Aunque la fiscalía asegura que en el ataque contra el candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro, el 2 de marzo en Cúcuta, no se utilizaron armas de fuego, las luces de alerta siguen encendidas en un país que durante 70 años el asesinato político ha sido una de las tradiciones de un poder fáctico amparado por la impunidad.