Memoria Histórica. Detenidos desaparecidos. IV. Lanzados al mar

miércoles, 12 de enero de 2011
Una forma de hacer desaparecer de la faz de la tierra a
quienes  la dictadura de Pinochet
consideraba sus enemigos fue el lanzarlos al mar. Esto no solo ocurrió en Chile
sino que también en Uruguay y Argentina, en donde fue aún más masivo, pero más
bien como método de ejecución. Esta similitud se comprende por la existencia
del factor común de ser sus militares instruidos en la Escuela de las Américas.

Los chilenos demostraron ser alumnos destacados de ese
plantel, logrando que el destino de la gran mayoría de los desaparecidos sea un
misterio insoluble. Desafortunadamente para ellos, la evolución de la justicia
internacional impondría la figura del secuestro permanente, frustrando su afán
de impunidad que la dictadura les había garantizado. Paradojalmente, Pinochet,
con su detención en Londres, contribuiría al establecimiento de esta figura de
la justicia.

El nido de víboras de
Tejas Verdes

El 24 de julio de 1973, el vespertino "Última Hora" denunció
allanamientos de inusitada violencia en búsqueda de armas practicados por el
teniente coronel Manuel Contreras en industrias del puerto de San Antonio. El
periodista, que destacó la noticia en primera página, no vislumbró que estaba
desvelando la simiente de un nidal de víboras, que emergería en plenitud con la
sublevación castrense. A la fecha del golpe, Contreras, comandante del
Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes, era predilecto de Augusto Pinochet.
Desde el inicio de su carrera militar, en la década de los 40, fue uno de los
discípulos preferidos del futuro dictador. Los dos coincidieron en la Academia de Guerra en los
60′,
Pinochet como coronel subdirector y Contreras como capitán y  como secretario de estudios y asistente en el
curso de Geopolítica que aquel impartía. En esa época, Contreras le había
presentado un proyecto de formación de un Sistema Único de Inteligencia, que
había encantado a Pinochet. De esa época databa su estrecha amistad personal,
al punto que fue padrino del primer hijo varón de Contreras. Esta circunstancia
hizo posible que Contreras, después del 11 de septiembre de 1973, se
convirtiera en el amo absoluto de la provincia de San Antonio, apoderándose de
las empresas del Estado. Entre ellas estaba la Pesquera Arauco
con su flota de camiones frigoríficos y camionetas Chevrolet C-10 que le
servirían para cumplir su despiadada labor.. En Tejas Verdes, contando con el
entusiasta beneplácito de Pinochet, Contreras inició su acariciado proyecto de
formación de la DINA
que comenzó a funcionar en octubre de 1973. Tuvo pleno éxito en desarrollar
todo el potencial de maldad en un grupo de fanáticos antimarxistas que
seleccionó y reclutó concienzudamente. Supo despertar lo peor de la perversidad
que anidan los seres humanos, como lo hicieron los jerarcas de las SS en
Alemania. En esta escuela de maldad se gestaron verdaderos monstruos como
Miguel Krassnoff, Osvaldo Romo, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata, Germán
Barriga, Carlos Herrera Jiménez y tantos otros, que actuaban convencidos que
estaban salvando a la patria del comunismo. Fueron mentalizados para creer que
estaban cumpliendo una patriótica y noble misión. Que ellos constituían la
reserva moral de una sociedad en crisis, imbuyéndoles un sentido de prepotencia
y superioridad, llegando a considerar normal torturar y asesinar a seres
indefensos sin sentir piedad ni remordimiento. Fueron capaces de ejecutar
acciones del más extremo salvajismo que pueda concebirse en humanos. Se les
garantizó impunidad al estar bajo dependencia directa del dictador, sin que
nadie pudiese interferir ni criticar su accionar al tener una sociedad
amordazada y paralizada por el miedo. Contreras fue secundado en esta
agrupación criminal por un eficiente equipo de instructores que, hoy en día,
sin ambages, declaran que únicamente realizaron clases de educación física a
los represores. Antagonizar con Contreras y sus esbirros significó para los
generales Lutz y Bonilla el perder sus cargos y luego perecer en dudosas
circunstancias. Otros militares discrepantes con la DINA fueron más afortunados y
sólo fueron llamados a inesperado retiro por Pinochet.

El Kiwi. La  nave del mal
Con el puerto de San Antonio bajo su férreo control,
Contreras resolvió  utilizar el
remolcador Kiwi, de la
Compañía Marítima Henrick, para depositar a los ajusticiados
al fondo del mar para su definitiva desaparición. Para facilitar esta pérfida y
clandestina acción, hizo designar al capitán de corbeta, Rodolfo Pearce en la Gobernación Marítima,
estableciendo un sólido vínculo entre la naciente DINA y la Armada Esta operación
fue un secreto muy bien guardado  durante
muchos años. No resulta extraño que en el Informe Rettig no se mencionara lo
acontecido en este remolcador. Solamente, bastante después del término del
gobierno militar, los tripulantes del Kiwi se atrevieron a dar a conocer el
fatídico recuerdo que tanto tiempo los atormentaba. Integrantes de su dotación
revelaron que se les pasaba a buscar a medianoche en camionetas de la Gobernación Marítima.
Se hacía un zarpe normal, pero después eran encerrados en el pañol de proa o en
los camarotes, mientras se efectuaba la operación de eliminación de los
cuerpos. El trabajo de carga y lanzamiento estaba a cargo de marinos de la Gobernación, dirigidos
por los capitanes Pearce o Barrientos. Los "bultos" arribaban al puerto
trasportados por miembros de la
DINA en camiones frigoríficos provenientes de Santiago o
Tejas Verdes. Los tripulantes calculan que la operación se hacía en grupos de 10 a 12 cadáveres  por el ruido que percibían al caer desde la
altura del muelle hasta la cubierta de la nave y por el chasquido al ser
arrojados al mar con peso agregado para que se hundieran hasta el fondo.
Estiman que desde los últimos meses de 1973 y durante 1974 se lanzaron al mar
alrededor de 70 personas. Complementa esta versión la declaración del ex agente
de la DINA,
Enrique Fuenzalida, quien atestiguó que se sacaba desde Londres 38 a los prisioneros para
transportarlos a San Antonio en camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco.
Después se llevaron prisioneros provenientes de José Domingo Cañas y de Villa
Grimaldi. Posteriormente, cuando la
DINA adquirió un poder incontrarrestable se procedió a
lanzarlos desde el aire, con la participación del Comando Aéreo del Ejército.

Este hecho criminal de lanzar los cuerpos al mar desde el
Kiwi fue informado a la
Gran Logia de Valparaíso, la cual proporcionó la revelación a
la Mesa de
Diálogo el 2000, pero su verosimilitud fue descartada por esta instancia. Se
explica que ello fue provocado por un error al denunciar 700 víctimas, en vez
de 70 como consignaba el original, haciéndolo excesivo e increíble.

Ante la insistencia de la denuncia, el 2004, el juez
Alejandro Solís dispuso la instrucción de un proceso por lo acontecido en el
Kiwi

La pavorosa muerte de
Marta Ugarte.

Marta Ugarte Román (1934-1974). Era una profesora de
conocida capacidad intelectual, muy apreciada por los dirigentes comunistas.
Había sido secretaria de la diputada Mireya Baltra. Por sus méritos, había
llegado a integrar el Comité Central del Partido Comunista. Durante el gobierno
de la Unidad Popular,
siendo encargada del departamento educacional, fue nombrada Jefa administrativa
Provincial de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) de Dirinco, en
donde se distinguió por su abnegada y sobresaliente labor.

Producido el golpe militar, al saberse perseguida, se fue a
vivir a villa Catamarca, barrio Carrascal. El 9 de agosto de 1976 fue detenida
por la DINA,
cuando se dirigía a control médico por una mordedura de perro que había sufrido
hacía dos días. Un hermana la vio cuando era llevada en un vehículo, custodiada
por agentes de civil, aparentemente con los ojos tapados debajo de sus
lentes  El 16 de agosto, se presentó un
recurso de amparo -rol 761- que no fue acogido por la Corte de Apelaciones ni por la Corte Suprema, como
era lo habitual.. Los antecedentes fueron remitidos al Juzgado del Crimen de
San Miguel, en donde los familiares presentaron otra demanda por presunto
secuestro. El SENDET informó a la
Cruz Roja Internacional que no tenía registro de su
detención. El presidente de la
Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano se negó a recibir a
las hermanas, Hilda y Berta, aduciendo que el Servicio de Inteligencia había
comunicado que no tenía ninguna persona detenida con ese nombre. Desvirtuando
estas negativas, el dirigente sindical, Pedro Jara Alegría atestiguaría con
detalles indesmentibles haberse encontrado con Marta Ugarte en Villa Grimaldi.
Ella le relató que le habían aplicado corriente eléctrica varias veces y que
había estado "colgada" durante 3 días, lo que era evidente por las lesiones que
se apreciaban en sus muñecas. Además le contó que en ese recinto se encontraba
Víctor Díaz.

El ex agente DINA, Emilio Troncoso, de chapa Cristián
Álvarez, relataría la operación de lanzamiento al mar de ocho ajusticiados la
segunda semana de septiembre de 1976 Las víctimas fueron sacadas de Villa
Grimaldi y llevadas a Peldehue, Colina. Allí el doctor Osvaldo Pinchetti les
inyectó ¿pentotal? o ¿cianuro?.  Luego
los cuerpos  fueron atados en su dorso
con alambres a un trozo de riel e introducidos en sacos. Para su extrañeza,
Álvarez, advirtió que uno de los sacos se movía, ante lo cual sacó un cuchillo
y lo abrió hallando a Marta Ugarte aún viva. Obedeciendo la orden del capitán
Germán Barriga, cortó uno de los alambres que sujetaba el cuerpo al trozo de
riel y la ahorcó con el mismo alambre hasta que dejó de moverse. Enseguida,
aceleradamente, dado que el helicóptero Puma del Comando de Aviación del
Ejército estaba listo para emprender vuelo, y su jefe lo urgía a que se
apresurara, rehizo la amarra del saco y subió el cadáver a bordo, donde se
encontraban los otros siete ejecutados. Existía premura por cumplir cuanto
antes la misión. Inmediatamente, la aeronave se dirigió hacia el litoral de la V Región. Al llegar al
mar, el piloto le hizo una señal y Álvarez lanzó los ocho bultos al vacío. Esta
premura en terminar la operación, dejando incompletas las ataduras al riel,
permitió que el cadáver de Marta se desprendiera del hierro y flotara hacia la
playa cercana. Días más tarde, un pescador encontró el cadáver semidesnudo,
amarrado con alambre su cuello a un saco, en la playa La Ballena, en Los Molles.
Así, Marta Ugarte se convirtió en la única víctima en que fracasó esta brutal
forma de desaparición de los opositores a la dictadura. Al día siguiente que se
supo el hallazgo, el capitán Barriga reunió a sus hombres y los recriminó
duramente por el error cometido. De allí en adelante, se tomaría la precaución
de quemar los rostros, huellas digitales y cualquier cicatriz en los cuerpos.

El resultado de la autopsia fue espeluznante. Se especificó
que, aún estando viva, sufrió luxofracturas de columna, traumatismo
tóraco-abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura de hígado y bazo
(estallido), luxación de ambos hombros y caderas y fractura doble de antebrazo
derecho. Estas múltiples lesiones revelan un brutal sadismo ejercido sobre una
mujer indefensa. Indigna aún más la descripción que darían sus hermanas al
reconocer el cadáver en el Instituto Médico Legal: "sus manos, pequeñas en
vida, se apreciaban muy largas y sin uñas, en la piel había quemaduras
recientes y heridas punzantes. Las piernas se encontraban casi desprendidas. Le
faltaba la mitad de la lengua". Estas evidencias demuestran que fue sometida a
colgamientos y estiramientos tan intensos que lograron vencer las firmes
estructuras articulares de los hombros y caderas y que el traumatismo
tóraco-abdominal llegó a provocar el estallido del hígado y del bazo. Fueron de
un salvajismo propio de los tormentos de la Santa Inquisición.
Tal extremo alcanzó el fanatismo antimarxista por ser considerada una valiosa
fuente de información para aniquilar al partido comunista.

La prensa, totalmente adicta al régimen, pretendió falsear la noticia. El
hallazgo de un cuerpo atado con alambre y con tan graves lesiones, llevaba
necesariamente a suponer que la
DINA había causado su muerte. Para nadie era un misterio la
práctica de los represores de amarrar con alambre a sus víctimas, como se había
observado desde el mismo día del golpe. Sin embargo, la periodista policial de
"El Mercurio", Beatriz Undurraga, quien vio el cuerpo, trató darle la
apariencia de un crimen pasional publicando: "Crimen en la playa de los Molles.
Asesinada hermosa joven de 23 años, presumiblemente estrangulada y abandonada
en la playa". La noticia era notoriamente tergiversada, pues Marta tenía 43
años y su cuerpo, tan martirizado, no aparecía de ninguna manera bello. Tiempo
después, esta periodista justificaría este craso error, diciendo que pensó que
era más joven por la extrema delgadez de la occisa, quizás consecuencia de su
martirio mientras estuvo presa. Pablo Honorato dio a conocer la noticia en la
misma forma en "Las Últimas Noticias", pese a que también había visto el cuerpo
y, por lo tanto, las serias inconsistencias de la versión dada por su colega.
Por su parte, "La Tercera"
publicó que una mujer desconocida había sido encontrada en la playa de la Ballena. Agregaba
que habría sido asesinada por varios delincuentes, que su cuerpo se encontraba
quemado, con los brazos y cuello amarrados con alambres y un brazo quebrado.
Presumía que había sido muerta varios días antes de ser encontrada. En los días
siguientes afirmaba que la identidad ya era conocida, pero que se mantenía en
reserva para no entorpecer la investigación. Se insistía en que se trataba de
un crimen pasional y que el asesino sería presumiblemente el marido o el
amante. Pero esta campaña de tergiversación noticiosa resultó inútil, ya varias
personas habían reconocido a Marta Ugarte en las fotografías del cadáver
aparecidas en la prensa.

El 23 de septiembre, las hermanas fueron informadas en la Vicaría de la Solidaridad que la
denuncia por secuestro había sido rechazada por el Juzgado del Crimen de San
Miguel, declarándose el juez incompetente. Ese mismo día, inducidos por los
rumores de sus amistades, concurrieron al Instituto Médico Legal para solicitar
que les mostraran el cuerpo de la mujer encontrada en los Molles que había sido
traído desde La Ligua. Se
les puso dificultades, pero luego accedieron y pudieron reconocer el cadáver de
su hermana. Posteriormente, el dentista, Luis Ciocca, tratante de Marta, la
identificó irrefutablemente por su dentadura, al constatar la presencia de una
corona en la pieza 11, extracción de la pieza 4 y varias obturaciones que él le
había realizado.

Desde 27 de septiembre, la prensa omitió continuar
refiriéndose al caso, al aparecer una fotografía que permitía identificar
claramente a Marta Ugarte con el cuerpo de la víctima. Con esta evidencia no
era posible continuar publicando hipótesis falsas. Existía la mala experiencia
del fracaso del montaje realizado en la operación Colombo, en que los medios de
comunicación chilenos habían quedado en ridículo en su vano intento de
demostrar que los detenidos desaparecidos no existían en Chile. Esta acción
había generado profunda indignación internacional y hubiese sido una gran
torpeza agravarla. Además, el 21 de ese mes, se produjo el crimen en Washington
de Orlando Letelier, noticia que copó la agenda informativa, dada su gran
repercusión internacional.

Hubo bastante demora en la entrega del cadáver. Solamente el
8 de octubre Marta Ugarte fue sepultada en el Cementerio General de Santiago. A
comienzos de noviembre, el juez encargado del caso, Rafael Mera, ofició al
ministro del Interior, general César Benavides, quien no solo negó la detención
de Marta Ugarte, sino que además le hizo presente al magistrado que existían
instrucciones expresas para que los tribunales se abstuvieran, por razones de
seguridad nacional, de requerir informes a la DINA sobre situaciones de personas arrestadas o
desaparecidas. Más tarde, el 18 de ese mes, el jefe del grupo Delfín de la DINA, Germán Barriga, responsable
directo de la muerte, respondió al juez Mera: "Marta Ugarte nunca ha sido
detenida por personal de la DINA".

El informe Rettig determinaría sobre el caso: "La Comisión llegó a la
conclusión de que Marta Ugarte fue detenida y hecha desaparecer forzosamente
por agentes del Estado, quienes violaron sus derechos humanos, lo que se
confirma por el hecho de que, fortuitamente, haya aparecido su cadáver que sus
captores intentaron ocultar, arrojándolo al mar"

Simón Bolívar 8630.
Antesala de vuelos de la muerte.

Ninguna persona que estuvo detenida en este cuartel de la DINA permaneció con vida para
contarlo. Fue un lugar de exterminio definitivo. Su existencia se mantuvo
ignorada hasta enero del 2007, al mantenerse el pacto de silencio de sus
ocupantes. En esa época, Jorgelino Vergara, ex sirviente de Contreras, se
decidió a relatar lo que allí ocurría a funcionarios de Investigaciones y luego
a un juez. Este lugar de la comuna de La Reina fue ocupado por la DINA en agosto de 1975
por  la brigada Lautaro, cuya función
nominal era la seguridad de Manuel Contreras, de su familia y autoridades del
gobierno, pero realmente desempeñaba funciones operativas de represión. Desde
inicios de 1976, compartió el recinto con el grupo Delfín a cargo del capitán
de Ejército Germán Barriga Muñoz, "don Jaime", secundado por el teniente de
Carabineros Ricardo Lawrence. Esta agrupación había eliminado a la dirigencia
del PS y en este período estaba abocado al PC. Barriga tuvo pleno éxito al
eliminar a la cúpula del partido, en mayo de 1976, en el llamado caso "calle
Conferencia" Entre los más destacados de los políticos allí abatidos figuran
Víctor Díaz, Jorge Muñoz (esposo de Gladys Marín), el profesor universitario
Fernando Ortiz, Waldo Pizarro (esposo de Sola Sierra y padre de Lorena
Pizarro). Después de horrendas sesiones de tortura para obtener información,
cuando se consideraba que ya no era posible obtener más datos, se procedía a
exterminar al detenido. El asesinato de Víctor Díaz constituye una muestra de
cómo se mataba en este recinto. Cumpliendo una orden de "don Jaime", Díaz fue
sujetado por los infantes de marina, Sergio Escalona y Bernardo Daza para
permitir que Juvenal Piña, suboficial del Ejército lo asfixiara amarrándole una
bolsa plástica en el cuello, mientras la teniente del Ejército, Gladys
Calderón, le inyectaba cianuro en una vena del antebrazo. Esta no fue la única
manera de asesinar, pues algunos prisioneros fueron muertos con gas Sarín,
preparado por Eugenio Berríos y suministrado por Michael Townley.

Después del hallazgo del cuerpo de Marta Ugarte, se tomaron
precauciones para dificultar la identificación en el caso de ser encontrados
los cadáveres. Luego de matar a los prisioneros, se desfiguraban sus rostros,
se borraban cicatrices y  huellas
digitales quemándolos con un soplete para soldar y se extraían las tapaduras de
oro con un alicate. Posteriormente, se amarraba con alambre el cuerpo a un
trozo de riel y se introducía en un saco que se aseguraba con más alambre.
Preparados de esta forma, eran llevados a 
Peldehue, para ser  introducidos
en helicópteros del Comando Aéreo del Ejército y lanzados al mar, logrando su
desaparición definitiva.

El jefe del grupo Delfín, Germán Barriga Muñoz, era graduado
con honores en la Escuela
de las Américas como "instructor de tácticas antisubversivas y
contrainteligencia". En la década del 2000 fue sometido a proceso por la muerte
de los dirigentes socialistas y comunistas. El 2004, interrogado por el juez,
cínicamente declaró "Mis labores eran más que nada de registro y conseguir
información (…) Trabajaba con fuentes abiertas, no con información de otras
vías, como libros o papeles incautados en allanamientos". Pero sus
subordinados, el 2007, declararían que no solo dirigió las matanzas, sino que
torturó y mató por su propia mano en el cuartel de Simón Bolívar.. Como todos
los peores represores, pretendió presentarse antes la justicia como un simple
"analista", inocente de cualquier operación de la DINA. Por sus múltiples
acciones homicidas no podía pasar desapercibido por los familiares de las
víctimas. Así, el 2000 fue "funado", debiendo cambiarse de su departamento de
Ñuñoa y, el 2004, lo fue en el supermercado Líder del Paradero 14 de Vicuña
Mackenna, perdiendo su empleo de director de los guardias de seguridad.

El domingo 16 de enero de 2005, Germán Barriga fue a
confesarse al santuario de Sor Teresa de los Andes. Al día siguiente, se
suicidó arrojándose desde el piso 18 de un edificio de la calle Pío X, N° 505,
cercana a la Escuela
Militar. Accedió al edificio aparentando que deseaba comprar
un departamento. Dejó una carta en la que expresaba: "no puedo resistir las
presiones de ser acosado por "funas", la pérdida sistemática de los trabajos y
el enfrentar tres largos procesos por secuestro permanente". Dejó otra carta
para el movimiento 10 de septiembre en que decía: "Amigos del club: Les
agradezco vuestra amistad y apoyo. Adjunto carta que he dejado por todos lados,
pero que para ustedes es una petición muy especial si realmente logré el
objetivo de pasar a la otra vida. Les pido a los periodistas de mi movimiento
que, con sus maravillosas manos que tienen para escribir, publiquen y difundan
el hecho como estimen para que, en lo personal, se trate de entender algo de mi
drástica decisión tomada, donde ojalá no me juzguen ni me culpen. Si, por
favor, me perdonen y entiendan que para mí esto se hizo insostenible. En un
mundo en que todo es dinero, sin obtener ese dinero no se vale nada. Estando
sujeto a restricciones legales de presentarse en cuatro juzgados diferentes un
vez al mes, tener manchada la hoja de antecedentes para fines especiales, no
ser bien visto por quienes fueron sus amigos, es imposible conseguir un trabajo
y en forma honrada no lo pude obtener. También para que ojalá sirva, camaradas
míos, y la ley se aplique como corresponde. Con oraciones al Todopoderoso, que
el movimiento sea todo un éxito, les deja un cariñoso abrazo, Germán Jorge
Barriga Muñoz, coronel de Ejército retirado".

Barriga recibió el reconocimiento y solidaridad de sus
colegas del Ejército y también las otras ramas armadas, quienes lo enarbolaron
como un intachable individuo, mártir de los procesos judiciales a los militares
por violaciones a los derechos humanos. El Comandante en Jefe del Ejército, el
general Juan Emilio Cheyre, suspendió sus vacaciones en el sur para presentar
sus condolencias a la viuda. La catedral castrense se repletó. Manuel Contreras
comentó: "Fue un soldado que trató de sacar del fango al país en 1973… que
fue asesinado de a poco por la venganza de los grupos marxistas". Cristián
Labbé, alcalde de Providencia, manifestó: "Es una constatación de la
desesperanza que estamos viviendo los militares. Están creando una sociedad de
odio, un tsunami del odio. Los héroes de ayer están condenados por los
liliputienses de hoy". El general ® Hernán Núñez comentó: "No quiero hablar de
suicidio, porque lo del brigadier Barriga fue un asesinato planeado magistral y
científicamente por los comunistas"

Metodología de los
vuelos de la muerte en Chile.

No cabe duda que los vuelos de la muerte fueron acordados
por Contreras y Pinochet como una forma eficaz y clandestina de eliminar a los
"enemigos" marxistas. Recuérdese que Contreras ha insistido siempre que todas
sus acciones le eran comunicadas al dictador, por tanto esta "solución final",
estilo Gestapo, fue irrebatiblemente producto de ambos. Jugó a favor de esta
decisión el éxito obtenido en San Antonio con la operación del Kiwi.

Debieron pasar muchos años para que aflorara la existencia
de estos vuelos como una forma sistemática de desaparición definitiva de
detenidos por la dictadura. La malentendida lealtad de los militares pretendió
que nunca se conociera la realidad de lo ocurrido, respetando el pacto de
silencio. Jugó a favor de la verdad el hallazgo del cuerpo de Marta Ugarte y la
investigación realizada por el juez Juan Guzmán, ayudado por el departamento V
de Investigaciones.

La Mesa
de Diálogo -1999-2000- reportó el destino de 200 desaparecidos, 49 en tierra y
151 en el mar. De estos últimos sólo 23 atribuidos a la DINA, cifra absolutamente
insostenible, pues un cálculo conservador la estima entre 400 y 500 casos. Esto
se explica pues esta instancia fue creada por Edmundo Pérez Yoma, como un forma
de demostrar al mundo que en Chile se podía juzgar a Pinochet para librarlo de
ser extraditado a España. Los uniformados rompieron su obstinada negativa de
reconocer los crímenes, pero bajo la tesis que se habían producido "excesos",
inevitables en operaciones anti subversivas y en el contexto internacional de
la guerra fría. Se minimizó al máximo su rol genocida, atribuyéndolo a acciones
individuales, negando la responsabilidad institucional.

Todos los magistrados encargados de investigar violaciones a
los derechos humanos durante la dictadura se ven frente a la engorrosa labor de
enfrentarse a una maraña de mentiras, contradicciones y herméticos silencios.
En este caso, los detectives lograron quebrar el pacto de mutismo de 12
mecánicos del Comando de Aviación del Ejército (CAE). No consiguieron romper el
hermetismo de ningún piloto, pese a las revelaciones de sus subordinados. El
testimonio de los mecánicos de los helicópteros Puma reveló el detalle de los
vuelos, cuyo código era "Operación Puerto Montt". Uno de ellos narró que el
jefe del CAE, Carlos
Mardones Díaz, al iniciar estos vuelos, les advirtió a las
tripulaciones: "estas son misiones secretas que ustedes no deben comentar con
nadie que no participe en ellas. Ni siquiera deben hablarlo con sus familias"
Algunos de estos  mecánicos reconocieron
que habían hecho alrededor de 40 viajes para deshacerse de los cuerpos.

Relataron que antes de cada viaje debían remover los
asientos de las máquinas y el estanque adicional de combustible. Se necesitaba
espacio y el vuelo iba a ser de duración menor a las 2 horas y media. La orden
de partida era dada por el jefe del CAE. Los helicópteros despegaban desde el
aeródromo de Tobalaba, tripulados por un piloto, un copiloto y un mecánico,
todos del CAE, y se dirigían a Peldehue, en Colina. Allí los esperaban las
camionetas C-10 de la DINA
con los cuerpos de los ajusticiados atados a un riel y ensacados. Se subían los
"bultos" al helicóptero Puma, que emprendía vuelo hacia la costa de la V Región, con tripulación
incrementada por dos o tres integrantes de la DINA. Adentrado en
el mar, el piloto daba la orden de descargar los cadáveres, lo que se hacía
generalmente por la escotilla central. Los funcionarios de la DINA tenían el cometido de
asegurar que los cuerpos llegaran al fondo del océano. Relatan que les era
dificultoso lanzar los cuerpos debido del peso de los rieles. Enseguida, la
máquina regresaba a Peldehue a dejar a los miembros de la DINA, que abordaban sus
camionetas y luego continuaba su viaje hasta su base en Tobalaba.  Posteriormente, los aparatos eran
cuidadosamente aseados y reubicados los asientos y el estanque adicional. Esto
último no se efectuaba si se tenía programada otra operación para el siguiente
día.

El hermetismo por parte de los pilotos no fue absoluto. Uno
de ellos, confiando en la complicidad de su interlocutor, reveló su
participación. En junio de 1999, el coronel ® Olagier Benavente, al ser
entrevistado por La Nación,
reveló que el piloto del CAE, Antonio Palomo, durante unas vacaciones en
Pelluhue le había relatado que le había correspondido hacer viajes en helicóptero
para lanzar cuerpos al mar. Esta confidencia fue después rotundamente
desmentida por Palomo ante el juez Guzmán, aduciendo que había sido mal
interpretado por su interlocutor en un momento en que ambos se encontraban algo
ebrios por el efecto de las bebidas alcohólicas que habían consumido.

El ex agente de la
DINA y comisario de Investigaciones, Nibaldo Jiménez, quien
estuvo en Villa Grimaldi y en José Domingo Cañas, aportó al juez Juan Guzmán
valiosa información. Reveló que quienes decidían sobre los prisioneros que
debían ser lanzados al mar eran los jefes de los centros clandestinos de
detención. En una reunión, Miguel Krassnoff, Maximiliano Ferrer Lima, Pedro
Espinoza y Marcelo Moren Brito, confeccionaban una lista que luego pasaba a
manos de Manuel Contreras para su visto bueno. Además, Jiménez reveló que en
los centros de detención había trozos de rieles recién cortados que se usaban
para sumergir los cuerpos en el mar.

También en la zona norte se lanzaron cadáveres al océano. Es
comentado el caso de Raúl Choque, quien relató haber encontrado restos óseos en
el litoral de Pisagua. Raíz de este hallazgo, este campeón mundial de pesca
submarina fue sometido a amenazas y seguimientos y perdió la asignación de una
casa en Iquique. Nunca más ratificó este descubrimiento y la prensa lo calificó
de mito o de alucinación producida por el fenómeno de descompresión que se
produce en los buzos

Supuestamente, el último episodio de lanzamiento de cuerpos
al mar ocurrió en septiembre de 1987 en que uno de los pilotos de confianza de
Pinochet recibió la orden del jefe del Comando Aéreo del Ejército, el coronel
Mario Navarrete para que pasara a buscar a Peldehe unos "paquetes". Se trataba
de los cuerpos de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
detenidos dos días antes por la
CNI para ser canjeados por el coronel Carlos Carreño,
secuestrado por ese grupo. Estando detenidos en el cuartel Borgoño de la CNI, fueron inyectados por un
enfermero apodado el "Quincy", con un veneno para ser lanzados al mar amarrados
a rieles.. Ante el juez Hugo Dolmestch, este piloto aseguró que la orden
provino de Pinochet.

En septiembre de 2004, el juez Juan Guzmán se adentró
alrededor de un kilómetro en el mar en una lancha en la bahía de Quintero,
acompañado de buzos tácticos. Hallaron trozos de riel que yacían a unos 30 metros de profundidad
frente a las playas Albatros y Loncura. El Mercurio informó el 22-9-2004
:"Buzos extraen rieles con que fueron hundidos cuerpos de detenidos
desaparecidos" .Este titular contradecía años de negación de esta criminal
acción de la dictadura por parte de ese periódico..

Desde el punto de vista represivo, antes del hallazgo del
cuerpo de Marta Ugarte, el lanzamiento de los cuerpos al mar había sido un
éxito. Tanto era así que el director de la DINA, si hubiese tenido la locuacidad
irrefrenable de un político actual, se hubiese ufanado en las reuniones de la
operación cóndor diciendo "do it in the chilean way"

Vuelos de la muerte
en Uruguay y Argentina.

Una de las partes más atroces de la "guerra sucia" en
Argentina y Uruguay fueron los vuelos de la muerte. Miles de personas fueron
lanzadas al mar vivos y drogados desde aviones militares, como consta en
testimonios incuestionables. La primera denuncia fue hecha por el periodista e
historiador, Roberto Walsh, en carta abierta dirigida a la Junta Militar el 24
de marzo de 1977, siendo asesinado al día siguiente. Entre otras imputaciones
decía: "entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas".
Detallaba el hallazgo de cuerpos mutilados en costas uruguayas y culpaba a las
tres Fuerzas Armadas de "arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la
1° Brigada Aérea, usando aviones Fokker F-21"

En 1977, entre el 20 y 29 de diciembre, aparecieron varios
cuerpos en los balnearios de Santa Teresa y Mar de Tuyu, a unos 200 kilómetros al
sur de Buenos Aires. Los cadáveres fueron prontamente enterrados como "NN" por
las fuerzas policiales en el cementerio General Lavalle. Sin embargo, los
médicos forenses alcanzaron a informar como causa de muerte: "Choques contra
objetos duros desde gran altura", lo que era compatible con la caída desde un
avión en vuelo. En noviembre del 2004, el equipo argentino de Antropología
Forense logró identificar esos restos como pertenecientes a las madres de Plaza
de Mayo Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce, Azucena Villaflor, la
militante Ángela Aguad y la monja francesa Léonie Duquet. Estas personas habían
sido detenidas entre el 8 y 12 de diciembre, llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada-ESMA-, donde
fueron torturadas y luego lanzadas desde un avión al océano, alrededor del 20
de ese mes.

Solo en años recientes se ha logrado comprobar que la Fuerza Aérea
Argentina también realizó vuelos de la muerte desde la base de El Palomar. Las
víctimas provenían de los centros clandestinos de detención El Olimpo y Mansión
Seré. El equipo argentino de antropología Forense, el 2009, consiguió
identificar a nueve personas que habían desaparecido desde El Olimpo.

También se usaban
lanchas de la Armada
que operaban desde el Apostadero Naval de San Fernando y se fondeaban los
cuerpos dormidos en aguas del Delta del Tigre.

Importantes informaciones proporcionó el capitán de corbeta
(R), Emir Sisul Hess, que integró la Escuadrilla Aeronaval
de Helicópteros entre 1976 y 1977. Ya retirado en 1991, y siendo gerente de un
Resort en Villa Angostura, se ufanaba ante sus compañeros de trabajo, que más
tarde declararon "Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y
lloraban" Refería que "las arrojaban al Río de la Plata y que él era el
piloto, que los vuelos salían de Palomar o Morón que les ponían una bolsa en la
cabeza, los subían a los aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados".
Al preguntarle si sentía lástima, respondía: "No sufrían, los llevamos dopados
y los tirábamos al río. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían dónde
iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como
hormiguitas". Decía no sentirse culpable porque "había que cumplir órdenes".

Arnoldo Bondar, empleado civil en Palomar ha testificado "En
reiteradas ocasiones vi llegar camiones de la policía cargados de jóvenes de
ambos sexos que eran embarcados en aviones a motor de dos hélices, generalmente
de la Armada.
Desconozco el destino.. Esta operación se realizaba al
costado de la pista principal y casi siempre llegaban antes algunos patrulleros
para montar guardia alrededor del avión".

El capitán (R) de la Marina argentina, Adolfo Scilingo, en 1995,
confesó haber participado en vuelos de la muerte al periodista Horacio
Verbitsky, quien escribió sobre las entrevistas el famoso libro "El Vuelo",
dando detalles de lo ocurrido. Se avisaba a un grupo de presos del ESMA que
iban a ser trasladados a un penal del sur, por lo que debían ser vacunados. Se
les bajaba encadenados a la enfermería en donde les inyectaban un somnífero.
Enseguida eran trasportados en un camión al aeroparque y subidos a un avión de la Armada que se internaba
hacia el mar. Ya en pleno vuelo, un médico naval les administraba un anestésico,
con lo cual resultaban profundamente dormidos. Se les desvestía y, cuando el
comandante de la aeronave daba la orden, se abría la trampa y se los arrojaba
uno por uno al mar..

Scilingo. emigró a España en 1997 y allí declaró ante el
juez Garzón. Procesado por la Audiencia Nacional por delitos de lesa humanidad
perpetrados durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional
argentino en un juicio que duró 8 años. Fue condenado a 640 años de prisión por
haber arrojado a 30 personas con vida al océano Atlántico. En julio del 2007,
se comprobó su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, por lo que el
Tribunal Supremo español elevó la condena a 1084 años. Este proceso y condena
fue un importante precedente para la justicia universal.

La fuerza aérea uruguaya, en agosto 2005, reconoció
oficialmente la realización de vuelos de la muerte en conjunto con el régimen
argentino. Aparecían cuerpos con manos y pies atados con alambres en forma casi
cuotidiana en la costa uruguaya sur, a algunos kilómetros de Gualeguaychú.

El ex agente de inteligencia de la Marina, Antonio Pernías, es
señalado por los sobrevivientes como uno de los principales torturadores de la ESMA. Juzgado por
delitos de lesa humanidad, junto a 18 otros acusados admitió el 26-8-2010 ante
un tribunal de Buenos Aires "los vuelos de la muerte se hacían desde la ESMA al río de la Plata, eran arrojados vivos"
Añadió:: "Todo estaba decidido en esta guerra cruel. Ninguno de los oficiales y
suboficiales teníamos que tomar decisiones". Negó su participación en el
secuestro y ejecución de las monjas francesas Domon y Duquet, sobre lo cual
opinó: "fue un error y un horror"

Ex teniente de la
Marina, Julio Poch, se retiró de su institución en 1981 y se
fue a Holanda, en donde se nacionalizó. Trabajó en la aerolínea Transavia,
dependiente de KLM. En reuniones con compañeros de labor, se jactaba de haber
participado en los vuelos de la muerte. Relataba que "desde su avión se echaba
fuera de borda a personas con vida con el fin de ejecutarlas"… "el objetivo
era matar y deshacerse de los terrorista". Juzgaba que "las madres de Plaza de
Mayo y otros deudos no debían quejarse, porque sabían que sus hijos y sus
esposos eran terroristas". Opinaba que aunque consideraba ilegal la represión,
a su criterio, "era una guerra y que los prisioneros no habían sufrido porque
habían sido previamente drogados". En una ocasión a su copiloto le dio la
opinión que los militares debían haber muerto a todos los subversivos. Estas
revelaciones llegaron a oídos de su jefe, quien escandalizado hizo una
denuncia. Como consecuencia de ello, fue detenido en septiembre del 2009 en el
aeropuerto de Valencia y extraditado a Argentina en mayo del 2010. Ha negado toda
participación, alegando que sus compañeros malinterpretaron sus palabras.

El almirante Emilio Massera, miembro de la Junta, fue jefe de la ESMA, Su poder de decisión
sobre la vida y la muerte de los prisioneros era inconmensurable. En ese
recinto fueron hechos desaparecer al menos 5.000 detenidos. Era conocido por entregar
condecoraciones a los integrantes de los grupos de tarea que dependían de él..
Se vanagloriaba: "llevo sentado a Dios en mi hombro". Fue condenado en abril de
1985 a
prisión perpetua y pérdida del grado militar. Pero fue indultado por Carlos
Saúl Menem el 29 de diciembre de 1990, junto con los otros militares de la Junta. En 1998 quedó
sujeto a prisión preventiva por demandas de secuestro y privación de identidad
a menores. El 2005 fueron suspendidas las causas por demencia. Falleció el 8 de
noviembre 2010 a
los 85 años por un paro cardiorrespiratorio. Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara
de Diputados de Argentina, expresó: "El dictador Emilio Eduardo Massera muere
impune, lo cual representa un profundo agravio a la democracia, a sus
instituciones, a todas las personas que pensamos que el único lugar posible
para un genocida es la cárcel. En fin, un agravio para toda la humanidad. Para
la memoria de este pueblo, Massera aparecerá siempre como un ser nefasto, alguien
a quien la historia terminará condenando al sitio más oscuro"

Diferencias entre los
países rioplatenses y Chile.

Todo apunta a que la gran diferencia entre lo ocurrido en
Chile y en Argentina y Uruguay se debió a la distinta conducta de la cúpula de la Iglesia Católica
frente al actuar de las respectivas dictaduras. Siendo instruidos los militares
sudamericanos en la Escuela
de Las Américas en la zona del canal de Panamá, era de esperar una conducta
uniforme, pero ello no fue así. En Argentina, el arrojar a los prisioneros
drogados al mar fue una forma de ejecución. En cambio, en Chile fue una manera
de eliminar cadáveres de personas ya muertas o de restos de exhumados para
hacerlos desaparecer sin dejar rastros.

Los miembros de la Junta Militar argentina actuaron con gran respeto
hacia la jerarquía de la
Iglesia católica. Tanto fue así, que el día anterior al golpe
de marzo de 1976 se lo comunicaron a los obispos, obteniendo su aprobación.
Podría suponerse que esa forma de dar muerte estuviese en conocimiento y
aprobación de la cúpula eclesiástica de predominio conservador, seguidora del
pensamiento de. Santo Tomás de Aquino (1225-1274), quien consideraba básico que
el bien común debía primar sobre los intereses de los individuos, incluso sobre
la vida de las personas. En este caso sería lógico eliminar a quienes
propiciaban un ateismo marxista. Numerosas declaraciones exteriorizan el
irrestricto apoyo al accionar de la dictadura, pese a su estela de sufrimiento
y muerte de tantos argentinos imposible de ignorar. Por ejemplo, Monseñor
Octavio Denin, rector de la Universidad Católica Argentina, en septiembre
1979, con motivo de la visita de una Comisión Internacional, afirmó molesto: "La Argentina es uno de los
países donde hay más tranquilidad y los derechos humanos están más respetados
…No veo que en este momento, en la Argentina se encarcele, se mate, se atropellen
los derechos humanos" El obispo castrense, Victorio Bonamín en mayo de 1981,
declararía: "(…) los miembros de la Junta Militar serán glorificados por las
generaciones futuras…". El cardenal Juan Carlos Aramburu diría en noviembre
de 1982: "(…) en Argentina no hay fosas comunes y a cada cadáver le
corresponde un ataúd. Todo se registró regularmente en los correspondientes
libros…¿Desaparecidos? No hay que confundir las cosas, usted sabe que hay
desaparecidos que viven tranquilamente en Europa…" Al retornar su país a la
democracia, este purpurado fue un fuerte crítico de los juicios contra los
miembros de la Junta
Militar, señalando: "La negación del perdón es un virus
diabólico, que carcome los nobles sentimientos del corazón".. Encomió
encarecidamente los indultos dados por el presidente Menen en 1990 a los miembros de la Junta

Monseñor Adolfo Tortolo, vicario general castrense, llegó justificar
las torturas y los crímenes cometidos dado que eran hechos con "armas
bendecidas". Declaró en noviembre de 1977: "… yo no conozco, no tengo pruebas
fehacientes que los derechos humanos sean conculcados en nuestro país. Lo oigo,
lo escucho, hay voces, pero no me consta… "… soldados, hay dos
alternativas: ser fieles o traidores a Dios y a la Patria. Los paños
tibios o los términos medios no corren en esta hora del mundo…"

Al regresar de los vuelos, los capellanes tranquilizaban a
los oficiales, justificando su acción con citas del evangelio como "es preciso
separar la cizaña del trigal" Según el capitán Adolfo Scilingo, esta forma de
eliminación estaba avalada por la Iglesia Católica porque era una muerte cristiana
y humanitaria y no como los fusilamientos realizados en España por Franco y en
Chile por Pinochet. Se conoce la implicancia directa de capellanes en la
represión como Luis Manceñido y Alberto Zanchetti. Es muy conocido el caso del
ex capellán de la policía argentina, Christian von Wernich, que se desempeñó
con el nombre de Christian González en la parroquia de El Quisco. Sometido a
juicio en Buenos Aires, fue condenado a cadena perpetua el 9 de octubre de 2007
por 7 homicidios, 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegales de libertad.

Los obispos Enrique Angelelli y Carlos Ponce de León,
quienes criticaban abiertamente los abusos y los crímenes, fueron asesinados
simulando accidentes de tránsito, sin que la jerarquía eclesiástica se quejara
ante las autoridades militares. Simplemente aceptó la dudosa versión oficial.
Ni siquiera la horrenda masacre de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos
en la iglesia de San Patricio, hizo actuar a la Conferencia Episcopal
para exigir justicia.

Ante intensa presión pública y política, la Iglesia Católica
argentina, solamente en septiembre del 2000, pediría perdón por "los silencios
responsables y por la participación efectiva de muchos de sus hijos en el
atropello a las libertades y la muerte absurda que ensangrentaron al país".

A diferencia de Argentina, en Chile la mayoría de la cúpula
católica, encabezada por el cardenal Raúl Silva, siguiendo los valores
cristianos de amar a prójimo, servir al semejante y actuar sin violencia,
defendió a las víctimas de la represión. De forma alguna podía estar de acuerdo
en asesinar y hacer desaparecer los cuerpos arrojándolos al mar. La Junta Militar, el
24-9-73. llegó al extremo de acordar que se hiciesen gestiones ante el Vaticano
para "prever la posibilidad de reemplazo del cardenal". La frase de Pinochet:
¡Los civiles no entienden lo que es una guerra y lo que son las bajas! no
perturbó en absoluto las intenciones del cardenal. El 6 de octubre de 1973, a iniciativa del
cardenal Silva y del obispo Frenz se creó el Comité Pro Paz con participación
de las iglesias católica, luterana, metodista, ortodoxa y pentecostal y del
rabinato de Chile. La animadversión de Pinochet se manifestó públicamente el 11
de marzo de 1974 en que en el acto conmemorativo del golpe militar expresó "Son
enemigos inconscientes de Chile los que con su amor a la bondad brindan apoyo y
ocultan a extremistas materialistas, que sólo los usan y desprecian". En mayo
de ese año, la DINA
le informó a Pinochet: "Se ha detectado la creación de una servicio de
inteligencia del clero, en íntima colaboración con el marxismo, que ha logrado
infiltrar a numerosos sacerdotes, los que en Santiago llegarían a un grupo de
37 curas extremistas. En el listado, acompañado de anotaciones sobre el rol
desempeñado, figuraban entre otros: Gonzalo Arroyo: "jesuita de los Cristianos
por el Socialismo"; Rafael Maroto: "ex vicario episcopal de zona centro, ideas
extremistas"; Fernando Ariztía: "obispo auxiliar de Santiago, alienta a los
marxistas y reprendió públicamente al cura Hasbún"; Alejandro Goic: "vicario de
Magallanes, colabora con marxistas, relacionado con grupo de chilenos
refugiados en Río Gallegos, constituye un frente de resistencia"; Fernando
Salas: "se dedica a dar protección a extremistas buscados por la Justicia militar"; Juan
Ysern: "vicario de Calama que amparó a curas holandeses vinculados al MIR;
Enrique Alvear: "obispo de San Felipe, criticado por acoger marxistas; Antonio
Llidó: ex sacerdote español, miembro del MIR de Quillota, que continuaría
ejerciendo activista extremista".Este último sería detenido en octubre de ese
año y desaparecería desde la prisión de Cuatro Álamos 

En abril de 1975 se creó la Fundación de Ayuda
Social de las Iglesias Cristianas, organismo ecuménico de defensa y protección
de los derechos humanos a iniciativa del pastor de la Iglesia Evangélica
Luterana, Helmut Frenz (se prohibiría si reingreso a Chile en octubre de 1975).
A fines de 1975, Pinochet demandó el cierre del Comité Pro Paz, expresando:
"(…) el mencionado organismo es un medio del cual se valen los marxistas-leninistas
para crear problemas que alteran la tranquilidad ciudadana y la necesaria
quietud. Sería pues un positivo paso para evitar males mayores el disolver el
mencionado Comité" El cardenal Silva aceptó cerrar el Comité pero, en su
reemplazó, creo la Vicaría
de la Solidaridad. De
nada sirvió la airada protesta del dictador ¿Qué es eso de la Vicaría, cardenal? ¡No me
va a decir que va a volver a llenar la Iglesia con comunistas!,

En 1978, superando la disconformidad del régimen, se celebró
en Chile el Año Internacional de los Derechos Humanos. Pinochet alegaría: ¡Dale
con la famosa jeringa de los Derechos Humanos, eso es un invento que hicieron
los comunistas! Se destacarían en defensa de los derechos humanos los obispos
Santos, González, Hourton, Vial, Valech y los sacerdotes Baeza, Precht,
Aldunate, Puga, Bolton, entre otros. Fuertes críticas del régimen dictatorial
fueron las revistas Solidaridad, Pastoral Obrera y especialmente Mensaje, cuyos
artículos eran duramente descalificados por los medios de comunicación
oficialistas.

Sin embargo, no hubo unanimidad en el rechazo de la Iglesia al actuar de la
dictadura. Reconocidos defensores del régimen militar fueron los obispos Emilio
Tagle, Jorge Medina, Orozimbo Fuenzalida y Eladio Vicuña,.el influyente párroco
Fernando Karadima y el locuaz y activo sacerdote Raúl Hasbún. Este último
llegaría a decir: "Chile debe respetar y agradecer la existencia de la DINA" A pocos días del golpe,
monseñor Francisco Valdés Subercaseaux expresó "La noche obscura nos sumía en
una pesadilla aparentemente sin salida. Todo me recordaba el infierno y no un
mero capricho del paraíso. Hoy ha nacido una nueva era, te escucharemos señor y
la verdad nos ha liberado" Monseñor Alfredo Cifuentes hizo donación de su
anillo pastoral de oro como aporte a la reconstrucción nacional que pedía el
gobierno militar. En octubre de 1974, monseñor Juan Francisco Fresno manifestó
"con los ojos cerrado puedo decir que, tratándose de nuestras fuerzas armadas,
no hubo un golpe de estado fascista, nosotros los amamos y los respetamos"*. De
todas formas, el decidido apoyo de esta minoría no implicó una justificación a
la violación de los derechos humanos por la dictadura, como ocurrió en
Argentina.

*Monseñor Fresno sufriría en carne propia la acción de la
dictadura al quedar en silla de ruedas su hermana Ana tras el atentado a
Bernardo Leighton en Roma en octubre de 1975.

*Fuente: El
Clarín

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