Chile, el juicio de la historia

El espontáneo aplauso que esa noche del 13 de diciembre en la sede del Senado de Francia hizo un paréntesis en mi intervención cuando hablaba del trabajo realizado por el juez Juan Guzmán tras la querella del 98 contra Pinochet por todos los crímenes de la dictadura, me ha parecido la evidencia más concreta del reconocimiento generalizado de la comunidad internacional ante los avances en nuestro país en materia de verdad y justicia, a pesar de las inmensas dificultades que ha debido enfrentarse y de lo mucho que falta por hacer.

Ocurrió en el desarrollo del evento realizado en París en torno a la fatídica Operación Cóndor, convocado exitosamente por el Colectivo Argentino por la Memoria que agrupa a argentinos, latinoamericanos y franceses que han asumido la memoria histórica como una responsabilidad histórica y moral.

Como para ratificar lo dicho, esos aplausos se repitieron en las mismas circunstancias la noche siguiente, esta vez en los amplios salones del bello edificio de la embajada de Argentina, en el amplio debate que siguió a la exhibición del documental “Escuadrones de la Muerte, la Escuela Francesa” de la cineasta Marie Monique Robin.

Los importantes encuentros tuvieron lugar los días 13 y 14 de diciembre pasado en la capital francesa con una vasta convocatoria. En cada una de ambas jornadas se hicieron presente más de doscientas personas de los más distintos signos ideológicos y de las más diversas nacionalidades, entre ellos jueces, juezas, abogadas, abogados, periodistas, sociólogos, ex prisioneros de las diversas dictaduras del cono sur de los años 60 y 70, estudiantes y dirigentes sociales.

Por cierto, asistieron numerosos compatriotas que, habiendo debido abandonar Chile en los años del horror, rehicieron sus vidas merced a la solidaridad de esa gran nación.

Entre los expositores se encontraban personalidades vastamente conocidas como el juez español Baltasar Garzón, el investigador, periodista y escritor norteamericano John Dinges, el jurista paraguayo Martin Almada, el fiscal argentino Miguel Angel Osorio, la jurista española Dolores Delgado, Zelmar Michelini, periodista uruguayo hijo del desaparecido senador de su país del mismo nombre, Gabriel Peries, Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París, la destacada abogada francesa Sophie Thonon – Wesfried, el activista de DDHH de Brasil Jair Krischke, la periodista boliviana Mirna Murillo y el abogado argentino Federico Villegas. Con ellos tuvimos el privilegio de compartir y debatir.

La presidente de la entidad convocante es la maestra Alicia Bonet – Krueger, gran figura de la lucha en defensa de los derechos de las personas. En 1974 estuvo condenada a muerte por la Alianza Anticomunista Argentina, durante el régimen que encabezó Isabel viuda de Perón, por haberse atrevido a iniciar un juicio acusando a la Marina argentina por el fusilamiento de su marido, Ruben Bonet, en el episodio que conocemos como la “masacre de Trelew”. Tras años de clandestinidad logró llegar a Francia en 1978 en donde ha continuado sus esfuerzos por esclarecer y sancionar los crímenes de la dictadura militar de su país.

En los salones de la Alcaldía de París, se realizó además una mesa redonda organizada por el colectivo que dirige el sociólogo chileno Eduardo Valenzuela y en la que junto a varios de los ya citados, compareció el destacado intelectual galo Alain Touraine. Esta vez la discusión giró en torno a la influencia de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, en las elecciones presidenciales en Chile, cuya segunda vuelta estaba entonces a las puertas de realizarse.

Por invitación de los organizadores del “Festival del Mediterráneo”, participamos también en actividades, ahora centradas en el proceso abierto en Chile por la muerte de Pablo Neruda, en la bella ciudad de Grasse espléndida en sus edificios de los siglos XII y XIII, corazón de la industria de los perfumes y de rica tradición obrera antifascista.

Nos acompañó el profesor franco – español Jean Ortiz, destacada figura de la izquierda, periodista, cineasta y activista incansable a favor de la causa de los pueblos de América Latina.

En paralelo se presentó una exposición de pintura y poesía de chilenos exiliados en Francia y de franceses solidarios con las luchas democrática de nuestro país. Paul Euziere, concejal de Grasse y candidato a Alcalde preside el Festival.Días más tarde tuvimos ocasión de hacernos presente en actividades en el sur de Francia, en las ciudades de Pau y Tarbes.

De la evaluación y el contraste con lo alcanzado en otros países con historias similares, surge la inevitable conclusión de que – pese a la falta de apoyo del Estado – somos el lugar de América, de aquellos que sufrimos dictaduras militares reaccionarias, que cuenta con el más alto número de procesos judiciales en curso.

Actualmente hay un total cercano a los mil quinientos en todo el territorio nacional. Trescientos de ellos corresponden a las primeras acciones que parten con la histórica querella encabezada por Gladys Marín el 12 de enero de 1998 que cubría el total de los crímenes de lesa humanidad.

Muy luego siguieron los juicios por la llamada Caravana de la muerte que encabezó Arellano Stark, y los de Operación Cóndor, maniobra colectiva de las dictaduras conosureñas, operada desde el exterior y nacida formalmente en aquella reunión en Santiago que, por orden de Pinochet, presidió su amigo Manuel Contreras. Están además los casos “Calle Conferencia”, “Operación Colombo” y muchos otros por muertes, torturas o desapariciones forzadas, todos iniciados en 1998.

De esas querellas conoció el juez Juan Guzmán quien durante varios años fue el único magistrado nacional a cargo de los procesos por crímenes de lesa humanidad. Pero además sin dedicación exclusiva y sin otorgarle inicialmente los medios adecuados.

Le vimos largos meses escribiendo de pie en una pequeña oficina, solamente con una máquina de escribir, sin computador. Recuerdo que, informados del hecho, la agrupación de jueces democráticos de Barcelona acordó obsequiarle un computador.Enterada de la noticia, la autoridad nacional le instaló un artefacto.

Así era la realidad. Es más, uno de los asistentes asignados al juez resultó ser un informante.

Todo demuestra no sólo el desinterés del Estado chileno y sus instituciones por atender a las víctimas y a sus familiares, sino que expresa la voluntad de dificultar todo avance en materia de derechos humanos. Parecía imponerse el olvido.

Se hablaba de “justicia en la medida de lo posible” y de “dar vuelta la página y mirar al futuro”, como si hubiera posibilidad de construir futuro ignorando la historia. Es decir, se trataba de no eludir el pago del precio de una transición pactada : no tocar a los genocidas ni con el pétalo de una rosa.

Pero las agrupaciones de familiares de las víctimas nunca abandonaron su lucha, al contrario, la redoblaron. Ello explica que varios años más tarde la Corte Suprema designara otros jueces, aunque nunca con dedicación exclusiva.

Don Juan Guzmán no fue el único juez digno pues hasta en el pasado dictatorial hubo quienes trataron de cumplir con su mandato de aplicar la ley.

Ya en democracia, Carlos Cerda, Milton Juica, Haroldo Brito, Hugo Dolmetch, Sergio Muñoz, Victor Montiglio, Miguel Vásquez, Leopoldo Llanos, entre varios otros, han bregado por reponer en plenitud el derecho nacional y los tratados internacionales suscritos por Chile en materia de investigación, sanción y reparación de crímenes de lesa humanidad.

Mención especial merece el juez Mario Carroza quien lleva la mayor parte de los mil doscientos nuevos procesos que a partir del 2010 inició la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y que sustancia además procesos emblemáticos como los relativos a la muerte de Salvador Allende, de Pablo Neruda, del general Alberto Bachelet y también la querella contra los responsables directos del golpe del 73 entre los que se cuentan Henry Kissinger, Agustín Edwards, Pablo Rodríguez, León Vilarín, Orlando Sáez y los grupos conspirativos de empresarios y uniformados que todos conocemos y de los que dan cuenta los documentos del propio gobierno norteamericano.

En el 2013 se logró ¡por fin! que la Corte Suprema comprendiera la necesidad de otorgarle dedicación exclusiva a los jueces que llevan juicios por violaciones a los derechos humanos.

Apenas esto sucedió, la cosas empezaron a cambiar y se ha dictado estos últimos meses una buena cantidad de sentencias que por años debieron esperar a que los magistrados tuvieran las condiciones necesarias.

No todo es color de rosa. Salvo honrosas excepciones, las sentencias aplican penas irritantemente bajas y se acude a grotescos argumentos ajenos al Derecho como esa invención impresentable de “la media prescripción”, con la que se rebaja penas, pese a que nadie discute que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

Con todo y pese a todo, en nuestro país hay 568 procesados o condenados ya con sentencia definitiva, hay 147 condenados que están libres porque cumplieron la pena o porque se les concedió beneficios y hay 71 condenados que cumplen prisión efectiva, la inmensa mayoría de los cuales nunca más saldrán en libertad. Fuera de Chile continúan procesos contra agentes de la dictadura en Francia, Italia, España.

Funciona la jurisdicción universal y no sólo de modo simbólico. Recordemos una vez más el encarcelamiento por casi 3 años en Italia del ex fiscal militar de Temuco, el torturador Alfonso Podlech liberado pocos días después de la visita a Roma del presidente Piñera el 2011.

Considérese además la circunstancia de que numerosos personajes de la dictadura no pueden salir del país por tener órdenes de captura internacional derivadas del proceso en España y que inició el juez Garzon.

En el caso de Francia, en la Corte Penal de París se condenó en ausencia a 13 agentes de Pinochet culpables por la desaparición de 4 víctimas franco – chilenas en un juicio que tuvo lugar entre el 8 y el 17 de diciembre del año 2010. Las condenas fueron desde 15 años de prisión a presidio perpetuo y se refiere a los detenidos desaparecidos Etienne Pesle, Jean – Ives Claudet, Alfonso Chanfreau y Georges Klein.

En el curso de estos años se ha creado un nuevo escenario judicial. Con avances y retrocesos, se impone el respeto a los Tratados y a los principios del Derecho Penal Internacional en esta materia.

Hemos conseguido que también en Chile se reconozca de algún modo la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que, hasta antes del 98, era impensable.

Es que el horror desatado por la dictadura reaccionaria no conoció límites. Estoy cierto que la inmensa mayoría de los chilenos, los que nunca han tenido acceso a los expedientes, o no han querido conocerlos, todavía no saben de todo el sadismo empleado en defensa de oscuros intereses.

Un ejemplo de lo que afirmo : Joaquín Lagos Osorio, comandante de la primera división del ejército y jefe de zona en estado de sitio en Antofagasta en 1973, que intentó oponerse a la barbarie de Arellano Stark, declaró para explicar porqué no se entregó los cadáveres de los 14 ejecutados a sus familias, que “daba vergüenza verlos, estaban hecho pedazos, yo hubiera querido armar sus cuerpos, dejarlos en forma humana, les sacaban los ojos con cuchillos, les quebraban las mandíbulas, las piernas, usaban corvos o les ametrallaban por partes, las piernas, los órganos sexuales, después el corazón…”

¿Era necesaria toda esa crueldad contra personas desarmadas, indefensas, atadas de pies y manos? ¿Había que permitir que se impusiera la impunidad?

Por eso resulta tan justo el aplauso cerrado de París, que era para el juez Juan Guzmán, pero también para todos quienes han luchado contra el olvido. Desde luego otros jueces, pero además la brigada de DDHH de la PDI de esos años, las agrupaciones de familiares de las víctimas, la AFDD y la AFEP, y para aquellos abogados que en los años duros de la tiranía abrieron con honor y valentía el largo camino para reponer el imperio de la ley y de la dignidad humana y cuyo ejemplo otros hemos intentado seguir después. Para que se haga justicia real, no “en la medida de lo posible”.

Es que en definitiva, más allá de la importancia jurídica y judicial de estos 1500 procesos en curso, se trata en el fondo del juicio de la historia, de dejar establecida la verdad para siempre y sobre todo para que las jóvenes generaciones asuman que un pueblo que ignore su pasado no tiene un futuro cierto y que el “nunca más” será siempre un mito si no se atiende a las causas reales de la tragedia del 73.

*Fuente: Cooperativa

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