Todo el sufrimiento generado al pueblo saharaui desde hace décadas es consecuencia de los deberes y obligaciones incumplidas por España. Por ello, el Estado español tiene la posibilidad y la responsabilidad de tomar y liderar la iniciativa que dé una solución acorde al Derecho Internacional. Una postura valiente, que devuelva a España a una política exterior activa que cumpla con la Carta Universal de los Derechos Humanos y con lo indicado por el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Una política responsable con su papel en el mundo y con su historia.