelada por DPA en el 2012, eliminó a fines del régimen militar (1988) parte de las comunicaciones oficiales entre la policía secreta y la Cancillería.
La operación, mantenida en reserva durante décadas, consta en el oficio secreto 03146 de abril de 1988, en el que el canciller Ricardo García informó la destrucción de los documentos a la Central Nacional de Informaciones, principal órgano represivo del régimen.
Sinclair, quien en aquel momento era miembro del gabinete del ministro y con el tiempo fue además jefe de Protocolo del presidente Sebastián Piñera, jamás negó o explicó los hechos.
Durante la dictadura militar (1973-1990) la Cancillería chilena operó en acciones represivas. Sus diplomáticos infiltraron y delataron movimientos de los exiliados. También ejecutaron acciones de guerra psicológica, según consta en los archivos revelados por dpa.
Numerosos diplomáticos que participaron en esas acciones siguen ocupando hoy cargos en la Cancillería chilena.
Los documentos, que llevan timbres, folios y firmas oficiales, muestran incluso que las autoridades de la Cancillería conocían el detalle del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.
Los diplomáticos en esos años además sugerían a la policía secreta qué preguntas hacer a los hombres que eran torturados en sus calabozos, algo que consta por escrito en documentos oficiales.
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El gobierno de Bachelet no detalló hasta ahora las razones del nombramiento de Sinclair.
Durante la dictadura militar unas 38.000 personas fueron torturadas, desaparecidas o ejecutadas, según informes oficiales emitidos en democracia.
*Fuente: El Comercio Perú
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