Otorgar la libertad a estos criminales, no sólo viola la legislación internacional suscrita por Chile, si no que se traiciona el derecho a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, perpetradas por agentes del Estado en nombre de una criminal política de exterminio de quienes pensaban diferente. Se traiciona la legítima demanda de los chilenos de construir una nación fundada en sólidos principios éticos.