Durante dos mañanas y con un cronograma de precisión escandinava, que sólo contempló un cuarto intermedio de quince minutos, la Corte Suprema de Justicia escuchó todos los argumentos posibles a favor y en contra de la plena vigencia de la ley audiovisual. Lo sucedido constituye un paso gigantesco hacia la transparencia en el debate público sobre cuestiones de interés general.