Padre de ministra Von Baer es ahora dueño de la quinoa y semillas transgénicas

18 / 05 / 11
Continúa la controversia por la aprobación del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones de Vegetales, UPOV 91, ratificado la semana pasada en el Senado. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización que, aunque integrada por gobiernos de todo el mundo, ha sido propiciada por empresas transnacionales semilleras, como la estadounidense Monsanto, que controla más del 90 por ciento del mercado de la semilla transgénica.

Según sus detractores, dicho convenio impedirá a los campesinos guardar sus semillas, comprándolas anualmente, y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país, afectando sobre todo a comunidades indígenas. Esta protección se refiere al pago de una suerte de patente, llamado «derecho de obtentor», por la compra de semilla campesina registrada por las multinacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.

En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Cristián Sauvageot, de Chile Sin Transgénicos, explicó que aún debe discutirse en el Congreso la ley de obtentores vegetales vinculada al convenio, que tal como está perjudicará la agricultura familiar campesina y a los pueblos indígenas.

«Lo que nosotros planteamos al Congreso es que se discuta primero la ley y se informe adecuadamente, porque de lo contrario vamos a tener una ley que va a ser 100 por ciento acorde con el tratado recientemente aprobado, y eso es 100 por ciento en favor de las empresas que empiezan a monopolizar a la semilla por esta vía y en desmedro de los campesinos pequeños y los indígenas, porque se van privatizando las propiedades de las semillas, después se le hacen modificaciones, luego empieza una situación en la cual, lo que hoy es propiedad de todos, poco a poco comienza a ser propiedad de unos pocos», explicó el experto.

Según el tratado, para que una semilla pueda ser registrada debe ser nueva, distinta, homogénea y estable. Para que se considere nueva, advirtió Sauvageot, basta sólo con que no se haya comercializado durante un año.

Con el listado de variedades agrícolas protegidas al 31 de marzo de 2011, sin la ratificación del convenio, el representante de Chile sin Transgénicos denunció, por ejemplo, que de las más de 700 semillas inscritas, la quínoa es propiedad de Erick Von Baer, padre de la ministra Secretaria General de Gobierno, hasta 2016. «Semillas Baer» además tiene casi una veintena de variedades registradas, entre las que se cuentan tipos de avena, cebada y una gran variedad en trigo.

El empresario agrícola subrayó que el polémico convenio se está ratificando porque es parte de las obligaciones de los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito, pero dicha obligación no está considerando otros tratados que protegen los derechos de los agricultores. Sauvageot recalcó la necesidad de que la nueva legislación genere un equilibrio para obtentores y agricultores. Por su parte, un grupo de senadores opositores al gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional para impedir la promulgación de la ratificación de este convenio.

El senador PPD Jaime Quintana, explicó la justificación de esta medida, señalando «el Convenio 169 tiene rango constitucional y esta norma que se acaba de aprobar es un tratado que Chile ratifica tiene un rango legal. Con esa diferencia y supremacía de una norma sobre otra hay que mirar lo que dice el Convenio 169, y cuando se van pasar a llevar derechos o se van a intervenir prácticas, en este caso del mundo campesino particularmente indígena, deben ser consultadas las comunidades, que es lo que no se hizo en este caso, más bien se votó sin escuchar a genuinos representantes del mundo campesino tanto indígena como no indígena».

El parlamentario recalcó que este convenio no tenía la obligación de ser ratificado y que sólo lo fue por la presión de grandes consorcios económicos que quieren que Chile produzca alimentos transgénicos y ese es un debate mucho más de fondo. Los senadores de la República que votaron a favor de este medida fueron: Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de Santiago) y Jaime Orpis (Tarapacá); los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García y Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama); y el PPD Eugenio Tuma (Araucanía).

Mientras que las abstenciones corrieron por parte de: Camilo Escalona (Los Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN). En contra: Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC, junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD).

*Fuente: Azkintuwe