Muchas de estas personas se encuentran bajo prisión preventiva, acusadas de alterar el orden público. Hoy, constituyen un grupo altamente vulnerable bajo peligro de contraer contagio por la Covid-19, ya que no existen las condiciones requeridas para el distanciamiento físico debido al hacinamiento y la falta de condiciones sanitarias en las cárceles, hechos que han sido confirmados por los informes de la Corte Suprema de Chile.