Los demandantes, naturales de Malí, sostienen que las compañías internacionales instigaron y secundaron violaciones de derechos humanos al comprar el cacao producido en Costa de Marfil. Según estos, a pesar de que las multinacionales conocían el problema de la esclavitud infantil, ofrecieron asistencia técnica y financiera a los granjeros locales para garantizar el bajo precio del ingrediente.