Lunes 20 de Diciembre 2010
Es un lugar común afirmar que la política es sucia, pero lo
cierto es que en todas las actividades humanas hay una cuota de indecencia y
corrupción. Ya lo hemos comprobado en la repugnante actuación de algunos
sacerdotes, en los turbios manejos del deporte,
la actividad bancaria y tantas otras entidades que violan la confianza
pública. Se dice, asimismo, que la política debiera ser la más noble de las
tareas sociales, sin embargo lo que presenciamos es que esta actividad es la
que nos ofrece actualmente los más graves escándalos contra el bien común y la
estabilidad institucional.
La historia de Chile estuvo siempre salpicada de abusos de
poder, enriquecimientos ilícitos, crímenes horrendos e incongruencias entre lo
que se promete como candidato y lo que se realiza posteriormente desde el
gobierno, el parlamento y los municipios. Pero después de la traumática
dictadura castrense muchos pensamos que se abriría un período republicano en
que el pueblo superara sus rezagos y nuestros representantes resultaran los más
probos y con mejores condiciones para ejercer los nuevos liderazgos que el país
necesitaba. Sin embargo, apenas instalada la Concertación en el
poder, lo que se ha apreciado es el imperio del cuoteo partidista, la
connivencia de los políticos con el poder económico, el afán de perpetuarse en
los cargos y profitar de éstos en beneficio propio y de instituciones que
rápidamente se desperfilaron ideológicamente. Deviniendo, en la práctica, sólo
en componendas electorales y bolsas de trabajo fiscal.
Desde el gobierno de Patricio Aylwin se descubren
irregularidades como el pago de sobre sueldos a
quienes ejercían cargos de confianza, tanto como operaciones ilícitas de
compra y venta de armas que corrompen a oficiales y políticos. Más adelante,
vendría ese carnaval de irregularidades en las licitaciones públicas y la
concesión de carreteras. Todo un episodio de despropósitos que tuvo tan a
maltraer al gobierno de Ricardo Lagos como que tuvo que recurrir al apoyo de
parlamentarios de oposición y algunos medios informativos para evitar su
inminente caída. Quizás si el precio que
pagó este rescate fue la sacralización pactada de la Constitución de
Pinochet en que el propio Presidente le
pone la rúbrica a una Carta Fundamental
surgida de una espuria consulta popular en 1980. Una operación de salvataje que
explica las políticas implementadas por el que estaba llamado a ser el gobierno
más progresista de la
Concertación, pero terminó en el aplauso unánime y estridente
de las cúpulas empresariales, como en aquella sentencia de el ex senador
socialista Carlos Altamirano en cuanto a que la administración Lagos había sido
el "mejor gobierno de derecha de nuestra historia".
Sabemos que con Piñera no triunfó la derecha sino el
malestar del país con 20 años de indecencias e incongruencias. Por cierto que
su triunfo se explica, además, en los millonarios recursos propagandísticos de
su campaña electoral. Claro: el país
sospechaba de la enorme fortuna del candidato alcanzada en menos de dos
décadas, pero su demarcación del pinochetismo y de los sectores más rancios de
la derecha le permitió ganar en segunda vuelta, gracias además a un padrón
electoral acotado en que casi la mitad
de los potenciales ciudadanos ni siquiera se inscribe en los registros
electorales.
Apenas instalado Piñera en La Moneda, el país pudo darse
cuenta de cómo éste se ha dado maña para mantener el control de sus grandes
empresas u obtener un buen precio de venta de sus acciones y títulos. Como
ahora podemos apreciar que su propuesta de ingreso familiar digno se contradice
y desbarata con un proyecto de reajuste
de sueldos y salarios que le escatima a los trabajadores del país un
mejoramiento efectivo de su poder adquisitivo. En un momento estelar para nuestras
exportaciones en que la empresas se
ufanan de recibir utilidades multimillonarias,
sobrepasando en sólo 10 meses el 40 por ciento el balance del año
anterior. En efecto, nos resulta
incomprensible que a los trabajadores
sistemáticamente se los deje fuera del crecimiento económico y que la gestión
económica en todos estos años sólo haya hecho crecer la brecha económica y
educacional entre ricos y pobres.
Por lo mismo, nos parece realmente inverosímil que con la abstención del Presidente del
Partido Socialista, Osvaldo Andrade, el Gobierno haya logrado aprobar su
proyecto de reajuste que sólo le otorgó
a los empleados públicos un escuálido crecimiento salarial del 4.2 por ciento.
En una incidencia legislativa que naturalmente nos hace sospechar de un nuevo
episodio de corrupción; urdido, esta vez,
en reuniones "privadas" del propio Andrade, con representantes del
Gobierno y con la participación del Presidente de la CUT. Es decir, con el
inefable Arturo Martínez, personaje oscuro de la Transición que año a
año ha "negociado" las demandas laborales con las cúpulas políticas, cediendo
siempre en desmedro de los trabajadores que dice representar. Dirigente
apernado a un referente sindical que no
representa siquiera al 10 por ciento del mundo laboral y cuya presidencia perenne siempre la obtiene del apoyo de las
cúpulas partidistas que se enseñorean y se perpetúan en la CUT y sus minúsculas
agrupaciones.
Hasta aquí sabíamos de la afición de muchos políticos por el
dinero y por apoltronarse en la institucionalidad pinochetista vigente, pero la
imaginación nunca nos llevo a concebir esta escandalosa operación Andrade,
Martínez y Gobierno. Menos, todavía, cuando el conjunto de los parlamentarios
de la oposición votaron en contra del precario reajuste de Piñera, incluidos
los propios diputados socialistas que jamás sospecharon que su propio
presidente de partido pudiera transar su voto al momento de votar. En el más
frío cálculo de la correlación de fuerzas parlamentarias.
Como de todas las malas y amargas experiencias se pueden
lograr lecciones, es posible que esta severa inconsecuencia estimule la
disolución de un referente político que ya no tiene nada de ideológico ni
programático, cuanto que para la opinión pública es expresión de lo más
desvanecido de la política. La abstención de Andrade se suma a la actitud de
otros concertacionistas y oficialistas que acabaron postrándose ante las
grandes empresas mineras en la discusión parlamentaria que quiso fijarles un
royalty digno por vaciar nuestras minas y privarnos de los recursos magníficos
del cobre. Ocasión en que, también, entre gallos y medianoche, hubo parlamentarios que se dieron una
bochornosa voltereta política.
De consolidarse de nuevo la impunidad y continuar la
política en la misma rutina, sin duda podremos apreciar los recursos que recaudarán
esos mismos personajes para las próximas
contiendas electorales a fin de
reelegirse y promover a sus cómplices. En esto de que no hay negocio más
lucrativo que el de traicionar al pueblo y legislar en contra de los
trabajadores.
*Fuente: Radio de la U de Chile
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